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En una bóveda colectiva del Cementerio del Sur de Bogotá, donde se conservan los restos de seis personas sin identificar (todos con rótulos con el número del protocolo de necropsia), los investigadores hoy se concentran en un caso particular: uno de los cuerpos podría corresponder a Brayan Ernesto, un hombre trans, que desapareció en 1997, en el barrio 12 de Octubre, en Medellín. Según el relato de la familia de la víctima, él se encontraba con una prima cuando tres sujetos llegaron y se lo llevaron.
La última pista que tuvieron fue una llamada que recibió su madre días después de la desaparición, en la que le dijeron que su hijo supuestamente estaba en una estación de policía. Desde entonces han trascurrido casi 30 años de angustia e incertidumbre. Sin embargo, hoy su búsqueda tomó un nuevo rumbo en 2025, cuando una prima se acercó a la Ruta Buscadora, en Villamaría (Caldas); formalizó una solicitud, y entregó una fotografía que conservó por décadas.
La imagen aportó un dato que, en su momento, las autoridades pasaron por alto y que no reposaba en los documentos oficiales: la familia buscaba a un hombre trans. En los registros que investiga la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aparecía un nombre femenino y clasificación de mujer, lo que llevaba cualquier esfuerzo a un callejón sin salida.
Con la nueva información, los investigadores cruzaron la fotografía con una necropsia de 1998, registros de inhumación y documentación médica. Esto los condujo al Cementerio del Sur, donde mantienen una hipótesis de identidad, que tendrán que confirmar. Si resulta ser Brayan, este podría ser uno de los primeros casos en Colombia, donde reconocen plenamente a una persona desaparecida como trans. Todo, gracias a la estrategia de Búsqueda Igualitaria, que incorpora las afectaciones diferenciadas del conflicto sobre las personas LGBTIQ+ y reconoce la identidad que construyeron en vida.
Una unidad que nació de las familias buscadoras
La historia de Brayan refleja el drama de miles de familias a causa del conflicto y que, por décadas, buscaron por su cuenta a sus parientes desaparecidos, recorriendo municipios; preguntando en hospitales, visitando cementerios, batallones y estaciones de Policía, acumulando denuncias y una desesperanza que, a modo de reclamo, llegó en 2016 hasta la mesa de negociación con la guerrilla de las Farc, exigiendo un mecanismo dedicado a encontrar a sus seres queridos.
Así fue como nació la UBPD, cuya misión principal es buscar desaparecidos en medio del conflicto, particularmente, en hechos antes del primero de diciembre de 2016. Acá vale aclarar que su labor es humanitaria y extrajudicial, pues no investiga quién fue el responsable ni busca sancionarlo. Su misión es esclarecer qué pasó, encontrar a la persona y, cuando es posible, propiciar el reencuentro con su familia, momento que siguen esperando casi 7.000 hogares con desaparecidos en Bogotá y Cundinamarca.
La guerra también pasó por Bogotá
La idea de que la guerra ocurrió lejos de la capital se rompe cuando se siguen las pistas. En Bogotá, la UBPD investiga desapariciones relacionadas con el Palacio de Justicia, el exterminio de la Unión Patriótica, políticos, líderes sociales, universitarios y personas reclutadas por estructuras armadas ilegales.
Pero la ciudad no fue solo escenario de desapariciones. También recibió cuerpos desde otros territorios y remitió otro tanto a diversos municipios de Cundinamarca, práctica que los investigadores llaman la “ruta del ocultamiento”: mover los cuerpos para cortar su rastro. Hoy su tarea inicial consiste precisamente en reconstruir, paso a paso, esas huellas y, de esta manera, con todo en orden, seguir los cotejos.
El cementerio donde la búsqueda sigue abierta
El Cementerio del Sur, conocido como Matatigres, concentra buena parte de la búsqueda en Bogotá. Allí reposan casi 2.500 cuerpos no identificados, cuya información revisa en detalle la UBPD, para determinar cuáles podrían estar relacionados con desapariciones registradas en el marco del conflicto.
Pero abrir una bóveda es apenas una parte del proceso. La primera reconstrucción de los investigadores es en el papel: comparan protocolos de necropsia, registros del cementerio, archivos de Medicina Legal, de Fiscalía y el testimonio de las familias. Muchas veces, lo que dicen los documentos no coincide con lo que está bajo tierra.
