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La voz intimidante al otro lado del teléfono exigía $2 millones como recompensa si quería volver a ver a su mascota con vida y en buen estado. Pero la difusión del robo de su perra, de raza bull dog francés, que hizo Jhoana Jaramillo por redes sociales, llegó a oídos de la Policía y a escasas 10 horas del rapto recuperaron al animal. Dicen que la presión social llevó a que un familiar de los delincuentes avisara a las autoridades, lo que permitió recuperarlo. Al final no se pagó la extorsión y Venus, como se llama, volvió a manos de sus dueños.
Este caso fue la ventana para que una seguidilla de hechos similares saliera a la luz. Fue entonces como se descubrió que en la capital, entre finales de enero y de febrero se registró una oleada de robos de perros, con cinco denuncias ante las autoridades. Solo el caso de Venus llegó a manos del Gaula de la Policía.
El primer caso fue el de Sarco, un perro de raza chow chow, al que atrajeron con una perra en celo y se lo llevaron. El robo ocurrió el pasado 30 de enero en la localidad de San Cristóbal, y a la fecha sigue sin aparecer. El 8 de febrero fue el caso de Venus y seis días después el de Botón, un perro pincher que se lo llevaron unos recicladores en Kennedy, pero que lo liberaron horas después. A ellos se suma Sasha (de 14 años), que se la robaron a finales de febrero, en la carrera 10 con calle 8, y sus dueños siguen tras la pista del responsable. Finalmente, está la denuncia por el robo de Lala, una cocker spaniel raptada por un hombre en el norte de la ciudad.
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Pese a que estos delitos se presentaron en diferentes sectores, las autoridades no descartan que estén relacionados y que se trate de una misma organización criminal, que vio en la modalidad de robar mascotas, para luego cobrar recompensas, una fuente ilícita de ingresos. No obstante, detrás de esta práctica surgen ciertas incógnitas en la ciudadanía. Por ejemplo: ¿el país cuenta con una política pública que penalice estas conductas?
En medio del debate, la jurisprudencia no da muchas luces y tal parece que las autoridades no estuvieran preparadas para hacerles frente a delitos como el robo de una mascota. Y, especialmente, porque ante esto hay dos posiciones: la de quienes aseguran que el delincuente no puede ser tratado como si hurtara un objeto de gran valor y los que consideran que es un grave delito, debido a que involucra a un ser vivo, que es parte de un hogar.
Esta última posición viene tomando fuerza legal desde abril de 2019, con la aparición del concepto de familias multiespecie (integrada por seres humanos y animales), cuando se conoció un fallo en Medellín, tras la conciliación de una pareja que, terminada su relación, no logró concertar quién debía quedarse con la custodia del perro que tenían.
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El documento relaciona los derechos de la pareja con el apego que tienen con el perro, al que identifican como integrante de su familia. Además, se mencionan las responsabilidades de los dueños de la mascota (en figura de padres) para su manutención y bienestar. De acuerdo con un estudio adelantado por la empresa de investigación de mercado BrandStrat, en el país cerca de seis de cada diez familias conviven con otra especie (perros, gatos y aves).
Siendo así el panorama, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) establece que el robo de una mascota se tipifica como hurto calificado, pero si se “llega a pedir dinero para devolver al animal”, se podría incurrir en el delito de extorsión. “Respecto a si se podría considerar maltrato animal, sería el caso si el animal se muere en manos de quien lo roba o es agredido gravemente; asimismo, si muere de pena moral. Pero hasta ahora no se ha registrado el primer caso con esta connotación”, señala la entidad.
Cifras del Gaula de la Policía indican que en 2021, en todo el país, se robaron nueve mascotas, por las cuales se estaba pidiendo rescate. Para este año solo se han reportado dos casos, uno en Bogotá (el de Venus) y otro en Medellín. Debido a que algunas de estas denuncias únicamente quedan en redes sociales, y no van a parar a manos de las autoridades, los procesos de búsqueda o asesoramiento no tienen mayor efectividad. Incluso, ni siquiera se realizan, todo por la falta de conocimiento, pues el Gaula indicó que allí sí se reciben denuncias de robo y secuestro de perros, en la línea 165.
“También invitamos a los ciudadanos a visitar nuestras redes sociales, en donde encontrarán el código QR, con el cual la Policía Nacional da a conocer cómo prevenir el delito de extorsión y secuestro”, señaló el teniente coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula de Bogotá.
Hasta ahora no se han conocido capturas por los robos de mascotas este año o por los casos similares en los años anteriores. Además, tampoco se habla de identificación de los responsables, por lo que quedaría en evidencia una deuda de la justicia con las víctimas, concepto que abre otro debate. Es por esto que los afectados coinciden en la idea de que solo se debe conseguir el rescate de la mascota, sino también materializar capturas de los responsables, con el fin de evitar que sigan con esas prácticas.
¿Y la política de protección animal?
La semana pasada el Consejo de Estado, justo cuando los medios hablaban del rapto de otra mascota, ordenó que para el próximo 28 de mayo debe existir una política nacional de protección animal, debido a que desde el 25 de mayo de 2019, cuando se echó a andar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955), se le dio al Gobierno seis meses para “formular la Política Pública Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres” (artículo 324).
Esta noticia se da luego de que en marzo del año pasado el Tribunal de Cundinamarca declarara que el Gobierno había incumplido el plazo para expedir esta política, por lo que dio el ultimátum de tres meses más. “Sin embargo, los ministerios de Agricultura, Salud e Interior, y el DNP impugnaron, a sabiendas de que habían incumplido su deber legal”, dijo Andrea Padilla, animalista y candidata al Senado.
De acuerdo con la intención de la política de protección animal, se pretende castigar con más rigurosidad a quienes afecten la integridad de los animales, pero por ahora no estaría contemplado ser más específicos en la tipificación de determinadas prácticas delictivas, por lo que animalistas esperan que después de radicada esta política la discusión se amplíe y se sigan protegiendo los derechos de las familias multiespecie.