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Imagine llegar al supermercado con su lista de verduras, frutas y proteínas y no encontrar lo que necesita, encontrarlo caro o en mal estado. Para la mayoría, la solución obvia es ir a otro sitio. Sin embargo, para la población vulnerable en Funza (Cundinamarca), beneficiaria de bonos de alimentación, es imposible. El subsidio solo lo pueden redimir en un establecimiento denominado “Pague Menos”, donde, no solo denuncian sus condiciones, sino la forma cómo le fue adjudicado el contrato.
El impacto no es menor. Según el DANE, en Funza hay 125.880 habitantes, de las cuales el 22 % (28.199) están en condición de pobreza. Muchos de ellos, en especial personas con discapacidad, adultos mayores, cuidadores, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto reciben subsidios mensuales a través de bonos canjeables en medicamentos o alimentos, para apoyar su sostenimiento.
Aunque este apoyo lo definió la Alcaldía como “una actividad de suma importancia para mejorar sus condiciones de vida”, las denuncias lo ponen en tela de juicio, en especial por las dudas sobre la transparencia de cómo se adjudicó y se prorrogó el contrato. La Alcaldía niega que existan irregularidades e indica que solo han recibido tres quejas. Las autoridades ya pusieron su lupa.
Precio y estado de los alimentos
Pilar* es veedora ciudadana; tiene un hijo de 13 años con discapacidad, y recibe un bono de alimentación por COP 160.000. Lo recibía antes, cuando el operador era el supermercado Zapatoca, y ahora en Pague Menos, con el nuevo contratista, por lo que tiene puntos de referencia para decir que el cambio no fue para mejor. “Nos prometieron que serían 500 pesitos menos, pero es más caro. No surten, y cuando uno va, ya no hay nada”. Así quedó en una queja que envió a la alcaldía y a la Secretaría de Desarrollo. Sostiene que antes le alcanzaba para redimir frutas, proteína y verduras. Hoy no.
Por su parte, Adolfo*, una persona con discapacidad física, cuyo bono es por COP 224.000, cuenta que unos meses sí y otros no le alcanza para hacer un mercado surtido. “Sí, es costoso, sobre todo la proteína. (…) En julio la pasta y el arroz nos salieron con gorgojos. Fui a devolverlos y me dijeron que la botara. ¿Yo cómo iba a hacer eso?”, cuestionó. Sin embargo, no entregó fotografía de lo denunciado.
Raúl*, un adulto mayor que vive y cuida a su esposa, nos recibe en su casa. En el comedor pone los artículos que redimió con su bono de COP 400.000 y entrega la factura de compra por 37 productos: Pony Malta, pastillas de chocolate, aromática y té, atún enlatado, chorizo, aceite, pan, crema dental, jamón y mantequilla son algunos de los productos adquiridos. “Nos tocó traer cosas que no usamos en la casa y los precios son elevados. En cambio, en el anterior podía traer más y a veces con promociones”, dice.
Por estos casos, la Veeduría Integral de Discapacidad de Funza envió un derecho de petición a la Secretaría de Desarrollo Social, donde enlistaron las observaciones. La secretaria Ivonne Paola Salamanca respondió el 4 de agosto que vienen haciendo seguimiento “permanente” y, producto de ello, en julio hicieron un requerimiento formal al contratista. De igual manera, se lee que el pasado 22 de julio se remitió a la Secretaría Jurídica el informe técnico “por presunto incumplimiento, junto con los soportes, para que adelanten el proceso administrativo correspondiente”. Sobre el avance de esta investigación, la secretaria jurídica, Constanza Bedoya, dijo que no podía referirse. “Debo citar al contratista y a la aseguradora”, añadió.
Respecto al derecho de petición de la Veeduría, la secretaria Salamanca dijo que algunos beneficiarios se retractaron. Como soporte, allegó la carta de la beneficiaria Sandra Milena Guarnizo, en la que indica que al momento de firmar iba a una cita; no tuvo tiempo de leer todo, y confió en la explicación de la Veeduría. “Se me indicó que era una observación general de los aspectos de la entrega. Desconocía su contenido real y por eso me retracto. No tengo ningún reclamo”, se lee.
Como defensa, la secretaria de Desarrollo Social también entregó dos cartas firmadas por 67 Cuidadores del Programa de Discapacidad —vuelve a aparecer el nombre de Sandra Guarnizo— donde argumentan que las quejas “corresponden a una minoría, que no aceptan el cambio de supermercado (…) Si en esta oportunidad no se pudo contratar con Zapatoca, es deber de nosotros ser comprensivos y adaptarnos a las situaciones”, señalaron.
