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En Colombia, y especialmente en Bogotá, la delincuencia parece haber encontrado su mejor aliada no en la pobreza, no en la desigualdad, ni siquiera en las estructuras criminales organizadas, sino en una justicia débil, lenta y desconectada de la realidad que viven millones de ciudadanos. Cada día se repite la misma escena: un delincuente es capturado en flagrancia, la noticia circula unas horas, la Policía presenta resultados… y al poco tiempo el mismo criminal vuelve a las calles como si nada hubiera ocurrido.
La sensación de impotencia ciudadana no nace únicamente del aumento de los robos, atracos o agresiones violentas. Surge, sobre todo, de la certeza de que el sistema judicial parece incapaz de imponer consecuencias reales. En numerosos casos, quienes son detenidos por hurto, porte ilegal de armas o reincidencia quedan en libertad pocas horas después, amparados en tecnicismos, congestión judicial o decisiones que priorizan garantías procesales mientras dejan en segundo plano la protección de la sociedad.
El resultado es devastador: la criminalidad ha entendido que el riesgo de delinquir en Colombia es mínimo. Para muchos delincuentes, ser capturados ya no representa un verdadero castigo sino apenas una molestia temporal. La cárcel dejó de ser una amenaza creíble y el mensaje que reciben las bandas criminales es claro: pueden seguir actuando porque probablemente nada les pasará.
Bogotá es hoy el reflejo más visible de esa crisis. Comerciantes extorsionados, ciudadanos atracados a plena luz del día, pasajeros intimidados en el transporte público y barrios enteros sometidos por estructuras delincuenciales conviven con un sistema que parece más eficiente liberando capturados que protegiendo víctimas. Mientras la Policía arriesga su vida en operativos diarios, muchos uniformados observan con frustración cómo los mismos delincuentes que capturaron reaparecen horas después en las mismas calles.
Por supuesto, un Estado democrático no puede renunciar al debido proceso ni a las garantías constitucionales. Nadie propone regresar a la arbitrariedad ni convertir la justicia en un mecanismo de venganza. Pero una cosa es garantizar derechos y otra muy distinta permitir que la impunidad se convierta en norma. Cuando el sistema judicial pierde capacidad de sanción, la ciudadanía pierde confianza institucional y comienza a sentir que está sola frente al crimen.
La consecuencia más peligrosa de esta situación no es únicamente el aumento de la inseguridad. Es el deterioro de la legitimidad del Estado. Porque cuando las personas perciben que denunciar no sirve, que capturar delincuentes no sirve y que la justicia no protege, aparece el terreno fértil para la desesperanza, la justicia por mano propia y el debilitamiento de la convivencia democrática.
Colombia necesita una reforma profunda que fortalezca la capacidad investigativa, castigue efectivamente la reincidencia y elimine la absurda puerta giratoria que hoy beneficia a quienes viven del delito. No se trata de populismo punitivo; se trata de restaurar la autoridad legítima del Estado y devolverles a los ciudadanos algo elemental: la tranquilidad de caminar por sus ciudades sin sentir que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas.
Lo anterior no quiere decir que los alcaldes de las ciudades principales, en este caso, el de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pueden quedar de brazos cruzados mientras se reforma el sistema judicial, porque la Administración Distrital debe garantizar el orden en calles y avenidas al interior de la capital del país.
Claramente no es exhibiendo cifras de reducción de homicidios y hurtos como se logra, porque esto no genera tranquilidad a ningún ciudadano que las escucha. Es hora de que el alcalde Galán considera la posibilidad de pedir a soldados de la Brigada 13 que refuercen la vigilancia en calles y avenidas. Pero ojo, sin sacar tanques de guerra a circular por las calles como una vez lo hizo Enrique Peñalosa en su segunda administración en una noche de toque de queda.
Porque un país donde el crimen pierde el miedo a la justicia es un país donde la ley comienza a dejar de existir.
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