:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/mj6uDROrwvHB-OI1Ko7cuHzOygc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/6UVSJ63BORE2LLLSOB6QF7S3KE.jpg)
Con una conversación entre los secretarios de Seguridad de tres capitales de ciudades de Colombia, acompañados de expertos académicos, el jueves 23 de mayo se realizó en EAFIT el panel de discusión sobre políticas públicas de seguridad urbana, donde los analistas abordaron la experiencia de los gobiernos locales y hablaron del panorama en prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado.
Este diálogo sobre la perspectiva de las políticas públicas de seguridad en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín hizo parte de la agenda académica de la décima edición del Foro Ridge-Lacea, evento que reunió a expertos internacionales en economía y que se realizó por primera vez en Medellín, con sede en EAFIT, gracias a la coordinación de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad.
El panel contó con la participación de los secretarios Andrés Villamizar Pachón, de Cali; Jairo García Guerrero, de Bogotá; y Andrés Felipe Tobón Villada, de Medellín. Además de Catalina Gómez Toro, jefa del pregrado en Economía de EAFIT, y el investigador Sebastián Chaskel, director de Peace and Recovery de Innovations for Poverty Action (IPA), quien moderó la conversación como representante del programa que entrega soluciones para la reducción de la pobreza y la violencia en los territorios.
Las tres ciudades capitales del país, aunque experimentan fenómenos similares relacionados con la criminalidad, tienen sus particularidades relacionadas a sus contextos sociales y procesos de desarrollo, tal como señalaron los secretarios de seguridad. Por esta razón, coincidieron, es necesario pensar en acciones y políticas que impacten de manera efectiva a cada ciudad.
Los principales problemas que identifican los secretarios de seguridad en las ciudades están relacionados con los delitos de homicidio, extorsión, rentas ilegales, lavado de activos, entre otros, todos ellos fenómenos ligados a lo que el Gobierno Nacional ha denominado Grupos Armados Organizados (GAO), que entre la jerarquía del crimen son las estructuras más sofisticadas que cuentan, incluso, con conexiones transnacionales para el tráfico de droga y armas según han denunciado las autoridades del país.
“Medellín tiene una preocupación y una situación de seguridad que gira en torno a la presencia de estructuras criminales. En Medellín y su área metropolitana hay presencia del 43 por ciento del total de las estructuras tipo B del país, que es un tipo de delincuencia organizada. No se trata de grupos de delincuencia común, sino que se trata de aparatos organizados de poder que tienen diversificada su acción delictual en el territorio”, explicó Andrés Tobón.
En el caso de Bogotá, su secretario de seguridad, Jairo García Guerrero, comentó que “a pesar de la reducción de homicidios, que es el primer objetivo de política pública de cualquier ciudad o país, en este momento la obsesión ciudadana es el hurto. Pero no es un hurto casual. Hay que empezar a trabajar lo que implican estas cadenas criminales, atentamente organizadas y sistemáticas. Hoy la percepción de seguridad en Colombia es un tema de la agenda pública”.
El indicador de homicidios en el caso de Medellín, que ha mostrado un aumento progresivo durante los últimos meses, incide en la percepción sobre la seguridad ciudadana y la eficacia de las políticas de seguridad en el gobierno local. Para el año 2019, hasta la mitad de mayo, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, se habían presentado en la ciudad 275 asesinatos.
En cuanto a las estrategias de intervención en seguridad, Catalina Gómez Toro se refirió a la disyuntiva entre las de corto y las de largo plazo. Apuntó que “las estrategias de intervención en seguridad pueden ser a corto plazo, con los costos y lo que implica la asignación de recursos que son escasos, versus un largo plazo que es la intención al tratar de estudiar economía del crimen y cortar un problema estructural de raíz. Es pensar en oportunidades, en ingresos legales superiores a los ilegales, etc. Hacer una política de captura, pero ¿cómo voy a prevenir que se convierta en criminal?”.
Al respecto, Andrés Villamizar Pachón, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, opinó que “lo ideal es la complementariedad del enfoque social de largo plazo, con el enfoque de seguridad de corto plazo. Un alcalde difícilmente tiene los incentivos correctos para invertir en políticas de largo plazo que ayuden a reducir la violencia, porque eso no se siente en su mandato, no da votos ni popularidad. Puede tener un impacto mayor la reducción de embarazos no deseados, de la deserción escolar y el control al maltrato infantil”.
Los panelistas coincidieron en que el objetivo de las políticas públicas en seguridad es garantizar la vida de los ciudadanos y en que es urgente pensar en estrategias integrales que comprometan tanto la efectiva persecución penal como la prevención de la criminalidad. Señalaron, también, que además del fortalecimiento de las instituciones de gobierno y el sistema de justicia, es importante la inclusión de una visión a largo plazo dentro de las políticas públicas para solucionar problemas que impactan directamente en la seguridad de las ciudades, como la atención a la primera infancia, la deserción escolar o el desempleo juvenil, entre otros.