Reforma tributaria de Galán enfrenta solicitud de archivo por presuntas irregularidades

La petición se conoció este lunes 7 de septiembre durante la discusión de los proyectos de Acuerdo 724 y 709 de 2026 en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Mientras Avellaneda cuestionó la forma como se acumularon ambas iniciativas, la Secretaría Distrital de Hacienda presentó una ponencia ajustada y defendió los efectos fiscales, laborales y tecnológicos de la reforma.

Hasta el cierre de esta información no se había divulgado una decisión oficial de la Comisión sobre la solicitud de archivo. De momento, el proyecto necesita mayoría simple en este primer debate para pasar a la plenaria del Concejo, donde deberá superar una segunda votación antes de que la reforma pueda convertirse en acuerdo distrital.

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¿Por qué piden archivar la reforma tributaria de Bogotá?

Avellaneda sostuvo que el Concejo acumuló de manera presuntamente irregular dos proyectos relacionados con beneficios tributarios. El primero es el 709 de 2026, presentado por el concejal Emel Rojas para conceder temporalmente alivios sobre intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias.

El segundo corresponde al proyecto 724 de 2026, radicado posteriormente por la Administración distrital. Esta iniciativa tiene un alcance más amplio: incluye alivios para deudores, una sobretasa al predial destinada al alumbrado público, cambios en las tarifas del ICA, incentivos a la inversión y modificaciones en otros tributos.

Según Avellaneda, el proyecto 709 debía someterse a sorteo y recibir ponentes antes de determinar su eventual acumulación con la propuesta de la Alcaldía. El cabildante afirmó que ese procedimiento no se cumplió, mientras que el proyecto 724 sí tuvo sorteo y designación de ponentes.

El concejal invocó el artículo 70 del reglamento interno del Concejo, cuyo parágrafo segundo establece que la identificación de proyectos acumulables debe efectuarse antes del sorteo. También citó el artículo 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá para sostener que los proyectos relacionados con la creación, modificación o exoneración de impuestos distritales requieren iniciativa del alcalde.

El riesgo jurídico señalado por Avellaneda

El concejal advirtió que, si el proyecto de reforma continúa y posteriormente se convierte en acuerdo, las presuntas irregularidades podrían servir como fundamento para una demanda ante la jurisdicción administrativa.

“Esta discusión es un riesgo para todos”, manifestó durante la sesión, antes de anunciar su retiro. Avellaneda aclaró que también tiene diferencias de fondo con varias medidas de la reforma, pero señaló que su petición de archivo se concentra en el procedimiento utilizado para acumular las iniciativas.

Entre los puntos que cuestionó mencionó las tarifas del ICA para actividades relacionadas con libros, vehículos, repuestos y servicios bancarios, así como la sobretasa vinculada al impuesto predial.

El trámite se desarrolla con un calendario reducido. El Concejo tendría hasta el miércoles 9 de septiembre para aprobar la reforma tributaria de Galán en primer debate. Si obtiene las mayorías necesarias, deberá pasar a la plenaria, compuesta por 45 concejales, y entre las dos discusiones deben transcurrir al menos tres días para que la propuesta logre convertirse en un acuerdo distrital.

Hacienda defendió una ponencia ajustada

Durante la misma sesión, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó los cambios incorporados a la ponencia conciliada. La funcionaria aseguró que la Administración respondió más de 206 preguntas y adelantó mesas de trabajo con concejales, gremios, expertos y ciudadanos en la discusión por la reforma.

La nueva versión conserva cinco componentes: sostenibilidad fiscal, estímulos a la inversión y al empleo, modernización tecnológica, alivios para deudores y simplificación del sistema tributario.

De acuerdo con los cálculos de Hacienda, las medidas generarían ingresos cercanos a $1,26 billones por año. La proyección para el periodo 2027-2036 se aproxima a $12,79 billones, aunque el recaudo dependerá de la aprobación del articulado y del comportamiento de los impuestos durante su aplicación.

El Distrito también estima que los incentivos podrían movilizar $78,3 billones de inversión privada durante diez años, generar 215.000 empleos, impulsar la construcción de 94.500 viviendas y abrir 30.000 opciones de arrendamiento. Estas cifras son proyecciones de la Administración y no resultados garantizados.

