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El conflicto laboral de la Universidad Nacional expresa problemas estructurales que la aquejan desde hace años y se agudizan en la coyuntura reciente.
Las universidades públicas enfrentan graves problemas de financiación. Según los rectores de estos entes, en diciembre de 2012 se requerían $11,2 billones para su funcionamiento, pues mientras los aportes de la Nación no han crecido en términos reales desde la Ley 30 de 1992, las universidades se han expandido en programas curriculares, matrículas, calificación del profesorado e infraestructura. Un 40% de esta expansión se ha hecho con recursos propios.
El actual presupuesto de la Universidad Nacional, según el abogado y docente Leopoldo Múnera, es de $1,26 billones, menor en $10.000 millones al de 2012. La Nación aporta el 54%, el resto proviene de recursos propios. El déficit para este año es de $57.500 millones, equivalente al 10% del presupuesto de funcionamiento. Desde hace años, para cubrir el déficit se transfiere dinero de inversión a gastos de funcionamiento. En este contexto no se entienden los gastos en remodelación de oficinas, compra de vehículos y contratación desproporcionada de asesores para las directivas.
Al crítico panorama financiero se agrega el deterioro de la infraestructura de la sede de Bogotá. Según cálculos oficiales, se requieren $2 billones para poner en funcionamiento adecuado esas edificaciones y con urgencia $800.000 millones. Esto sin mencionar la insuficiencia de aulas, laboratorios y bibliotecas ante la expansión de la cobertura.
Como si fuera poco, los predios de la universidad en Bogotá están incluidos en el plan de reestructuración del CAN que adelanta la empresa mixta SAS Virgilio Barco, que despacha desde el Palacio de Nariño con apoyo del grupo Sarmiento Angulo. La mencionada SAS ofrece recursos a la universidad a cambio de ceder parte de su terreno —la clínica Santa Rosa, la rectoría y aledaños— para obras de “renovación” urbana a favor del gran capital. Además, la actualización del POT excluye parte de sus terrenos de la protección que se da al campus como patrimonio cultural.
En medio de esta crisis estructural aflora el conflicto laboral, que se remonta a los años 90, pues la Ley 4 de 1992 consagró la nivelación para todos los asalariados del Estado. Tras una larga lucha, hasta hoy los trabajadores de la universidad no la han logrado, como sí lo hicieron los jueces.
En 2012 los sindicatos de trabajadores emprendieron distintas acciones para lograr la nivelación salarial y frenar la supresión de cargos de planta. Sintraunicol, siguiendo la orientación de la CUT que llama a los empleados públicos a negociar pliegos de peticiones, hizo lo propio el 2 de enero de este año. El pliego busca la nivelación ponderada de los distintos cargos y está en lento proceso de negociación.
Por su parte, el Comité Pro Mejora Salarial, orientado por Sintraunal, en septiembre de 2012, presentó un “derecho de petición” que contemplaba recuperar los cargos perdidos en los últimos años, aumento inmediato salarial del 30% e incremento anual del 2% por encima del decretado oficialmente. El 21 de diciembre el rector nombró una comisión negociadora en la que incluyó a este comité. Pero la negociación no avanzó y el rector desconoció las peticiones de los trabajadores. Ante tal actitud, el comité decretó asamblea permanente desde el 20 de febrero, que ha afectado gravemente la actividad académica en las sedes de Bogotá y Palmira. Hoy la negociación está interrumpida por una prima técnica para los trabajadores. El escollo no es sólo por la suma, sino porque la universidad no debe cubrir este monto con recursos propios.
El comportamiento errático de la rectoría —que tampoco ha reclamado los $50.000 millones que adeuda el Fosyga a Unisalud— expresa el quiebre de la noción de comunidad universitaria. Las últimas directivas se han aislado físicamente del campus y vitalmente de los estamentos que componen la universidad. No existe la solidaridad necesaria para enfrentar la desfinanciación y los ataques contra la universidad pública. Un rector como el actual fue impuesto en contravía de los estamentos que votaron ampliamente por otro candidato. Pero ni siquiera el Gobierno, que lo nombró, atiende sus llamadas.
Esto remite a la necesidad de reformar la Ley 30, en aspectos financieros y de autonomía universitaria como la conformación de los consejos superiores. Las soluciones estructurales de la crisis de la Universidad Nacional implican una voluntad política del Estado que no se ve por ningún lado. Ni en construir participativamente la reforma de la Ley 30, ni menos en financiar adecuadamente a las universidades públicas, como es su deber constitucional.
* Ph.D. en historia. Docente de la Universidad Nacional desde 1978. Coautor de Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990, publicado en 2003.