Se debe superar la polarización política y pensar en serio el futuro de la Reserva Thomas Van der Hammen. Esta fue la principal conclusión del foro que realizó este lunes el Concejo de Bogotá, evento que sirvió como antesala del anunciado debate de control político que realizará el cabildo distrital frente a la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de incluir la zona de protección en sus planes de expansión urbana.
Al encuentro de nuevo asistieron los promotores de la conservación y los que piden que la zona se pueda urbanizar. Y aunque son posiciones opuestas, tuvieron un punto común: el estado de la Reserva no es el adecuado y, así como está, todos son perdedores.
A partir de ahí, se decantaron las alternativas frente al futuro de la zona de protección. La arquitecta Diana Wiesner, por ejemplo, habló del potencial de la reserva para constituir esas 1.400 hectáreas en un área de gran valor ambiental. Su idea fue respaldada por el concejal Marco Fidel Ramírez, quien sostuvo que si hay voluntad política se puede reforestar la reserva, la cual solo tiene un 2,54% cubierta de bosque.
Pero se volvieron a señalar los obstáculos para ese plan, que pasan esencialmente por los costos. El concejal Antonio Sanguino dijo que, a precios del año pasado, comprar todos los predios de la reserva costaba $692.000 millones, cifra muy inferior a los $2,2 billones que calculó hace poco el alcalde Enrique Peñalosa .
Con el multimillonario costo que le representaría al Distrito hacerse a la reserva y el crecimiento demográfico que se proyecta para la ciudad, varios expertos volvieron a justificar la necesidad de urbanizar esos terrenos. Sin embargo, a los argumentos ya expuestos por la administración, se sumaron nuevas razones.
El arquitecto Gustavo Perry sostuvo que cuando el Ministerio de Ambiente señaló en 2000 el polígono que es hoy la reserva, lo hizo para que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) identificara las áreas de valor ambiental y ahí sí constituyera el territorio que debía ser protegido. Para tal fin, la Corporación contrató tres estudios –uno de ellos adelantado por el equipo de Perry- que coincidieron en que el área a proteger era mucho menor a la que hoy consideran reserva.
Sin embargo, sostuvo el arquitecto, la CAR obvió esos estudios y declaró como reserva las 1.400 hectáreas que inicialmente delimitó el Minambiente. Esa observación fue respaldada por Francisco Cruz, secretario de Ambiente, quien sostuvo que la administración está estructurando su propuesta, que se apoyará en los estudios preexistentes y en unos nuevos por realizar.
Pero también hubo fuertes argumentos contra la urbanización, como los que expuso María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de Gustavo Petro. Para ella, las justificaciones de la construcción en la reserva que ha expuesto el alcalde Peñalosa tambalea, porque se basan en la proyección de un crecimiento demográfico exagerado.
Según los cálculos de la exfuncionaria, la ciudad necesita 405.000 nuevas viviendas para cumplir con la demanda que habría en 2028, cuando la ciudad llega a 10 millones de habitantes. Para edificar esa cantidad de casas se necesitarían 4.920 hectáreas de las 7.947 que Bogotá tiene disponibles para la construcción. Así que el déficit de espacio, en sus cuentas, sería infundado, al igual que la necesidad de urbanizar la reserva.
Pero más allá de las partes enfrentadas, que han chocado en diferentes escenarios, también se escucharon voces un poco más neutrales, que sumaron a la discusión argumentos que todavía no estaban sobre la mesa.
El debate se abrió al punto de que se escucharon propuestas para hacer sostenible la Van der Hammen como proyectos de ecoturismo que contemplan pesca en lagos artificiales o senderismo. Incluso, varios ponentes señalaron la necesidad de poner la mirada, además de la reserva, en la situación de los cerros orientales. En definitiva, el foro citado por los concejales Marco Fidel Ramírez, Andrés Forero, Jorge Torres y Antonio Sanguino sirvió para darle fondo a la discusión en el Concejo. La consigna generalizada fue que se debe evitar la polarización de la discusión, despojarla de su carácter político y llevarla al plano técnico.