El pasado 18 de febrero el Congreso aprobó en último debate la Ley Lorenzo o Ley 049 de 2023, la cual obliga a las empresas de seguridad a mejorar las condiciones de los caninos. Aunque la ley no prohíbe la contratación de perros de vigilancia, la secretaría de Salud, anunció que dejará de contratar estos servicios en sus sedes en Bogotá.
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El proyecto de ley en un inicio buscó prohibir el uso de perros para estos servicios. No obstante, una revisión en conjunto de los creadores de la ley (representantes a la Cámara como Daniel Carvalho, Ingrid Sogamoso Alfonso y Susana Gómez Castaño) y las empresas de seguridad, permitió constatar que la actividad se realiza en gran medida con buenas prácticas y calidad de vidas para los perros.
Al final, el proyecto puso en relieve más cuidado y redujo jornadas de trabajo para los caninos, y fue celebrado por sectores animalistas.
¿Por qué la secretaría dejará de contratar perros de vigilancia?
La entidad manifestó que decidió, a partir del segundo semestre del presente año, dejar de contratar los servicios de seguridad canina para sus dos sedes: carrera 32 # 12 - 81 y Hospital San Juan de Dios.
Argumentó que, si bien la Ley Lorenzo dentro de su alcance regula el uso de perros en vigilancia privada, estableciendo condiciones dignas para los caninos, la secretaría irá “más allá”, dejando de contar con dichos animales para remplazar sus funciones con cámaras, alarmas y sensores.
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Juan Guillermo Correa García, subsecretario Corporativo de la entidad, señaló que “ha sido necesario desarrollar nuevas capacidades humanas y contar con nuevos medios tecnológicos. Sin embargo, todo el esfuerzo vale la pena por la protección de los animales”.
Hoy en día la tecnología permite suplir eficazmente esa necesidad, lo que abre la posibilidad de retirar a estos animales del servicio activo
Juan Guillermo Correa García, subsecretario Corporativo, secrtaría de Salud
Perros de vigilancia en Bogotá
La Superintendencia registra 108 empresas en el país que tienen autorizado el uso de medio canino para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, de las cuales el 68,5% se encuentran en la capital. No obstante, el caso de Lorenzo, las empresas sostienen que el caso abrió la puerta para conocer los procesos que hay detrás de la vida de los canes.
Gloria Muriel, vicepresidenta de la Agremiación de Empresas Colombianas de Seguridad Privada, destaca que el proyecto partía del principio de que en la vigilancia privada los perros son maltratados y “sus trabajos no eran controlados, por lo tanto, no se garantizaba su bienestar. Esto era un desconocimiento de todo lo que rodea el permiso para esta actividad de vigilancia, que impone requisitos estrictos”, dice en conversación con El Espectador.
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Antes de la Ley, las empresas ya debían acreditar la propiedad de los caninos, que deben contar con sus vacunas al día; atención veterinaria mensual debidamente registrada; entrenamiento periódico debidamente registrado, bienestar y tarjeta de salud, inscripción en las respectivas alcaldías.
Al final del ciclo de trabajo, que con la Ley Lorenzo no puede superar los seis años (era de ocho años). Usualmente, los caninos acaban siendo adoptados por su cuidador, con quienes se procura que cada perro tenga un lazo no solo de trabajo, sino también sentimental.
Cuando no es así y la dupla no se mantiene, los perros terminan su ciclo en las fincas de donde vienen, muchas de las cuales están ubicadas a las afueras de la ciudad.
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Por Redacción Bogotá
