Segundo exalcalde local de Bogotá imputado por supuestas irregularidades en contrato Covid-19

En octubre la Contraloría había concluido que no hubo irregularidades fiscales detrás de los contratos que firmaron 16 alcaldías locales y la Cruz Roja, para la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia. Sin embargo, hace un mes la discusión se revivió con los cargos que la Fiscalía le imputó a la exalcaldesa de Bosa y este miércoles, tomó más fuerza con el cuestionamiento al contrato que firmó la alcaldía local de Los Mártires.

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El ente de control le imputó cargos a Raúl Hernando Esteban por presuntas actuaciones irregulares mientras ejerció como alcalde en la localidad de Los Mártires, cargo que asumió hasta el 17 de abril de este año. Frente a los señalamientos, el exfuncionario se declaró inocente.

Según la entidad, Esteban firmó un convenio aparentemente irregular, cuyo valor ascendió a los $600 millones y contempló 180 días para su ejecución. El contrato tenía como objetivo “prestar los servicios de dirección, administración y control de recursos y el suministro de bienes y servicios para atender el gasto destinado a la atención humanitaria de la emergencia”.

Sin embargo, el material probatorio entregado por la Fiscalía indica que, al parecer, el entonces mandatario local acudió a una figura jurídica para suscribir el contrato sin una planeación previa y sin tener en cuenta los requisitos previstos en las normas.

Lea: La imputación a una alcaldesa local de Bogotá que salpica a la Cruz Roja

Adicionalmente, según el ente de control, hay indicios de ausencia de estudios de mercado y de la población a beneficiar, desconocimiento de los valores de los productos incluidos en los kits alimentarios y de bioseguridad, un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, y de que la supervisión o interventoría del contrato fueron entregadas a la misma persona que firmó el convenio.

Por estas razones, un fiscal de la Seccional Bogotá, imputó al exalcalde los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Este es el segundo proceso penal que se conoce a la fecha relacionado la atención de la emergencia en Bogotá, con el que vuelve a revivirse la discusión que se generó en julio pasado cuando la Contraloría abrió una indagación preliminar para analizar los contratos del mismo estilo que firmaron la alcaldías locales, los cuales sumaban casi $82.000 millones.

Entre las que acudieron a la figura de la emergencia para celebrar este convenio están, además de Los Mártires, las localidades de Usaquén, Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. No obstante, pasados casi tres meses, la Contraloría archivó el proceso, según ella, por no haber encontrado un detrimento para la ciudad.

Sigue llamando la atención que, si bien uno de los reproches de la Fiscalía para la imputación a Esteban fue la falta de estudios previos, al revisar los contratos de las otras alcaldías, publicados en la Secretaría General de la Alcaldía, se encuentra que todas usaron el mismo formato denominado “Formato de estudios previos Contrato de cooperación interinstitucional”.

En octubre la Contraloría había concluido que no hubo irregularidades fiscales detrás de los contratos que firmaron 16 alcaldías locales y la Cruz Roja, para la entrega de ayudas humanitarias durante la pandemia. Sin embargo, hace un mes la discusión se revivió con los cargos que la Fiscalía le imputó a la exalcaldesa de Bosa y este miércoles, tomó más fuerza con el cuestionamiento al contrato que firmó la alcaldía local de Los Mártires.

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El ente de control le imputó cargos a Raúl Hernando Esteban por presuntas actuaciones irregulares mientras ejerció como alcalde en la localidad de Los Mártires, cargo que asumió hasta el 17 de abril de este año. Frente a los señalamientos, el exfuncionario se declaró inocente.

Según la entidad, Esteban firmó un convenio aparentemente irregular, cuyo valor ascendió a los $600 millones y contempló 180 días para su ejecución. El contrato tenía como objetivo “prestar los servicios de dirección, administración y control de recursos y el suministro de bienes y servicios para atender el gasto destinado a la atención humanitaria de la emergencia”.

Sin embargo, el material probatorio entregado por la Fiscalía indica que, al parecer, el entonces mandatario local acudió a una figura jurídica para suscribir el contrato sin una planeación previa y sin tener en cuenta los requisitos previstos en las normas.

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Adicionalmente, según el ente de control, hay indicios de ausencia de estudios de mercado y de la población a beneficiar, desconocimiento de los valores de los productos incluidos en los kits alimentarios y de bioseguridad, un desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, y de que la supervisión o interventoría del contrato fueron entregadas a la misma persona que firmó el convenio.

Por estas razones, un fiscal de la Seccional Bogotá, imputó al exalcalde los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Este es el segundo proceso penal que se conoce a la fecha relacionado la atención de la emergencia en Bogotá, con el que vuelve a revivirse la discusión que se generó en julio pasado cuando la Contraloría abrió una indagación preliminar para analizar los contratos del mismo estilo que firmaron la alcaldías locales, los cuales sumaban casi $82.000 millones.

Entre las que acudieron a la figura de la emergencia para celebrar este convenio están, además de Los Mártires, las localidades de Usaquén, Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. No obstante, pasados casi tres meses, la Contraloría archivó el proceso, según ella, por no haber encontrado un detrimento para la ciudad.

Sigue llamando la atención que, si bien uno de los reproches de la Fiscalía para la imputación a Esteban fue la falta de estudios previos, al revisar los contratos de las otras alcaldías, publicados en la Secretaría General de la Alcaldía, se encuentra que todas usaron el mismo formato denominado “Formato de estudios previos Contrato de cooperación interinstitucional”.