Así sería la sobretasa para el alumbrado

Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público. La propuesta contempla instalar iluminación LED, sistemas de control remoto y otros componentes tecnológicos.

La ponencia de la reforma establece una tarifa de cero por mil para los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3, además de otras excepciones asociadas con la capacidad de pago. Los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 asumirían una tarifa de 0,4 por mil entre 2027 y 2041.

Para los inmuebles comerciales, industriales y financieros, la tarifa propuesta sería de uno por mil. Los cálculos conocidos antes del primer debate estimaban pagos mensuales promedio de $11.000 para viviendas de estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6. En los predios comerciales, el promedio sería cercano a $67.000 mensuales.

La iniciativa también cobijaría viviendas de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo supere las 20.000 UVT, equivalentes aproximadamente a $1.000 millones. En total, el cobro podría alcanzar alrededor de 870.000 predios, según las estimaciones conocidas durante la discusión.

Alivios alcanzarían a más de dos millones de deudores

La ponencia de la reforma incorpora un descuento del 50 % en intereses y sanciones para aproximadamente 1.189.000 contribuyentes con obligaciones tributarias en mora. Para acceder al beneficio, tendrían que pagar el 100 % del capital adeudado y la mitad de los recargos antes del plazo que establezca el acuerdo.

Otros 845.476 ciudadanos podrían recibir un descuento del 50 % en intereses correspondientes a obligaciones no tributarias. En el caso de las multas de tránsito, el beneficio cubriría deudas en mora hasta el 30 de junio de 2024.

La propuesta divulgada antes del debate fijaba el 18 de diciembre de 2026 como fecha límite para realizar el pago. Los agentes de retención del ICA y algunas obligaciones sometidas a procesos judiciales quedarían excluidos, de acuerdo con las condiciones conocidas del proyecto.

¿Qué cambiaría en el ICA?

La Administración propone reorganizar las tarifas del impuesto de Industria y Comercio. Con los ajustes incluidos en la ponencia, 275 actividades económicas tendrían una reducción y 169 registrarían un aumento.

Hacienda estima que el redondeo de las tarifas disminuiría el impuesto para el 89,6 % de las empresas industriales, el 82,9 % de las comerciales y el 27,3 % de las compañías de servicios.

Los restaurantes pasarían de una tarifa de 13,8 a 12 por mil; los bares, de 13,8 a 11 por mil, y las actividades de edición y publicación de libros, de 8 a 4 por mil. Estas cifras difieren de algunos cuestionamientos formulados durante etapas anteriores del debate, por lo que corresponden a la versión ajustada presentada el 7 de septiembre.

La reforma también plantea exenciones progresivas del ICA para atraer nuevas inversiones. Las empresas ya instaladas podrían obtener descuentos del 60 % o del 80 %, dependiendo del monto invertido. La propuesta incluye beneficios para inversiones realizadas en el Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá.

Predial rural y recursos para emergencias

De igual forma, la ponencia de reforma contempla tarifas preferenciales para predios rurales destinados a actividades agropecuarias en los estratos 1, 2 y 3, así como para viviendas rurales con avalúos de hasta 135 salarios mínimos mensuales.

Según Hacienda, 7.420 inmuebles que actualmente pagan tarifas de 4 o 6,5 por mil podrían pasar a una tarifa máxima de 3 por mil.

Otro artículo permitiría transferir hasta el 1,5 % del recaudo a fondos territoriales de gestión del riesgo para apoyar procesos de rehabilitación y reconstrucción en municipios o departamentos declarados en situación de desastre.

La reforma también modificaría el umbral de la sobretasa bomberil. El Distrito proyecta que el cambio incorporaría a 2.423 contribuyentes y generaría cerca de $8.212 millones adicionales.

La reforma todavía no está aprobada

Las tarifas, descuentos, exenciones y nuevos cobros continúan sujetos a las votaciones del Concejo. Ninguna de estas medidas puede aplicarse mientras el proyecto no supere los dos debates y reciba la sanción del alcalde.

La Comisión de Hacienda debe resolver tanto la discusión jurídica sobre la acumulación de los proyectos 709 y 724 como las proposiciones presentadas para modificar el articulado. Si la reforma supera esta etapa, la plenaria podrá aprobarla, cambiarla o rechazarla en segundo debate.

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