12 Sep 2020 - 3:00 a. m.

¡Que sus muertes no queden impunes!

Los disturbios en la capital y sus alrededores siguen dejando víctimas, la mayoría por armas de fuego. Las familias afectadas denuncian posible responsabilidad de policías y el reto ahora es garantizar que en todos los casos se descubra al responsable.
Las víctimas identificadas tenían entre 17 y 40 años. / Cortesía.
Las víctimas identificadas tenían entre 17 y 40 años. / Cortesía.

En Bogotá y varios de sus municipios aledaños no cesa el fuego. Durante tres noches consecutivas, ciudadanos han salido a las calles a expresar el descontento que la pandemia contuvo por meses. Pero la muerte de Javier Ordóñez, al parecer a manos de agentes de la Policía, reventó la prudencia que existió en la cuarentena, que limitó las aglomeraciones. Manifestantes destrozaron los Centros de Atención Inmediata (CAI) de 45 barrios en Bogotá y tres en Soacha, Cundinamarca. Pero también hubo desórdenes de todo tipo y enfrentamientos que dejan un triste saldo: diez muertos en Bogotá y tres en el municipio de Cundinamarca.

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Julieth Ramírez, de 18 años; Cristian Camilo Hernández, de 26; Jaider Fonseca, de 17; Germán Puentes, de 25; Andrés Rodríguez, de 23; Angie Paola Vaquero, de 19; María del Carmen Viuvche, de 40; Jesús Arias, de 17; Cristian Hurtado, de 27; Stiven Mendoza, de 26, y Julián Mauricio González, de 27, son los nombres identificados de forma oficial como fallecidos durante las jornadas de protestas.

Sobre las circunstancias de sus muertes hay muchas pistas, pero pocas certezas. La mayoría han sido registradas en videos grabados por ciudadanos, que dan cuenta de uniformados disparando “de forma indiscriminada contra la ciudadanía”, como calificó ayer la alcaldesa Claudia López; de policías corriendo en las calles junto a sujetos de civil, incluso ocultando sus placas y lanzando objetos. También, los registros dan cuenta de las quemas y otros hechos, responsabilidad de los vándalos, como el robo de un bus del SITP con el que mataron a una transeúnte.

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Otros indicios de lo que pudo haber pasado en estas trágicas noches son los testimonios de allegados de fallecidos. Por ejemplo, una amiga que salió a protestar con Julián González (quien murió de un disparo en el abdomen) cuenta que “policías vestidos de civil y otras personas que estaban custodiando el CAI dispararon con armas de fuego y de fogueo”. O el de un familiar de Germán Puentes, quien dijo que él fue a recoger a su esposa en Suba y lo alcanzó una bala perdida. Esas mismas balas, que aún no se sabe de dónde salieron, mataron a Angie Vaquero, una guardia de seguridad al servicio del Distrito.

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Como esos testimonios hay muchos que evidencian que los desórdenes fueron algo inédito en Bogotá, con confrontaciones directas entre manifestantes y policías. Ahora, el reto es cómo asegurar que las muertes no queden impunes y reparar a las familias en caso de que, en efecto, los disparos hayan salido de armas oficiales. Para esto, en principio, el Distrito anunció una ruta de atención y acompañamiento a las víctimas y todas aquellas personas que hayan sido testigo de abuso policial. De hecho, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, anunció que en estos días recibieron 167 denuncias de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos. Según la entidad, presentará las evidencias al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa y pedirá explicaciones sobre lo ocurrido.

Para los expertos, no solo es plausible sino necesario que el Distrito asuma el liderazgo en la resolución de estos casos, no solo por el choque que vienen manteniendo en torno al tema de la reestructuración de la Policía, sino porque incluso, si no se resuelven, algunos funcionarios podrían ser responsables. Julio Andrés Sampedro, abogado y exdecano de Derecho de la U. Javeriana, dice que “la alcaldesa es comandante de Policía en Bogotá . Así sea letra muerta, sí puede asumir una posición de liderazgo para garantizar que se apliquen criterios de justicia restaurativa en cada caso”.

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Los testigos y la comunidad en general también serán claves para garantizar que haya justicia en cada caso. Para Estanislao Escalante, director del Centro de Pensamiento Penal, de la Universidad Nacional, como los hechos son confusos y es más difícil llegar a los autores materiales, “hay que determinar quién estaba a cargo, quién era el responsable de determinado grupo de policías de esos sectores. Pueden tener responsabilidad por omisión”,

Escalante agregó que para determinar las responsabilidades de que se desbocara el uso de la fuerza, “será importante que la comunidad identifique placas, chalecos, apellidos y ubicación de quienes podrían ser responsables. Hay que hacer énfasis en esos casos en que se observan policías y personas de civil disparando al tiempo, o los policías sin placas golpeando personas”. Según el experto, allí hay una responsabilidad grande de quienes dirigían la seguridad en donde ocurrieron las muertes. “Si no se puede identificar al autor, hay que buscar a quien comandaba”, dice

Otro punto importante es la posibilidad de identificar la procedencia de los proyectiles que acabaron con las vidas. En teoría, cuando un oficial estatal sale a realizar sus turnos, le dan un arma que queda registrada en una bitácora, la cual debe estar empadronada. Pero en la práctica, al parecer, esa identificación no es tan sencilla. Máximo Alberto Duque, exdirector de Medicina Legal, coincide en que la necropsia es solo una parte y que los testimonios serán la clave, pero dice que “no es tan sencillo saber de qué arma salió cada bala. Ocurre en las películas, pero acá se debe ir más allá, porque muchas veces ni hay escena del crimen. Acá la colaboración de la comunidad será indispensable”.

Mientras Bogotá sigue siendo escenario de protestas violentas, trece familias lloran a sus muertos y hay muchas denuncias de personas que llevan más de 24 horas desaparecidas. Ahora empieza un proceso en el que el papel protagónico lo tendrá la investigación forense y en los barrios, para determinar cómo murió cada víctima y que ningún caso quede en la impunidad.

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