Como parte del seguimiento, la secretaria Salamanca defendió que de los 11.228 bonos disponibles 2.320 han sido redimidos y, de ese total, han recibido tres quejas, entre ellas, la de la Veeduría y una anónima.
Aun así, para atenderlas, la alcaldesa respondió que todos los días va un funcionario de Desarrollo Social a revisar y a levantar pruebas fotográficas. Desde el 25 de julio al 4 de septiembre han levantado 24 actas, donde no han encontrado irregularidades y, conforme con la Secretaría de Salud, el supermercado cumple en el aspecto sanitario.
“Yo me reuní con los usuarios y les pedí soportes por las quejas en las que supuestamente los precios están fuera de lo permitido en el mercado o que en la caja cobraban otro precio, pero a hoy, no tengo ningún soporte radicado. Incluso le pedí a la inspección de policía un concepto y me respondieron que los establecimientos tienen libertad de fijar precios”, justificó Salamanca.
El contrato
Detrás de esta controversia hay algo de fondo: el proceso de contratación para la entrega de bonos de alimentos en Funza. La selección del contratista se hizo bajo la modalidad de subasta inversa, proceso en el que gana quien oferte el menor precio. En este punto, viene una claridad: aunque los denunciantes comparan el servicio de Zapatoca (que participó en la subasta) y el supermercado Pague Menos, realmente quien compitió fue la Distribuidora Comercial V&A SAS (DICOVA), que a la hora de la adjudicación no tenía local para redimir los bonos. Fue ahí cuando sumó a Pague Menos.
A pesar de esto, durante el proceso de adjudicación, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a DICOVA, porque su propuesta era de menor valor: radicó una oferta con una diferencia mínima de 12 pesos frente a la de Zapatoca. “Los dos cumplieron con los requisitos. Cuando se abrió el proceso de subasta, ninguno hizo lances y entonces se adjudicó al que ofertó el de menor valor, como lo indica la Ley 80”, detalló la secretaria Jurídica, Constanza Bedoya.
No obstante, esos 12 pesos de diferencia no compensan la diferencia en experiencia. Mientras Pague Menos lleva 10 años en Funza y cuenta con un local en la carrera 11 con calle 14, Zapatoca reportó ser una empresa con casi 40 años de experiencia y más de 1.400 empleados, con un punto en Funza, dos en Mosquera, uno en Facatativá y 15 en Bogotá. Esos datos son claves para revelar las diferencias en infraestructura, calidad, precios y logística, pero que, según la secretaria jurídica, no eran un criterio habilitante en el proceso de selección. “Lo que estamos adquiriendo son bonos, que deben ser canjeables en establecimientos, y no mercados”.
Al indagar un poco más sobre DICOVA se tiene que está registrada como una empresa dedicada al comercio al por mayor no especializado y organización de eventos comerciales. Como experiencia reporta en 2022 un contrato de suministro de kits escolares, de logística, papelería y publicidad para las elecciones al Congreso y apoyo logístico para la Semana de la Belleza. En cuanto a experiencia en bonos, reportó dos contratos con la Alcaldía de Madrid, en 2024 y 2025, bajo acuerdo de compraventa. En el contrato, liquidado en 2025, se le exigía, entre otras condiciones, tener una red “amplia, suficiente y accesible” de comercios en el municipio para redimirlos. Esto no se exigió en Funza.
Como propietario del supermercado Pague Menos aparece la sociedad Inversiones Corporativas Expertas S.A.S. (Incorex), que renovó la matrícula de su establecimiento en la Cámara de Comercio de Facatativá el 6 de mayo de 2026, bajo la actividad económica de comercio al por mayor no especializado. El proceso se realizó casi un mes después de la suscripción del acta de inicio del contrato de bonos en Funza, el 24 de abril de este año.
La sociedad que perdió la subasta, Mercados Zapatoca S.A. demostró como experiencia tres contratos para la entrega de bonos de mercado con la Alcaldía de Mosquera (2018 y 2019) y el último bajo la actual alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, que terminó el 4 de septiembre de 2024.
Dudas desde el Concejo
El concejal Bryan Amaya (Nuevo Liberalismo), quien obtuvo su curul bajo el Estatuto de Oposición al quedar de segundo en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Funza, ha seguido este caso. Según ha denunciado, en el pliego de condiciones y anexo del contrato, la Alcaldía exigía que el contratista debía garantizar que los bonos fueran redimibles en mínimo un establecimiento de comercio, en Funza y/o Mosquera. Sin embargo, Amaya resaltó que, al momento de la firma del contrato, DICOVA no contaba con establecimiento físico de comercio e, incluso, la misma administración admitió en la primera modificación al contrato, que la empresa no contaba con ningún negocio.
