El sábado es cuando la autopista Norte muestra su peor cara: el tráfico se enquista y es más rápido caminar. Y justo con ese marco fue que el pasado 29 se celebró una audiencia decisiva sobre el futuro del corredor. En el auditorio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, casi 1.245 personas, entre asistentes presenciales y virtuales, se reunieron para debatir la solicitud de licencia ambiental del proyecto de ampliación.
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Esta diligencia, consagrada por la ley para garantizar la participación ciudadana, la convocaron las organizaciones ambientales que han analizado el proyecto a la luz de su impacto en los humedales Torca y Guaymaral. Aunque la audiencia no genera un concepto vinculante, las intervenciones y documentos, que se expusieron en casi 10 horas de reunión, las estudiarán los técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para luego proyectar la decisión final.
Vale recordar que hace un año la misma autoridad ambiental archivó la petición inicial, que radicó el concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S., responsable del proyecto. En su momento, el argumento fue que la información sobre los impactos ambientales y los planes de mitigación estaba incompleta. Pero la decisión no era definitiva y la empresa corrigió, afinó estudios y volvió a radicar la solicitud, tras subsanar los vacíos.
La versión corregida fue el centro de la reciente audiencia pública y de la ronda de preguntas del 8 de noviembre. Allí, organizaciones ambientales, ciudadanos afectados y comunidad en general (no solo activistas, sino vecinos, estudiantes y usuarios habituales del corredor) analizaron los ajustes, presentaron nuevas objeciones y aportaron información adicional. A diferencia de otras audiencias, esta transcurrió con un nutrido diálogo sin mayor polémica, lo que alienta a pensar que el panorama parece despejarse.
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El proyecto
El plan —oficialmente llamado Accesos Norte Fase II— contempla la ampliación, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de toda la autopista Norte, entre las calles 191 y 245 en Bogotá. El tramo tiene aproximadamente 5,8 km por calzada. La idea es ampliar el corredor de seis a hasta 12 carriles, incorporar un carril exclusivo para transporte masivo, mejorar obras hidráulicas, implementar andenes y ciclorrutas, construir puentes peatonales, retornos a desnivel y una segunda calzada en la carrera séptima, además de una posible perimetral hacia Sopó.
Los reparos
Las organizaciones convocantes, entre ellas Natura y La Baronesa, así como otras fundaciones ambientalistas y redes ciudadanas, aclararon que no se oponen a la obra como tal. Reconocen la urgencia de aliviar el trancón crónico en esa parte de la ciudad y coinciden en la justificación: crecimiento poblacional acelerado de Bogotá, el flujo pendular hacia municipios dormitorio, la pérdida de tiempo y productividad por congestión, el costo del combustible y las consecuencias de una movilidad deficiente.
Sus reparos apuntan a cómo se construye la obra. Celebraron que la segunda versión respete parcialmente el separador natural central, algo que la versión anterior eliminaba, y que se contemple la reposición del arbolado, así como la conectividad hidráulica entre humedales.
Pero piden que la infraestructura no se construya a medias: exigen que los “box culvert” previstos —para elevar la autopista en ciertos tramos— tengan el tamaño adecuado para permitir el paso real de fauna entre Torca y Guaymaral. También demandan una ingeniería cuidadosa, que evite daños, pérdidas de fauna, ahogamientos o muertes por depredación o especies invasoras. Además, reclaman claridad sobre estándares para épocas de sequía, estimaciones hidráulicas, la caracterización del ecosistema, la fauna y la flora, y un compromiso real de monitoreo ambiental, desde la fase preconstructiva hasta la operativa.
Para quienes viven, estudian o transitan por la zona (habitantes de municipios como Chía, estudiantes de colegios en la zona y conductores atrapados en los embotellamientos) la urgencia es tangible. Dos horas perdidas en trancones, que resta tiempo familiar, personal, profesional o académico. Empero, ese clamor no desconoce la fragilidad ecológica de la zona, en tanto pide, a su vez, que la ampliación no borre la dimensión ambiental y que la modernización sea compatible con una ciudad que aspira a ser más habitable.
Qué viene
Hoy la pelota está en la cancha de la ANLA. Su equipo técnico revisará con lupa todos los insumos, ponencias, estudios y reparos que se presentaron en la audiencia. Las opciones son claras: otorgar la licencia ambiental (con o sin condiciones) o archivar de nuevo. Si optara por esta última vía, El Espectador conoció que la concesionaria Ruta Bogotá Norte no insistiría y, podría incluso, contemplar una demanda contra el Estado, argumentando perjuicios por las inversiones y el tiempo perdido, escenario ya visto antes en casos como el de la Perimetral de Oriente.
Pero si la licencia se concede (con garantías firmes sobre mitigación ambiental, conectividad ecológica, respeto por los humedales y un plan serio de monitoreo) este proyecto podría convertirse en una salida de fondo a décadas de tráfico insoportable en el norte capitalino, así como para las inundaciones en tiempos de lluvia extrema.
Para quienes hoy soportan la movilidad en este sector, la decisión de la ANLA no solo definirá el futuro de una vía, sino que también les marcará un patrón de calidad de vida, salud urbana y un nuevo equilibrio entre crecimiento, naturaleza y ciudad.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
