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Un proyecto del concejal de Bogotá Andrés Barrios reabrió la discusión por la regulación de los procesos gestación subrogada en la capital. El cabildante asegura que la actual normativa no es suficiente para garantizas estos procesos que cada vez son más comunes y mueven millones en el mundo.
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En Colombia la gestación subrogada no está prohibida: existe la Sentencia T-968 de 2009 que establece criterios claros para proteger el interés superior del menor y regular la separación de niños de su familia biológica, incluyendo casos de maternidad subrogada. Pero esta sentencia no la regula del todo este tema en específico.
Esos vacíos regulatorios, dice el cabildante, han favorecido el crecimiento de esta práctica debido a la presencia de clínicas de fertilidad, el panorama global, y la ausencia de una regulación específica.
Barrios aseguró que un extranjero puede pagar alrededor de 60.000 euros (más de COP 260 millones) por un proceso de gestación subrogada en Colombia, mientras que la mujer gestante recibiría entre el 10 % y el 27 % del valor total. Afirmó que el resto de los recursos queda en manos de clínicas, agencias e intermediarios. Adicional, sostuvo que existen pagos mensuales y bonificaciones condicionadas a la entrega del bebé, lo que, demuestra la existencia de una estructura comercial alrededor de esta práctica.
“La ausencia de controles ha permitido la consolidación de redes de captación que buscan mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y población migrante mediante Facebook y WhatsApp, presentando la gestación subrogada como una oportunidad laboral”, señaló Barrios.
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El concejal también citó proyecciones del mercado internacional de la gestación subrogada, que estiman un crecimiento de USD 27.900 millones en 2025 a más de USD 200.000 millones en 2034, con una tasa anual cercana al 24 %.
Por último, citó las cifras del Consejo Superior de la Judicatura que indican que durante 2024 se registraron 8.435 demandas de impugnación de maternidad y paternidad, mientras entidades como la Registraduría, Migración Colombia y autoridades judiciales intervienen “de manera fragmentada, sin una respuesta integral que garantice el interés superior del menor ni la protección de las mujeres gestantes”, señaló.
¿En qué consiste la propuesta?
En este contexto, la iniciativa plantea crear el protocolo distrital “Bogotá No Se Alquila”, con el que se busca articular el trabajo de las secretarías de Salud, Mujer, Seguridad e Integración Social.
El documento contempla cuatro líneas de acción:
- Fortalecer la inspección y vigilancia de clínicas y procedimientos relacionados con la gestación subrogada.
- Prevenir y desarticular redes de captación de mujeres.
- Activar mecanismos de protección para mujeres en condición de vulnerabilidad y población migrante
- Crear un sistema distrital de información y alertas tempranas que permita hacer seguimiento a posibles riesgos para mujeres gestantes y niños.
“Con el Protocolo ‘Bogotá No Se Alquila’ buscamos cerrar espacios de impunidad, prevenir la explotación reproductiva y demostrar que en esta ciudad la vida humana no puede convertirse en un negocio. La necesidad económica no puede seguir siendo utilizada como la materia prima de un mercado que trata a los niños como el resultado de un contrato”, concluyó el concejal Andrés Barrios.
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Por Redacción Bogotá