“Desde la evaluación del proponente indican que cumple (con las condiciones técnicas). ¿Cómo es que le entregan COP 1.400 millones cuando deberían declarar el incumplimiento del contrato por no cumplir con los requisitos técnicos? Pareciera que le dieran el dinero para que saliera a ver cómo arreglaba. Cambiaron en el modificatorio los requisitos técnicos habilitantes del pliego, favoreciendo a un contratista que no cumple, y esto no se puede hacer”, reclamó Amaya.
El concejal denunció, además, que en la modificación no solo se prorrogó el contrato de 4 a 5 meses (23 de septiembre de 2026), sino que se cambió la forma de pago (sin sobrecostos), cuando inicialmente era un pago único contra entrega. Allí se estableció un esquema de desembolsos por más de COP 1.480 millones como primer pago a la entrega de los bonos; un segundo pago de COP 185 millones en julio de 2026, y un pago final por COP 184 millones. La justificación técnica, dice el documento, “no obedece a situaciones de incumplimiento, ni a subsanar retrasos”, sino “a la necesidad de garantizar la correcta operación del mecanismo de redención de bonos”, así como prolongar la necesidad de supervisión, “verificando la efectiva redención, la adecuada atención a la población beneficiaria y el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, debido a que las tarjetas canjeables tienen una vigencia de 12meses.
Con todo lo anterior, la alcaldesa Jeimmy Villamil respondió que lo dicho por el concejal es falso y se trata de una mala interpretación. “Como no lo conocíamos (a la Distribuidora Comercial V&A SAS) ni teníamos experiencia con ellos canjeando bonos, preferimos espaciar la forma de pago para poderlo vigilar. Quiero decir que esto ha sido una desafortunada y lamentable mala interpretación y conocimiento del concejal respecto tanto a los pliegos como a la ejecución del contrato”, sentenció Villamil.
A su defensa se sumó la secretaria de Desarrollo Social, Ivonne Salamanca. “La primera redención de bonos, que fue a padres y madres cabeza de hogar, fue el 5 de junio y el primer pago se hizo el 10 de junio. Si fuera cierto que nosotros adelantamos o hicimos un pago para que (la empresa) comprara el establecimiento Pague Menos, pues no habría podido tener el lugar el 5 de junio”.
Finalmente, la secretaria jurídica Constanza Bedoya insistió en que no hubo incumplimientos en las condiciones técnicas, “porque no podíamos haber abierto la subasta ni adjudicarlo posteriormente. Lo que se estableció como requisito técnico habilitante era que tuviera la capacidad de redimir esos bonos en un establecimiento diferente a lo que en la ejecución se estableció, que debía tener mínimo dos establecimientos donde redimir los bonos, y eso ya es una obligación como tal”. A pesar de ello, por ahora, solo Pague Menos es el único establecimiento donde los beneficiarios redimen su bono.
Las autoridades ya investigan
El concejal Bryan Amaya puso los hechos en conocimiento de la Contraloría de Cundinamarca y la Secretaría de Transparencia del DAPRE de Presidencia. El 26 de agosto, el ente de control respondió que abrió una indagación preliminar luego de no encontrar suficiente material documental, incluso de la misma Subdirección de Participación Comunitaria, para estructurar hallazgo con incidencia fiscal. En desarrollo de la actuación, establecerán entonces si existe o no un daño patrimonial, como puso de presente el cabildante, y la identificación de los presuntos responsables. La Contraloría avanza con la investigación.
Por su parte, la Secretaría de Transparencia del DAPRE respondió que, si bien no tienen funciones de instrucción, sanción o policía judicial, sí pueden solicitar información a la administración municipal. Y así lo hicieron el 3 de agosto. A través de una comunicación pidieron, entre otros, los requisitos habilitantes jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia establecidos en el proceso. Fue así como un mes después, el 3 de septiembre, identificaron cinco circunstancias que para el DAPRE ameritaron ser enviadas para valoración de la Procuraduría Regional de Cundinamarca y la Personería Municipal de Funza.
El programa de bonos canjeables para alimentos para población vulnerable avanza entre el descontento de algunos beneficiarios e interrogantes que ya tienen a los entes de control investigando, y a la expectativa del rumbo que tomarán las conclusiones sobre cómo se estructuró el proceso contractual. La Alcaldía de Funza reitera que el proceso se ciñó a la legalidad y que las modificaciones contractuales buscaron supervisar al contratista.
*Los nombres fueron cambiados a petición de las fuentes
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Por María Angélica García Puerto
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