Este viernes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se realizará un debate que promete polémica: el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, les pedirá a la administración distrital y al Gobierno nacional que paren la futura construcción de Transmilenio por la carrera séptima, licitación que fue cerrada el pasado 23 de julio y que debe adjudicarse en 20 días (ver recuadro).
El representante Prada afirma que la construcción de un Transmilenio “ligero” por la séptima no solucionará los problemas de movilidad de esta emblemática vía y, además, no concuerda con los estudios y diseños realizados en 2008, durante la administración de Luis Eduardo Garzón, prominente figura de este partido, que proponían una troncal como las demás que hay en la ciudad: carriles con sobrepaso para los buses e intervención en espacio público a lo largo de todo el corredor, entre otras características.
Asimismo, el jueves, en la plenaria del Senado, se realizará una discusión acerca de la movilidad de la capital, en la que el tema saldrá a flote. En opinión de la senadora Gilma Jiménez, también del Partido Verde, “el Transmilenio ligero por la séptima es un absurdo desde todo punto de vista y le genera al Distrito un detrimento patrimonial, pues ignora los estudios ya realizados, que le costaron a la ciudad cerca de $10 mil millones”.
Los argumentos del representante y la senadora son los mismos contenidos en una acción popular, presentada en febrero de 2009 por un particular (Diana Marcela Pérez), que busca obligar a la administración distrital a construir el Transmilenio “completo” desde la calle 34 hasta la 170. La acción fue fallada en primera instancia por el juez 43 administrativo de Bogotá en noviembre del año pasado. El juez consideró que la ciudad sí debía construir la troncal que estaba consignada en los estudios de la administración Garzón desde la calle 100 hasta la 170. Tanto Pérez, como la ciudad, apelaron la decisión. “El Transmilenio se debe hacer completo, desde la calle 34 hasta la 170, no sólo desde la 100”, opina Pérez, quien añadió que “el objeto de la acción es procurar que la comunidad pueda contar con una verdadera solución de transporte y espacio público”.
La acción popular está coadyuvada por Mauricio Rico, un integrante de Corposéptima, organización que oficialmente no apoya la acción. Según Rico, la construcción, tal y como está contemplada en la actual licitación, deja por fuera todo el tema de intervención de espacio público y es “una solución parcial, que no toca los problemas de fondo de la séptima”.
La construcción de Transmilenio por la séptima costará algo más de $80 mil millones y contempla la adecuación de la vía entre las calles 34 y 72 y, en este punto, entre la carrera 7ª y la Avenida Caracas. El valor de la licitación incluye la adecuación de los diseños dejados por la pasada administración, elaborados por el Consorcio Troncal Carrera Séptima y HMV Ingenieros.
La semana pasada fueron radicados los alegatos de conclusión ante la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien tiene a cargo el fallo de segunda instancia. La senadora, el representante y el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, se reunieron este lunes con esta magistrada para explicarle sus puntos de vista en el caso. Ahora, la pregunta que todos los involucrados se hacen es: ¿Qué pasará con la licitación que está en marcha si la acción es fallada en contra de la ciudad? Y, más allá, como lo plantea la senadora Jiménez: “¿Qué pasa si el tribunal falla después de que haya sido adjudicada, como muy probablemente suceda?”.
El Instituto de Desarrollo Urbano, entidad encargada de adjudicar la licitación, se abstuvo de pronunciarse al respecto.
Además de los dos debates planeados en Senado y Cámara, el concejal Sanguino citó a un foro para discutir las soluciones de movilidad de la séptima para el próximo martes 10 de agosto.