¿Qué puede hacer si le imponen una orden de comparendo en la cuarentena?

Óscar Pérez. El Espectador

Entre el viernes 20 de marzo y el domingo 22, durante la implementación del Simulacro Vital de aislamiento obligatorio preventivo en Bogotá, las autoridades impusieron 15.136 órdenes de comparendo a los que supuestamente no actaron las medidas de restricción. 

Sin embargo, se han conocido casos discutibles de personas que afirman que no estaban infringiendo la norma, sino que estaban cumpliendo con su deber o que estaban cobijadas por las excepciones. Por ejemplo, el pasado martes 24 de marzo un trabajador de una fábrica, que produce empaques plásticos para alimentos, fue multado por una uniformada de la Policía, quien le aseguró que su función no estaba dentro de las excepciones para la libre circulación. 

Pues bien, según el decreto 090 de 2020 expedido por la Alcaldía de Bogotá y en el que se plasmaron las excepciones y los líneamientos para desplazarse en la ciudad en los días en los que se realizó el simulacro de aislamiento, permite la circulación de personas y vehículos que "realicen el abastecimiento, producción, distribución, cargue y descargue de elementos de primera necesidad, productos de aseo, alimentos preparados, suministros médicos y agua potable (art. 2)". 

Es claro que el plástico no es un elemento de primera necesidad y, por ello, su producción no estaría respaldada por este lineamiento. Sin embargo, los alimentos sí son una necesidad vital y muchos productos son envueltos en plástico, de lo contrario, no podrían ser embalados y distribuidos para su consumo. Entonces ¿qué pasa en estos casos? ¿Merecía el trabajador esa multa? Lo cierto es que la orden de comparendo le fue impuesta, pese a que el ciudadano presentó el carné y una carta de la fábrica que lo certificaba como empleado.

Este es solo uno de muchos casos de personas que han sido sancionadas y que consideran que el castigo les fue impuesto de forma equivocada. Por ello, es válido aclarar qué opciones tienen estos ciudadanos para solucionar su situación.

¿Qué hacer?

Cabe recordar que las multas para las empresas oscilan entre 151 y 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (entre $132.548.102 y $702.241.600), mientras que una persona podría pagar hasta $1 millón. 

Para empezar, hay que aclarar que los efectivos de la policía no imponen comparendos como tal, sino órdenes para comparecer, es decir, el ciudadano tiene el deber de presentarse ante un inspector de la Policía, en la alcaldía local donde le impusieron la sanción, para que este funcionario determine si la persona incurrió en una falta o si, por el contrario, el uniformado fue quien se equivocó.

Normalmente, cuando un ciudadano quiere hacer una reclamación, porque considera que el comparendo le fue impuesto de manera indebida, tiene tres días hábiles para exponer su caso. Si en primera instancia, se ratifica la multa, el sancionado tiene 30 días hábiles para pagarla. No obstante, por la situación de emergencia sanitaria y la cuarentena que fue declarada en todo el país, hasta el 13 de abril, los términos de estas sanciones están congelados, hasta que se levante la medida de aislamiento.

"Tan pronto se levante la restricción, la persona que siente que el castigo se aplicó injustamente puede reclamar. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que esta medida se preste para abuso de la autoridad, debemos ser exigentes para que la cuarentena se cumpla con rigurosidad, pero con precisión", agregó Gómez.

Además, el secretario reconoció que sí se han presentado errores por parte de los uniformados. "Como son medidas tan nuevas nos hemos equivocado, no es fácil para ellos, comprensión total con nuestros policías. Estamos trabajando rápidamente para hacer capacitaciones, utilizamos medios virtuales para informarlos y los inspectores de Policía que hacen parte de la Secretaría de Gobierno están al día".

A propósito del inicio de la cuarentena nacional, desde este miércoles 25 de marzo, la entidad habilitó el correo electrónico denuncias@gobiernobogota.gov.co para que los ciudadanos denuncien a las empresas que no están exceptuadas y que obligan a sus colaboradores a ir a trabajar, las empresas exceptuadas que no cumplen los protocolos de seguridad sanitaria y los casos de órdenes de comparendo que los ciudadanos consideren injustas. 

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