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Habían pasado dos años y medio desde que la avalancha de la quebrada Negra dejara en ruinas el colegio Manuel Murillo Toro. El 31 de enero de 2013 la comunidad de Útica se reunió en el polideportivo municipal para recibir a la secretaria general de la Gobernación de Cundinamarca, Sandra Jeannette Faura. Estaban desesperados: “¡Cundinamarca no tiene secretaria general! ¡No han hecho nada por los niños del colegio! ¡Dónde están las ayudas!”, le gritaban a Faura.
Después de la tragedia, la población estudiantil fue reubicada en 21 aulas prefabricadas que entregó el departamento en la antigua estación del tren: “Los salones aguantaron desde mediados de 2011 hasta noviembre de 2012. Luego colapsaron porque estaban hechos con una madera de baja calidad”, asegura el rector, Manuel Antonio López. De momento, los estudiantes esperan la construcción de 24 aulas nuevas en la misma vía férrea del municipio. Esta era una de las razones que generaron la manifestación.
Faura, en medio de la protesta, intentó explicar que la compra de un nuevo predio para reubicar el colegio no era una tarea sencilla. Durante 2012 se presentaron obstáculos que alargaron el proceso y por lo cual la última solución fue expropiar un terreno de 5,26 hectáreas en la vereda La Ceiba.
Habría que empezar porque la Secretaría General se hizo cargo de este problema en octubre de 2012. Justo después de que el desbordamiento de la quebrada Negra (18 de abril de 2011) dejara como saldo 2.000 damnificados y 100 viviendas destruidas, la Secretaría de Educación suscribió un convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) y con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun) para comprar un terreno y construir una nueva entidad educativa. Pero antes de intervenir en la vereda Palacio (donde está asentado La Ceiba) era necesario que el Concejo Municipal declarara el predio como de utilidad pública. Luego de varios debates se aprobó el acuerdo municipal 006 del 7 de abril de 2012, que la da la facultad al alcalde para intervenir esa zona.
No obstante, el alcalde de Útica, José Gabriel Hernández, tenía dentro de sus planes la construcción de un centro de salud y la reubicación de 59 viviendas en el mismo predio en donde se asentaría el Manuel Murillo Toro. Por esta razón, alegó, necesitaba 25,4 hectáreas: “El problema consistía en que si ellos compraban con esos recursos todo el predio, podría constituir un peculado. El dinero estaba destinado a un objeto específico”.
La tarea de la Secretaría General sería negociar con los dueños del predio finca La Ceiba (ubicada en el extremo suroccidental del municipio). “Teníamos que hacer un nuevo levantamiento topográfico y un avalúo; que se le solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Cuando nos reunimos con los dueños del predio manifestaron que no entendían por qué se les iba a comprar las 25 hectáreas del predio. Atendiendo el debido proceso, le solicitamos al alcalde de Útica un proyecto en el que justificara lo que se iría a construir en la zona”, señala Faura. El 13 de diciembre, la Alcaldía Municipal respondió que para el proyecto urbanístico eran necesarias 7,97 hectáreas.
Aún no estaba clara la distribución espacial para desarrollar el proyecto y fue necesario un nuevo concepto de la Secretaría del departamento. La entidad determinó que para la construcción del centro de salud y la reubicación del Manuel Murillo Toro y de 59 viviendas serían necesarias 5,26 hectáreas. Entonces, de la finca La Ceiba se extraerían los “potreros” más planos (conocidos como El Totumo y El Pantano) para el desarrollo del proyecto urbanístico. “Continuamos negociando con los propietarios. El 15 de mayo de este año se hicieron presentes en el despacho de la Secretaría los propietarios de La Ceiba. Manifestaron que no querían vender directamente, por lo cual se les informó que el procedimiento a seguir es la expropiación del bien”, explica Faura.
El malestar de los propietarios se debe a que el predio en disputa es el más plano que tiene toda la finca y, para ellos, los $86’294.668 millones que pagará el departamento por las 5,26 hectáreas son insuficientes. De acuerdo con el avalúo del IGAC, los “suelos se encuentran dedicados a la ganadería extensiva con pastos y gramas naturales. La pendiente no supera el 15% ya que no se evidencia presencia de piedras superficiales en el suelo. Los potreros cuentan con redes de servicios públicos básicos, como acueducto veredal y servicio de energía eléctrica”. “Nosotros tratamos de no afectarlos en lo posible, pero nuestra obligación es aplicar la ley. Hemos agotado todas las instancias y se cumplió el debido proceso”, dice la secretaria general.
Ahora está en manos de la Secretaría Jurídica expedir la resolución de expropiación y, una vez ésta sea firmada por el gobernador Álvaro Cruz, se podrá intervenir el predio. Si bien no hay diseños oficiales para la reubicación del colegio, se espera que antes del 31 de diciembre ya esté construido en La Ceiba.
Sin embargo, lo que esperan los 560 estudiantes del Manuel Murillo Toro es que el colegio sea reubicado cuanto antes: “Llevamos dos años con muchos problemas: hacinamientos, falta de baños, de laboratorios. Han desertado algunos estudiantes. Los estudiantes están desde noviembre de 2012 en diez carpas tipo hangar. No es justo”, dice el rector de la entidad, Manuel Antonio López. Pese a que López valoró como positiva la noticia de la expropiación, teme que el proceso se alargue por los problemas que traería urbanizar una zona rural como La Ceiba.