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La bancada del Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que busca eliminar de forma definitiva el uso de perros en actividades de vigilancia y seguridad, tanto en el sector público como en el privado. La iniciativa, liderada por la senadora Esmeralda Hernández, propone desmontar progresivamente este modelo operativo y reemplazarlo por tecnología o personal humano capacitado.
El argumento central del proyecto es que el uso de caninos en esquemas de seguridad somete a los animales a jornadas prolongadas de estrés, desgaste físico y riesgos que afectan su bienestar emocional de manera sistemática.
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Uso de perros en seguridad creció 375,9 % en un año
Uno de los argumentos que respalda la propuesta es el aumento en el número de perros utilizados en seguridad después de la aprobación de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo. Según los autores del proyecto, esa norma —que buscaba regular el uso de caninos en vigilancia— terminó legitimando una práctica que antes no tenía reglas claras y operaba en un vacío legal.
Cifras de la Superintendencia de Vigilancia indican que mientras en 2024 había 183 perros en servicio, en 2025 la cifra ascendió a 871, lo que representa un aumento del 375,9 %.
Para los promotores, regular no desincentivó la práctica, sino que terminó fortaleciendo la instrumentalización de los animales en labores de seguridad.
Así sería el retiro progresivo de los perros de seguridad
El proyecto establece tiempos claros para la transición. Las entidades públicas tendrían un año para retirar a los perros de sus esquemas de seguridad, mientras que el sector privado contaría con un plazo de dos años para completar el proceso.
Además de la prohibición, la iniciativa contempla la creación de un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción, con el fin de garantizar un destino digno para los animales que salgan del servicio.
El articulado también propone que estas labores sean reemplazadas por tecnología especializada o por personal humano capacitado, tomando como referencia modelos de gestión ya implementados en algunas entidades, como la Secretaría de Salud de Bogotá.
El debate
El proyecto abre un nuevo debate entre quienes defienden el uso de caninos como herramienta disuasiva y quienes consideran que su participación en esquemas de vigilancia vulnera su bienestar.
Si la iniciativa avanza en el Congreso, Colombia podría convertirse en uno de los países de la región en eliminar progresivamente el uso de perros en seguridad privada y pública.
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Por Redacción Bogotá
