Las basuras seguirán siendo noticia hasta los últimos días de gobierno de Gustavo Petro. Su administración tiene hasta el próximo 20 de diciembre para presentar el plan que regirá durante los próximos 12 años el servicio de aseo en Bogotá. Se trata de un documento que se discute desde hace un año y del que ya se ha publicado un borrador con proyectos y actividades que deberán ejecutar los próximos tres alcaldes. El modelo propuesto, dice el texto, “recoge, continúa y profundiza el enfoque de gestión del programa Basura Cero” que creó Petro y ha sido criticado por el Ministerio de Vivienda.
El documento se llama Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y su estructuración está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). Actualmente rige un PGIRS expedido en 2004, en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón.
Basura Cero tiene como objetivo aprovechar los residuos fortaleciendo la labor de los recicladores y, por lo tanto, disminuir la cantidad de basura que entra al relleno sanitario Doña Juana. El Distrito sustenta la propuesta de profundizar ese programa en las estadísticas del relleno: este año han entrado, en promedio, 6.359 toneladas diarias de residuos, lo que significa “una disminución histórica de la tendencia de crecimiento”, pues los años anteriores se promediaron más o menos 6.500 toneladas. Las cifras del documento también indican que la cantidad de material reciclado se ha incrementado en la Bogotá Humana, gracias a la inclusión de los recicladores, y hoy se ubica en 920 toneladas diarias. Eso podría aumentar en 12 años, según proyecciones, a 1.663 toneladas.
El reconocimiento de los recicladores es un mandato de la Corte Constitucional que deben acoger todos los municipios del país. Sin embargo, Bogotá, en la era Petro, ha dado pasos significativos que, más allá de sus tropiezos, han sido reconocidos por el tribunal. La profundización del modelo implicará, según las propuestas del plan, que organizaciones de recicladores habilitadas por el Distrito administren centros de reciclaje donde clasifiquen, pesen, alisten y comercialicen el material con asistencia técnica de la Uaesp, que también incluye formación para el trabajo, en derechos y deberes, así como su fortalecimiento empresarial. El Distrito queda comprometido a dotar esos centros con maquinaria y a subsidiar los costos fijos de la operación, como arrendamiento y servicios de energía y vigilancia.
El modelo financiero contempla la remuneración, vía tarifa, de las organizaciones de recicladores y de los recicladores independientes (algo ya contemplado en la normatividad nacional) y financiar con recursos públicos la implementación de los centros de reciclaje. Las organizaciones, por su parte, deberán constituir fondos para redistribuir sus ganancias y hacer inversiones que las fortalezcan.
Mientras esto significa para la administración una profundización de la política que hoy aplica, Nohra Padilla, líder de la Asociación de Recicladores de Bogotá —una de las más de 60 organizaciones habilitadas para operar— considera que se trata de medidas insuficientes. A ella le preocupa, por ejemplo, que se hable de fortalecimiento empresarial sin definir metas claras de a cuántas organizaciones se pretende beneficiar. “Lo importante son las metas”, precisa. “Si Petro deja esto tan incipiente, Peñalosa trabajará con lo poco que hay, y con cualquier cosa que haga dirá que está cumpliendo”.
En campaña, el alcalde electo se comprometió a trabajar “con los recicladores para aumentar su productividad e ingresos”, y en su plan de gobierno habla de empoderarlos, pero no ha especificado cómo.
El cómo es importante, y muestra de ello es que el Distrito ha criticado la forma como el Gobierno Nacional pretende reglamentar la actividad de los recicladores, pues afirma que los deja en condiciones de indefensión. La Uaesp ha cuestionado, por ejemplo, que el Minvivienda pretenda que la formulación de planes de fortalecimiento empresarial quede en manos de los recicladores, o que los operadores privados capten, mediante la tarifa, el dinero que pagarán los usuarios por el servicio de reciclaje para después transferirlo a las organizaciones recicladoras.
Otros proyectos
El borrador del PGIRS propone una serie de estudios que permitan aplicar técnicas de aprovechamiento y transformación de residuos. Entre ellas está la posibilidad de realizar minería de residuos ya enterrados en Doña Juana, técnica que permitiría desenterrarlos, procesarlos y reutilizarlos. También, tener en cuenta un estudio de la Empresa de Energía de Bogotá sobre un tratamiento de residuos sólidos alternativo al que se hace en el relleno. Habría que definir el lugar para aplicarlo.
El uso de contenedores para depositar basura se contempla como una opción, lo que también ha provocado el disgusto de los recicladores, que consideran que eso dificulta su labor. La Uaesp ha dicho que son propicios para zonas de difícil acceso.
Obviamente, se contempla la necesidad de garantizar la operación del relleno Doña Juana, y al tiempo se vuelve sobre la ya trajinada propuesta de contar con un relleno regional para cuando se termine la vida útil del actual en 2022. Las zonas que se analizan son, al norte, los municipios de Tausa y Cucunubá, y al occidente, Bojacá y el sector de Mondoñedo.
Aunque el PGIRS “amarra”, de algún modo, a los próximos tres alcaldes, es incierta la posibilidad de cumplir a cabalidad. Del plan vigente desde 2004, aunque se ha cumplido con objetivos esenciales, como garantizar la prestación del servicio de aseo, se incumplió con proyectos como la construcción de dos parques de reciclaje (ahora se proponen seis), la cobertura total con rutas de recolección de reciclaje y de recolección de escombros y residuos peligrosos.
De aquí al 20 de diciembre se sabrá si Bogotá asume en los próximos años los nuevos retos que se han propuesto en este plan, que lleva la firma de Petro, y que sus sucesores deberían aplicar. A pesar de que El Espectador consultó a la Uaesp desde el jueves para ampliar el tema y dijeron que responderían por escrito, al cierre de esta edición no lo habían hecho.