Las cifras ya sobrepasaron los límites. Son $250.000 millones los que las EPS les deben a los hospitales públicos del Distrito, mientras los atrasos en muchos pagos llevan un año en mora. El viernes pasado esa situación llevó a que el Hospital San Blas suspendiera la prestación de los servicios de salud (menos el de urgencias) a los afiliados a la EPS Solsalud y ayer lo hizo el Santa Clara con los usuarios de Caprecom, Solsalud, Ecoopsos y Salud Cóndor. Aunque la suspensión fue levantada ayer, la sostenibilidad financiera de las instituciones sigue en peligro y las decisiones recaen en los ciudadanos más necesitados, pues la crisis en este caso afecta al régimen subsidiado.
La deuda de todas las EPS con el Hospital Santa Clara asciende a $26.000 millones, y de esa cifra las cuatro empresas a las que se les suspendió el servicio representan casi el 50%, pues tienen retraso de pagos por más de $12.000 millones. En el caso del San Blas, Carlos Eduardo Pineda, su director, dice que Solsalud les adeuda $1.500 millones, que forma parte de la cartera que supera los $3.000 millones, vencida 360 días, sin contar otro tanto de la que está sin pagar durante seis meses.
Mientras cientos o quizá miles de ciudadanos dejaron de recibir atención médica (no de urgencia vital) en estos días y horas en los que los dos hospitales dejaron de prestar el servicio, la Contraloría de Bogotá, con el acompañamiento de la Personería, los 22 gerentes de los hospitales públicos y los ocho gerentes de las EPS del régimen subsidiado, decidieron que los giros de la Secretaría de Salud hacia las EPS se destinarían en un alto porcentaje directamente a las hospitales públicos y clínicas privadas con los que se tienen las deudas, en pro de garantizar el servicio a los usuarios.
De esta forma, Harold Cárdenas, secretario de Salud (e), cuenta que los meses de mayo y junio, de los $70.000 millones que giraron, $35.000 se fueron hacia las instituciones. “En este mes de julio esperamos girar $35.000 millones, de los cuales 22.000 se irán directamente a los hospitales”, agregó el funcionario, quien explica que se llegó al envejecimiento de la deuda porque las EPS aducen depuración de cartera, es decir, aclarar si la cuenta es o no es correcta.
¿Tarda un año una EPS en revisar una factura? Harold Cárdenas afirma que ese es un proceso complejo porque algunas veces no hay los auditores suficientes: “Nosotros como Secretaría estamos haciendo rectoría y así tenga claro o no la cuenta la EPS, como mínimo debe girar el 50% de la cartera. Desafortunadamente es una situación delicada, pues hace más de un año se debe toda esa plata. Estamos trabajando para poner al día estas cifras y compromisos de pago, con un plazo máximo de tres meses”.
Para el secretario de Salud (e) es claro que se requiere un mayor esfuerzo por parte tanto de las EPS como de los hospitales, para poner más personal de auditoría con el fin de que se aclaren y se concierten las cifras en tiempos más oportunos. “De alguna manera puede tener la razón quien piense que la EPS no aclara esas cuentas con el propósito de no pagar oportunamente. Pero ese es el llamado que estamos haciendo. Nuestros hospitales viven de la venta de servicios, por eso estamos exigiendo un pago oportuno de esos compromisos”, sentencia Cárdenas.
Las soluciones aportadas cubren una parte, pero el secretario dice que se requiere la inyección de recursos nuevos por parte de las EPS para el cumplimento de sus obligaciones financieras. Tema que genera incertidumbres para José Rafael Domínguez, gerente del Hospital Santa Clara, quien opina: “¿Cómo van a cancelar una cartera que en más del 50% pasa los 180 días? Este sistema colapsó, no sé por qué se empecinan en defenderlo, hay que buscar otro mecanismo porque de no hacerse va a caer la red pública de todo el país”.
A partir del 1° de mayo de este año, por unas disposiciones de orden nacional, cuenta el funcionario, no existen contratos de régimen subsidiado, lo cual quiere decir que la relación contractual que había entre los municipios y las EPS ya no está vigente. “Esto llevó a que ciudades como Bogotá no puedan multar pecuniariamente a las empresas por los incumplimientos, función que podría ejercer la Superintendencia Nacional de Salud”, apunta Cárdenas. Y como siempre los más afectados fueron los cientos de ciudadanos que perdieron sus citas médicas, muchos por tratamientos de alta complejidad, sin que nadie responda por ello.