Sobre el establecimiento donde operaron a Adriana Manotas Rodríguez (la reciente víctima de las cirugías estéticas en Bogotá) pesaban dos medidas sanitarias desde noviembre de 2025. En teoría, no debía seguir prestando servicios, pero, no solo operaron a Manotas, sino a otras personas más, según los indicios que hallaron las autoridades durante un allanamiento el pasado 10 de julio. Para la Secretaría de Salud, este caso evidencia una de las mayores dificultades que enfrenta el Distrito: evitar que estos establecimientos ilegales reabran sus puertas.
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Kattya Baquero, directora de Calidad de Servicios de la Secretaría Distrital de Salud, explicó que el principal problema es que estos negocios operan por fuera del sistema de vigilancia formal. Muchos cambian de razón social, representante legal, domicilio o, incluso, de figura jurídica, para seguir operando, lo que dificulta el seguimiento de las autoridades. “Se mudan, trasladan los equipos, cambian la razón social o el domicilio y continúan ofreciendo los procedimientos”, explicó.
En el caso de Adriana Manotas, por ejemplo, el establecimiento tenía un registro mercantil asociado a actividades de peluquería y centros de belleza, aunque, presuntamente, realizaba procedimientos invasivos para los que no estaba habilitado. La funcionaria recordó que tener Cámara de Comercio no autoriza a prestar servicios de salud. Para ello se requiere estar habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y contar con talento humano inscrito en el ReTHUS.
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¿Hasta dónde puede actuar el Distrito?
Baquero explicó que la Secretaría puede imponer medidas sanitarias, suspender servicios, sellar establecimientos y decomisar medicamentos y equipos. Sin embargo, cuando estos negocios funcionan dentro de viviendas, apartamentos u oficinas privadas, donde la entidad no puede ingresar por su cuenta. “Necesitamos la articulación con la Fiscalía y la Policía, porque solo podemos ingresar a esos lugares con una orden judicial”, afirmó.
Esa fue precisamente la ruta que siguieron las autoridades durante el operativo relacionado con la muerte de Adriana Manotas. Primero ingresó la Fiscalía para recaudar pruebas y, posteriormente, la Secretaría a realizar la inspección sanitaria. Según Baquero, otra dificultad es que el Distrito hace seguimiento permanente a los prestadores habilitados, pero los clandestinos permanecen fuera del radar hasta que una denuncia permite ubicarlos.
¿Hace falta endurecer la ley?
Para la Secretaría, sí se requieren herramientas más fuertes para impedir que estos establecimientos reincidan. “Nosotros implementamos la ley, pero no la hacemos”, aseguró Baquero, quien considera necesario fortalecer las sanciones y mejorar la articulación entre las autoridades nacionales y distritales. La funcionaria también advirtió que existen vacíos que hoy facilitan este tipo de prácticas. Uno de ellos está relacionado con la comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos utilizados en procedimientos estéticos.
Según explicó, aunque muchos de estos productos cuentan con registro sanitario, no siempre existe una trazabilidad suficiente para verificar quién los compra, dónde se usarán o si quien los manipulará está habilitado para hacerlo. “Hoy una persona puede adquirir algunos de estos productos o equipos y no siempre hay un control que permita establecer para qué procedimiento serán utilizados o quién los va a aplicar”, señaló y planteó la necesidad de revisar los constantes cambios de razón social, domicilio y representante legal de algunos establecimientos para dificultar el seguimiento de las autoridades.
Sin embargo, Carolina Moreno, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, considera que el problema no pasa únicamente por crear nuevas normas. Explicó que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia ya contempla consecuencias para quienes incumplen un sellamiento sanitario, incluso la posibilidad de un cierre definitivo cuando existe reincidencia. El reto, dice, es otro. “Si se aumentan las sanciones, pero el Estado no tiene capacidad para hacer seguimiento y hacerlas cumplir, la norma termina incumpliéndose sin mayores consecuencias.”
Para la académica, el sistema además está fragmentado: mientras las autoridades administrativas imponen las medidas, la Fiscalía interviene cuando ya existe un posible delito y las víctimas deben acudir a procesos civiles para reclamar una reparación.
El desafío
En lo corrido de 2026, la Secretaría de Salud ha realizado más de 600 visitas e impuesto alrededor de 180 medidas sanitarias. No obstante, la entidad reconoce que ningún operativo basta si estos establecimientos desaparecen, cambian de nombre, trasladan sus equipos y vuelven a abrir en otro lugar. Por eso, Baquero hizo un llamado a fortalecer la articulación entre la Secretaría de Salud, la Fiscalía, la Policía, el Invima, las alcaldías locales y las demás autoridades para hacer más efectivo el seguimiento a estos establecimientos clandestinos.
Además, insistió en reforzar la pedagogía dirigida a los ciudadanos para que verifiquen, antes de cualquier procedimiento, que el establecimiento esté habilitado en el REPS y que quien realizará la intervención aparezca registrado en el ReTHUS.
La funcionaria también pidió prestar mayor atención a la publicidad en redes sociales y desconfiar de procedimientos ofrecidos a muy bajo costo o en lugares que no están habilitados para prestar servicios de salud. “Todo procedimiento que atraviesa la piel es invasivo. La salud y la vida no pueden ponerse en manos de cualquier persona”, advirtió.
Porque, como resume este caso, el problema ya no es únicamente imponer un sellamiento, sino impedir que un establecimiento vuelva a abrir sus puertas días después bajo otra identidad, utilizando los mismos equipos, los mismos medicamentos y poniendo nuevamente en riesgo la vida de los pacientes.
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Por Ana Rodríguez Novoa
