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Cuatro explosiones en el barrio San Bernardo, en menos de un mes, tienen conmocionado a la comunidad de este barrio céntrico de la ciudad y, en general, a todos los capitalinos. La incapacidad de prevenir este tipo de sucesos, pese a los constantes operativos e intervenciones en el sector, abre de nuevo el debate sobre la efectividad de las medidas existentes y la posibilidad de tomar otras de un calibre más drástico.
En medio del debate sobre las acciones necesarias para combatir la delincuencia y la guerra de bandas en este sector, han vuelto a resonar las voces que piden militarizar a Bogotá. La propuesta, que no es nueva, es promovida por el concejal Óscar Ramírez Vahos, quien ya había pedido esta medida en febrero del año pasado, cuando una ola de robos a mano armada sacudió a la ciudad.
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De acuerdo con el cabildante, su insistencia reside en la postergación de las acciones criminales en la ciudad y en la sensación de zozobra que sienten los bogotanos al salir de sus casas. “Militarizar la ciudad es devolverle a los ciudadanos la tranquilidad que ya ni siquiera en sus hogares tienen, es lograr a través de la presencia de la policía militar fortalecer el accionar de los patrullajes de la fuerza pública, es retomar la presencia en los territorios y contrarrestar a tanto bandido que opera con absoluta tranquilidad por las calles de la ciudad”, manifestó Vahos.
Para el cabildante, el Distrito no ha logrado cumplir sus propias metas respecto a los indicadores de seguridad, por lo cual, dice él, el acompañamiento militar es más que necesario. “De acuerdo al Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia en el que, entre otros, esta Administración se ha propuesto lograr una tasa del 8% de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023 cerramos en la ciudad en el 15.2%; en hurto menor la meta es de 165.050 y cerramos con 156.456; se presentaron en la ciudad 2.497 casos de extorsión frente a los 1.374 propuestos y en el porcentaje de cobertura de videovigilancia en el territorio urbano la meta es del 50%, hoy solo llega al 20% con 200 cámaras LPR recientemente adquiridas sin instalar”, puntualizó el concejal.
Otros partidarios de la medida señalan que la militarización ayudaría a corregir el déficit de fuerza pública que actualmente tiene la ciudad, el cual es de 10.000 uniformados. Sin embargo, las autoridades, e incluso expertos en seguridad, descartan y tienen serias dudas sobre los posibles alcances de esta decisión.
En efecto, lo sugerido por Vahos se contempla en la legislación colombiana, específicamente en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. La norma brinda un mecanismo para que un alcalde puede pedir la asistencia militar, temporal o excepcional, en caso de calamidad pública. En ese orden de ideas, si se activara dicho mecanismo, la Policía recibiría apoyo del Ejército en labores de patrullaje e inspección en las distintas localidades.
Echando un vistazo al retrovisor, para expresar lo que implica la asistencia militar, hay que remitirse a los desmanes del 21 de noviembre de 2019 y del 9 de septiembre de 2021. En aquella oportunidad, militares y policías patrullaron las calles de Bogotá. O la maniobra del 29 de abril del año pasado, cuando el Ejército desplegó a 12.000 efectivos en los límites de Sumapaz con Cundinamarca, con el fin de hacer frente a la posible presencia de disidencias de las FARC en la zona.
Ya hay participación militar
No es la primera vez que se propone la militarización de la ciudad frente a una situación semejante. En 2021, Fenalco solicitó la medida en medio de un aumento significativo de los hurtos y las extorsiones a comerciantes. Solo en agosto de ese año, 540 establecimientos habían sido blanco de estos delitos. Al evaluar la situación, la entonces alcaldesa Claudia López le dijo al gremio que la presencia de militares en Bogotá, como contempla el mecanismo, era “inconveniente”. En su lugar formuló un patrullaje disuasorio entre Policía Militar y la Metropolitana en puntos críticos.
Hoy, tres años después, con las mismas problemáticas, pero con nueva administración, la llave para desbloquear posibles soluciones a la seguridad sigue pasando por el mismo dilema: déficit de Fuerza Pública. La ciudad dispone de 16.656 policías, equivalente a un uniformado por cada 470 habitantes. El estándar internacional es de un policía por cada 300. De ahí que la militarización, entre otras tantas, surja como alternativa para enfrentar el problema.
Frente a este tema, el secretario de Seguridad le aclaró a El Espectador que “la Alcaldía, desde el primer día de mandato, definió que la construcción de seguridad urbana en la ciudad será el resultado del trabajo conjunto entre Policía de Bogotá, la Brigada 13 del Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Esta acción coordinada busca recuperar el control del espacio urbano y la disminución del árbol de vulnerabilidades y riesgos. Por tal razón, la participación de las fuerzas militares está desde el primer día, siempre en el marco de los mandatos constitucionales, que esta fuerza tiene, y bajo las funciones que permiten su participación en el apoyo a la Policía Nacional”.
Finalmente, el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, aclara que las limitaciones legales del artículo de asistencia militar solo aplica para situaciones de excepcionalidad, la cual no se da en la ciudad. Por lo tanto, en temas de seguridad, como el actual, la militarización de la ciudad no es viable.
Otras alternativas
Una vez descartado un despliegue puro y duro del Ejército en la ciudad, al menos bajo las condiciones actuales, saltan a la vista otras ideas. Una de ellas, promovida también desde la bancada del Centro Democrático, consiste en el porte legal de armas por empresarios y comerciantes. Daniel Briceño, cabildante que impulsa la iniciativa, recalca que el gremio, con personas en el marco de la ley, deberían tener acceso al mercado legal de armas para su defensa”.
Briceño es consciente de que dicha iniciativa le compete exclusivamente al Gobierno Nacional, pero pide abrir el debate desde la capital. El secretario Restrepo opinó que “el alcalde ha sido preciso en decir que la construcción de seguridad será el resultado de la disminución de armas ilegales en poder de los ciudadanos y de las bandas criminales, así como un control efectivo sobre aquellas con permisos”.
Ambas iniciativas las apoyan desde Fenalco: el acompañamiento del Ejército a la Policía y, en especial, el porte de armas, como mecanismos de protección. La primera, según el Distrito, ya existe. En cuanto a la segunda, que respaldan con bajo el argumento de que “en este momento los delincuentes están armados con la certeza de que su víctima no lo está”, queda claro que por ahora no es opción. ¿Cuál será entonces el coto que le ponga límite a la ola de violencia en Bogotá?
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Por Redacción Bogotá
