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Lo que el pasado 29 de marzo comenzó como un reclamo por una señal de “Pare” ignorada en la localidad de Usaquén, terminó por forzar un cambio en los protocolos de seguridad de la plataforma Rappi. Tras la viralización del ataque en grupo contra un conductor y la vandalización de su vehículo, la compañía anunció la expulsión permanente de 13 repartidores identificados en la agresión.
El caso escaló a la agenda distrital luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán calificara el episodio como un acto de violencia inaceptable, exigiendo una respuesta contundente tanto de las autoridades judiciales como de la empresa prestadora del servicio. “En Rappi, ninguna conducta indebida es anónima”, respondió la plataforma a través de un comunicado, confirmando que la trazabilidad de las cuentas permitió individualizar a los agresores.
Medidas tras la “turba”
Más allá de los bloqueos definitivos, la empresa informó que la información personal de los 13 involucrados ya está en manos de la Policía Nacional para avanzar en el proceso de judicialización por los daños materiales y las agresiones. Este movimiento busca sentar un precedente sobre la responsabilidad civil de quienes operan bajo la modalidad de economía colaborativa en la ciudad.
Como respuesta estructural, la plataforma anunció cuatro ejes de acción inmediata:
- Formación obligatoria: Talleres semanales en convivencia y seguridad vial para los repartidores.
- Mesas de trabajo: Diálogo priorizado para mejorar el comportamiento en zonas de alta concentración.
- Endurecimiento de filtros: Mejora en los procesos de validación y monitoreo de comportamiento de los usuarios registrados.
- Operativos conjuntos: Despliegues con la Secretaría de Seguridad para verificar documentación y cumplimiento de normas en vía pública.
S bien Rappi asegura que sus estándares de comportamiento se elevarán, el Distrito mantiene la lupa sobre estas plataformas para garantizar que el espacio público no se convierta en escenario de justicia por mano propia.
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Por Redacción Bogotá