Por ejemplo, hay bóvedas donde el número de restos no corresponde con la cantidad registrada y otras donde varias personas terminaron mezcladas en un mismo espacio. Ahí comienza el trabajo forense: antropólogos, médicos y odontólogos separan e individualizan los restos. Solo en 2026, el equipo territorial ha reportado la recuperación de 118 cuerpos en Bogotá.
Sin embargo, recuperar un cuerpo en medio del caos es apenas el comienzo: falta darles un nombre y establecer a qué familia pertenecen. Por eso, buscan señales que permitan relacionarlos con alguien desaparecido. Una fractura antigua, la ausencia de un diente, una cicatriz o una lesión pueden convertirse en una pista. Por eso, años después de la desaparición, las familias vuelven sobre detalles aparentemente mínimos como su estatura; qué accidentes sufrió, o qué marcas tenía en el cuerpo.
Cuando aparece primero el cuerpo
A veces la búsqueda empieza al revés: la persona ya fue identificada, pero su familia nunca se enteró. Durante años, estos casos se conocieron como “identificados no reclamados”. La UBPD prefiere llamarlos “identificados no entregados”, porque muchas veces el problema no fue que nadie los buscara, sino que la información nunca llegó a los parientes de la víctima.
Para encontrarlas, la Unidad creó la búsqueda inversa, que se activa con el nombre y la historia de una persona identificada y se reconstruyen sus vínculos mediante fotografías, documentos y datos familiares. El reto también está en llegar hasta quienes nunca denunciaron o no saben dónde buscar. Para eso funciona la Ruta Buscadora, una unidad móvil que recorre municipios de Cundinamarca y sectores de Bogotá para recibir solicitudes, tomar muestras biológicas y recoger información.
Este año ya estuvieron en Zipaquirá, La Palma, Yacopí y Facatativá. En Bogotá, han estado en bibliotecas, parques y espacios comunitarios. No se trata solo de hacer pedagogía: cada conversación puede aportar una pista que no llegó a un expediente.
Sumapaz: 17 años para recuperar a un hermano
Gundiralbo Morales Dimaté murió el 21 de enero de 2009 tras la explosión de una mina antipersonal mientras trabajaba en la vereda La Totuma, en San Luis de Cubarral (Meta), territorio conectado con Sumapaz. La comunidad recuperó el cuerpo y lo llevó a lomo de mula hasta un pequeño cementerio. Su hermana Eudora pasó los siguientes 17 años intentando recuperarlo.
Guardó oficios, fotografías y respuestas institucionales en una carpeta y recorrió despachos y fiscalías. Hubo, incluso, un intento de ingreso en helicóptero, pero una tormenta obligó a suspenderlo. Finalmente, la información de la familia y la comunidad, sumada a análisis antropológicos y estudios genéticos, permitió identificar a Gundiralbo. Este año, Eudora recibió su cuerpo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. “Al fin pude darle cristiana sepultura a mi hermano, después de 17 años de lucha”, dijo.
Su historia resume uno de los desafíos de Sumapaz: distancias, minas antipersonal y un paisaje que cambia mientras buena parte de la información permanece en manos de quienes conocen el territorio. Un campesino puede recordar un camino; un sepulturero, una tumba; otro habitante, un árbol junto al cual vio enterrar a alguien.
Más de 7.000 respuestas pendientes
A esas dificultades se suman archivos fragmentados, procesos forenses que pueden tardar años y pocas manos. Hasta hace pocas semanas, buena parte de las investigaciones de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas estaban en manos de cuatro investigadores. Ahora son seis, acompañados por un pequeño grupo de analistas. Integrantes del equipo señalaron que recientemente fueron congelados más de $9.000 millones para contratación e inversión.
Para avanzar, la Unidad agrupa casos por territorios y dinámicas y recibe aportes confidenciales de antiguos combatientes, propietarios de predios o testigos. Su carácter extrajudicial permite concentrar esa información en la búsqueda, no en la sanción. Y no todas las búsquedas terminan con un hallazgo. “No podemos prometer que vamos a encontrarlos a todos, pero lo intentamos”, reconoció un investigador.
La familia de Brayan sigue esperando todavía espera una confirmación. La de Gundiralbo, por su parte, tuvo que espera 17 años para recuperar el cuerpo. Los investigadores saben que no siempre podrán cerrar una búsqueda con una respuesta definitiva. Pero mientras quede una fotografía, un recuerdo, una muestra genética o alguien que todavía sepa dónde mirar, hay una historia que no está perdida del todo. Para más de 7.000 familias en Bogotá y Cundinamarca, seguir buscando es también negarse a que el silencio y el olvido tenga la última palabra.
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Por Ana Rodríguez Novoa
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