13 Feb 2011 - 9:09 p. m.

Sin licencia para construir

El ente de control le sigue la pista a supuesto desgreño por $20 mil millones en construcción y remodelación de centros educativos. Director de Construcciones de la Secretaría de Educación reconoce problemas en 13 obras.

Redacción Bogotá

La falta de planeación de las obras y su adjudicación sin la elaboración previa de diseños que las sustenten —los mismos problemas que hoy tienen contra las cuerdas a pesos pesados de la Alcaldía en temas de infraestructura— le habrían causado a la ciudad un detrimento cercano a los $20 mil millones por contratos para la remodelación y edificación de 13 colegios.

Así se desprende del último informe de auditoría de la Contraloría Distrital, conocido por El Espectador, que revela que la Secretaría de Educación avaló el comienzo de las 13 obras sin tener licencia para las mismas y sin que los diseños, en algunas de ellas, correspondieran con las características de los lotes en los cuales se adecuarían los centros educativos.

Esto significa que cuando un contratista pretendía iniciar la obra se encontraba con sorpresas como la de que el Distrito pretendía construir un colegio que no cabía en el espacio asignado. O que las características del suelo eran distintas a las proyectadas, lo cual obligaba a hacer nuevos tratamientos de sedimentación para poder empezar los trabajos. En últimas, las obras se retrasaron y en algunos casos hasta sería necesario adquirir predios vecinos, hechos que incrementaron los costos o paralizaron la ejecución de las mismas, respectivamente.

La evaluación adelantada por la Contraloría revisa en detalle las obras adjudicadas y realizadas desde 2007, y resalta la gravedad de haberlas avalado sin planeación ni licencia de construcción, con diseños incompletos y hasta pone en evidencia el incumplimiento por parte de los contratistas.

Un ejemplo de esta problemática es la Institución Educativa Ramón de Zubiría. De acuerdo con el informe de la obra, fue entregada por licitación al consorcio P&P (ver recuadro), comenzada el 19 de agosto de 2006 y su fecha límite de entrega era el 30 de abril de 2007. Sin embargo, fue devuelta por el contratista al Distrito en septiembre de 2008 con apenas un 22% de ejecución. Alonso Prieto, representante de ese consorcio, le dijo a este diario que la construcción había empezado sin la licencia requerida y sin los diseños completos. Debido a esto, cuando llegó el momento de la actualización, el valor inicial ya se había incrementado en un 50% y los diseños superaban el espacio que se tenía disponible.

“Entregamos la obra porque no nos daban el tiempo ni el presupuesto”, asegura el empresario, para quien uno de los motivos de la problemática reside en que la labor de interventoría (asignada en estos casos a las universidades Nacional y Distrital) no es la más pertinente en estos casos.

Hallazgos similares se registraron en colegios como el Gustavo Morales, en Suba, o el Ciudad de Villavicencio, en la localidad de Usme, donde la Contraloría confirmó que entraron en funcionamiento sin terminar las instalaciones, poniendo en peligro la comunidad educativa.

Los contratistas alegan que errores del Distrito les causaron retraso en las obras y que luego la misma administración se las quitó para entregárselas a otros consorcios causándoles pérdidas millonarias, las cuales podrían ser causales de demandas. El Distrito dice que tuvo que readjudicarlas para cumplir con su obligación de garantizar la celeridad en las obras para los alumnos.

Pero entre uno y otro acontecimiento el valor de la intervención creció. La ampliación de la IED Pablo de Tarso fue contratada inicialmente por $1.391 millones, pero valió $1.691 porque fue readjudicada por otros $300 millones. El mejoramiento del CD Marco Tulio Fernández debería costar $1.319 millones, pero valió $2.047 millones.

Las obras en el Colegio Aníbal Fernández, en la localidad de Suba, continúan inconclusas. Se iniciaron a pesar de que en dos ocasiones se había negado la licencia de construcción por no contar —tal como lo establece el Plan Maestro de Equipamientos Educativos— con un espacio para áreas libres para los estudiantes.

Otro informe de la Contraloría (solicitado por la comunidad y que habla específicamente sobre el estado de ese colegio) encontró que el valor inicial del contrato para la obra fue de $586’625.000 y actualmente tiene un déficit presupuestal por $ 701’656.798. Además, se estima que harían falta $400 millones adicionales para terminarla y adquirir los predios necesarios para las zonas de cesión que requiere el Plan Maestro. Peor aún, en los alrededores de la institución no hay ningún lote disponible.

La construcción de equipamientos educativos ha sido un renglón agridulce para la administración. Hace apenas cuatro días el alcalde Samuel Moreno inauguró el colegio Francisco Javier Matiz, que beneficiará a 480 niños del suroriente de la ciudad. Hay obras por todas partes. Pero también es cierto que el exsecretario de Educación Abel Rodríguez está investigado desde 2009, entre otras cosas, por la compra de un lote para un colegio que terminó costándole al Distrito el triple de su valor real. Rodríguez fue quien firmó los contratos para los 13 colegios que hoy están en la mira de la Contraloría.

Este diario intentó comunicarse con el secretario de Educación, José Herrera Jaramillo, en reiteradas ocasiones, pero su jefe de prensa advirtió que se pronunciaría sobre el asunto hasta hoy, cuando se espera que aclare también a qué contratistas se están adjudicando las obras que les quitan a aquellos que incumplieron con los plazos de entrega.

La Contraloría no pierde detalle sobre el tema, los contratistas se defienden y la Alcaldía prepara respuestas. En el Concejo también se alistan informes como el del cabildante Felipe Ríos, quien dice que hará nuevos aportes a las pesquisas del ente de control esta semana. Mientras tanto, quienes padecen las consecuencias de los retrasos en las obras son los estudiantes, quienes en algunos casos deben tomar sus clases en colegios que no están terminados.

 

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