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Un juez penal del circuito de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la actuación de una juez de garantías que legalizó el allanamiento y registro de la policía judicial en el proceso que se sigue contra 13 personas investigadas por su presunta participación en actos terroristas en la capital del país, así lo confirmó la Fiscalía oficialmente.
En su decisión, el juzgador consideró que la Fiscalía sí tuvo motivos fundados para solicitar el allanamiento de las residencias y los registros, donde fue incautado el material probatorio.
Igualmente, aseguró el juez que “en ningún momento las autoridades judiciales vulneraron los derechos fundamentales, tal como lo argumentaron los defensores; pues analizando detenidamente el material se pudo constatar que sí era procedente la ejecución de la orden impartida para el allanamiento y el registro”.
La decisión del juez de segunda instancia se produce ante la petición de los abogados defensores de los 13 procesados, quienes habían solicitado la ilegalidad de la actuación de la Fiscalía, respecto a los allanamientos.
El pasado 28 de julio la Fiscalía General de la Nación presentó ante el estrado a 13 presuntos integrantes del ELN, señalados de participar en actos terroristas del 2014 y del pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional que causaron heridas graves a nueve uniformados de la Policía Nacional.
Por la investigación de la Fiscalía responden judicialmente David Camilo Rodríguez Hernández, alias el Profe; Heider Anderson Lamprea, alias Mechudo, y Gerson Alexander Yucumá Ruiz, alias Nicolás; a quienes se les imputó los delitos de rebelión en concurso con terrorismo y violencia contra servidor público.
También responden la abogada contratista del Estado Paola Andrea Salgado Piedrahita, Estefani Lorena Romo Muñóz, Luis Daniel Jiménez Calderón, Lizeth Johana y Luis Fernando Acosta, así como Félix Mauricio Ariza, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Sergio Esteban Segura, Daniel Eduardo Hernández Muñoz, alias Gaby y Andrés Felipe Rodríguez Parra, por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas o municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, y violencia contra servidor público.
“La Fiscalía se encuentra a la espera de una audiencia que llevará a cabo la Juez 72 penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la cual deberá demostrar la motivación de la medida de aseguramiento que tuvo en cuenta para solicitar la detención intramuros a los procesados, los cuales fueron dejados en libertad por un juez penal del circuito de Bogotá, quien actuó como segunda instancia”, señala el ente investigador en un boletín.