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El 25 de mayo, 30 vecinos del sector de Las Margaritas, ubicado detrás del Portal Américas, radicó un derecho de petición dirigido a varias entidades públicas —entre esas la Alcaldía, la Policía y el Concejo—, en el que pidieron poner fin a las “acciones anárquicas” que en esa zona se han vivido desde que se iniciaron las protestas en el marco del paro nacional.
En ese y otros puntos de la ciudad se desarrolló ayer una nueva jornada de movilizaciones que, aunque se convocó como una “Toma de Bogotá”, no tuvo una asistencia masiva, salvo en puntos claves como el hotel Tequendama, donde se reunió la CIDH con el Comité del Paro. Allí hubo tensión, pero no pasó a mayores. Pero en otros sectores, como en inmediaciones del Portal Américas, se repitió la escena de los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Justo por esas confrontaciones diarias los vecinos emitieron ese grito de auxilio, que fue condensado en 22 puntos que pidieron, entre otras, el restablecimiento del servicio de Transmilenio en el portal y “un plan de acción inmediato”, para poder movilizarse desde y hacia sus hogares. Y una pregunta de fondo: ¿hasta cuándo?
Aunque extenso y con solicitudes difíciles de cumplir en el actual contexto social, ese derecho de petición refleja el sentimiento de indignación que algunos bogotanos tienen tras haberse visto afectados por los disturbios, los bloqueos de vías y las vandalizaciones de estaciones de transporte público.
“Tenemos niños y ancianos afectados por las confrontaciones, que empiezan a las 6:00 p.m. y terminan en la madrugada, en las que nos aguantamos piedras, bombas molotov, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras”, le dijo a El Espectador Marco Ruiz, uno de los líderes barriales que han promovido acciones para visibilizar lo que han vivido desde abril. “Por nosotros, que se acabe ya y se termine la confrontación, porque no sé a dónde vamos a llegar”, dijo.
Olga Ramírez, también firmante del derecho de petición, coincide con Marco en que “el paro no debe continuar, porque nos sentimos secuestrados y necesitamos ayuda psicológica, por las noches traumáticas que hemos vivido quienes tenemos que madrugar a trabajar y buscar el sustento”. Y es que no solo es la perturbación a la tranquilidad de barrios que han quedado en la mitad de una confrontación entre la Fuerza Pública y los manifestantes. Es también el saldo que deja en la infraestructura económica y social de la capital.
Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Bogotá, el paro genera pérdidas diarias de hasta $50.000 millones a los comerciantes, por la caída de las ventas y, en menor medida, por los comercios víctimas del vandalismo. Asimismo, entran en el saco de los impactos económicos el costo de más de $18.000 millones para reparar la infraestructura de Transmilenio, que ha sido atacada durante las protestas y que, en ocasiones, ha puesto a caminar por horas a los usuarios de este sistema para llegar a sus hogares o lugares de trabajo. Esto sin contar la inversión de $3.900 millones que se hace en la provisión de alimentos para los efectivos del Esmad y la Policía en las prolongadas jornadas que requieren su presencia en algunos puntos de la ciudad.
Lucía Bastidas (concejal de Bogotá por Alianza Verde), quien ha sido una voz crítica de la convocatoria a paro en el actual contexto de salud, por la elevada ola de contagios por COVID-19, que no da tregua en la ciudad, le manifestó a este diario que parte de las quejas de quienes viven cerca del Portal Américas es que algunos parques de la zona han sido tomados como puntos de “entrenamiento” de los jóvenes de la llamada Primera Línea.
“El paro debería acabar ya y que los diálogos (entre el Gobierno y el Comité del Paro) no sean paralizantes. Pongámonos sensatos, la gente está cansada y desgastada, y los estragos por la pandemia en el mundo son difíciles. Por cuenta del paro se dejaron de lado la seguridad, el apoyo social, la reactivación económica y la salud”, manifestó la cabildante.
El Espectador consultó a la Alcaldía Local de Kennedy y a la Secretaría de Gobierno sobre las estrategias que han implementado en los barrios afectados aledaños al Portal Américas. La primera manifestó que ha llevado a cabo mesas de trabajo para conocer las necesidades de las personas y gestionarlas con las instituciones encargadas, pero la Secretaría de Gobierno es la que ha estado al frente de la situación. La segunda no se pronunció al respecto.
Y si bien las encuestas más recientes siguen mostrando un apoyo mayoritario a las marchas, es alto el rechazo de la ciudadanía a los bloqueos, que han sido usados como forma de protesta e, incluso, muestra una percepción de 50-50 entre quienes quieren que el paro continúe y los que no. Lo cierto es que así como las movilizaciones masivas han logrado despertar un sentimiento de indignación represada en la ciudadanía, que terminó en el retiro de la reforma tributaria y la reforma a la salud cuando el paro comenzó, también han generado efectos nocivos en la vida de los más vulnerables, así como en el tejido socioeconómico, que ya venía golpeado por la pandemia.