La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) desmintió las supuestas irregularidades que estaban previendo interesados en el proceso, que denunciaron cambios de última hora en los mecanismos de rtransparencia de la licitación para el manejo del relleno sanitario de Doña Juana.
Fuentes interesadas en el proceso denunciaron que uno de los mecanismos que se habían acordado en la licitación pasada y que garantizaba el correcto manejo de la documentación no será utilizado en esta ocasión.
En el anterior proceso, los oferentes y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) establecieron que cada una de las hojas que hacía parte del sobre que contenía la propuesta debía ir firmada por los representantes del consorcio y la entidad.
Con eso se buscaba blindar a las propuestas de que 'desaparecieran o aparecieran' documentos en el sobre que no pertenecieran al oferente.
"Esta vez se va a llevar los sobres cerrados, sin la firma en la hojas, y ahí puede pasar cualquier cosa", dijo uno de los interesados en la licitación, quien señaló que no ha habido una explicación de por medio de tal cambio.
Sin embargo, la Uaesp dijo a este medio, a través de un vocero, que todas loas hojas irán firmadas y con huella digital, tal como se hizo en la primera licitación.
El cierre de la licitación está programado para las tres de la tarde, hora en que serán recibidos los sobres cerrados y se adjudicará el próximo 6 de septiembre.
El primer cierre de la licitación de Doña Juana fue suspendido por la Corte Constitucional debido a las 21 tutelas que presentó la Asociación de Recicladores de Bogotá debido a que no hacían parte del proceso, de acuerdo al pliego de condiciones publicado por la UAESP.
El pasado lunes, los recicladores instauraron una acción de desacato en contra de la UAESP argumentando que la entidad no cumplió lo exigido por la justicia, pues según ellos, se les está vulnerando sus derechos al no permitirles la participación que por ley les corresponde.
La licitación del relleno sanitario está por el valor de 230 mil millones de pesos y busca que un sólo concesionario se encargue de la disposición final de basuras y del tratamiento de lixiviados (líquidos en descomposición).