Un maletín negro con una pistola Sig Sauer 9 mm; una bolsita transparente que guarda el proyectil que sacaron de su cuerpo; la armería de Suba La Campiña, y una presunta falla en la cadena de custodia son los elementos, el lugar y los hechos que marcan la fase final del juicio contra el patrullero Jorge Lasso, a quien procesan por la muerte de Angie Paola Baquero Rojas, de 29 años, durante los hechos del 9 de septiembre de 2020. Luego de seis años de un largo proceso, dos de ellos en juicio, la Fiscalía alertó sobre la pérdida del proyectil que disparó el uniformado y el cambio del cañón del arma, elementos clave que determinarían su responsabilidad. Así lo escuchó Nury Rojas, madre de Angie, en la reciente audiencia celebrada en agosto. “Hace seis años, el 10 de septiembre de 2020, a las 11:30 a.m., nos dieron la noticia de que estaba muerta. Hoy, después de lo que hemos pasado, nos informan que presuntamente hubo alteración en la prueba más importante”, señala.
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Zona de guerra
Angie Baquero estaba de pie en un separador de la calle 132 con carrera 101, a unos metros del CAI Aures, la noche del 9 de septiembre. Iba de la mano con Cindy Tatiana Contreras, su pareja de entonces. Se vivía un ambiente de guerra en esta y gran parte de Bogotá. Gritos, estallidos, objetos yendo y viniendo, luces entre nubes de gases… disparos. Esa es la escena que definió el destino de Angie y los siguientes años de su familia y la de otras 13.
Pero antes de que Angie llegara a ese separador había toda una historia que la llevó hasta allí. Una vida que explica cómo una mujer que estaba a semanas de graduarse de Gestión Documental, terminó en ese lugar. Hay que rebobinar la cinta años atrás. “No somos una cifra, eran seres humanos”, dice su hermano Brayan Baquero.
Sueños de papel
Brayan cuenta que nacieron en Bogotá. Su infancia la vivió en el barrio Boyacá Real y estudió en un colegio distrital. En Rincón en Suba creció toda su familia. “Mi padre sufrió una diabetes, lo que llevó a que ella empezara a trabajar. A los 16 años sacó un permiso y laboró en un café internet”. Tenía el sueño de estudiar veterinaria (“adoraba a su perra Yiyo”) y alcanzó a buscar la manera de hacerlo. Llegó a pisar las aulas de la Sabana, pero eso nunca estuvo en el presupuesto. “Con los años, hizo un curso de manicure y comenzó a trabajar con unos primos en Chapinero y entró al SENA a estudiar Gestión Documental”.
Para describir el carácter de su hija, Nury cuenta anécdotas de cuando ella y su esposo eran recicladores. “Era una niña a quien no le daba pena ver a su mamá con los costales y su carrito en la calle trabajando. Me veía, me decía “‘Luquitas’ —así me decía—, ¡quiere que le ayude a llevar o le digo a mi ‘Cuchito’—y así al papá—?”. A la par conoció a Cindy. Ingresó a trabajar como guarda de seguridad en una empresa contratada por la Secretaría de Integración.
Aunque tuvo que aplazar el SENA por situaciones económicas, logró retomarlo, al punto de hacer prácticas en una empresa. Pero llegó la pandemia y volvió a la empresa de seguridad con la convicción de graduarse en octubre del 2020. En eso estaba antes del 9S.
El día de su muerte, su mamá la había acompañado a las 4:30 a.m. a la estación Nariño de Transmilenio. En la noche la recogió Cindy. De hecho, volviendo a casa atravesaron parte de las manifestaciones, que se propagaron por toda Bogotá, en respuesta al homicidio de Javier Ordóñez a manos de agentes de la Policía en el CAI Villa Luz.
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Cindy Tatiana cuenta que vio un dron sobrevolando la zona en Suba. “Nos paramos en el separador a mirar un rato”, dice en la relatoría del caso. En ese instante los disparos se escucharon más cerca. Según los informes periciales, uno de los impactos rebotó e impactó en Angie, en el lado izquierdo del abdomen. El proyectil, de la Sig SAUER 9 mm, quedó en su cuerpo.
La madre y hermano insisten en que Angie caminó varias cuadras para encontrar ayuda. Cindy cuenta que caminaron hasta la Av. Ciudad de Cali hasta que paró un motociclista que accedió a llevarla al Hospital de Fontibón y de ahí la trasladaron al de Engativá. “Cuando llegamos al hospital”, dice su mamá, “vi un panorama muy triste: la vi entubada. Para mí era duro verla frágil, pero no sabía que me iba a durar tan poco. Que a los 29 años tendría que decirle adiós. Me dejaron darle un beso”.
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El Informe Final de la Relatoría concluyó que en estas jornadas ocurrió una masacre a manos de la Policía. De acuerdo con el documento, las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 (9S) dejaron 14 muertos, de los cuales 11 fueron por el uso ilícito de la fuerza letal por uniformados.
Luces en la ventana
Seis años después de las jornadas del 9 y 10 de septiembre de 2020, los procesos judiciales avanzan a pasos cortos y desiguales. Según el informe de Justicia y Democracia publicado en conmemoración de los seis años, entre las 13 víctimas mortales (sin contar a Javier Ordóñez) había, a mayo de 2026, dos procesos con avances penales concretos: el de Andrés Felipe Rodríguez y Jaider Alexánder Fonseca, por el que condenaron a 10 años al patrullero Jhon Antonio Gutiérrez, y el de Anthony Estrada, que para ese momento tenía sentido de fallo condenatorio contra dos expatrulleros.
El caso de Angie Paola está en juicio desde marzo de 2024. Procesan al patrullero Jorge Andrés Lasso, por homicidio. En paralelo, la Procuraduría había establecido en 2024 su responsabilidad disciplinaria y lo sancionó con 12 meses de inhabilidad, pero el procurador Gregorio Elijach revocó la sanción. Para la familia ha sido un camino revictimizante. “Han sido seis años de dilataciones y cambios de fiscal”, dice Bryan. Añade que también hubo amenazas: “Nos comenzaron a llegar panfletos. Vivía en Alcázares y comenzaron a parar una moto al frente de mi casa. Decidimos irnos para Cajicá, pero allá igual llegaron”.
Desde Temblores ONG, organización que representa a Cindy Tatiana, han alertado que el juicio contra el patrullero Lasso sentará un precedente. “No es solo un caso penal. Es una decisión sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado”. A su vez han cuestionado que la Procuraduría revocara la sanción disciplinaria alegando que existían inconsistencias en el peritaje del arma. Y señalan: “Este caso muestra una práctica que no puede quedar en la impunidad. Disparar un arma de fuego en una vía pública, en medio de civiles y en una protesta, es una conducta altamente riesgosa que no debió ocurrir”.
La bolsita transparente y el «armerillo»
El manual de custodia de armas de fuego en procesos de investigación, como las implicadas en las muertes del 9S, indica que estas deben estar resguardadas en una armería o guarnición militar o de la Policía; selladas, en cajas negras de plástico y bolsas debidamente selladas y marcadas para la continuación de los procesos penales.
Tras las audiencias de juicio del 14 de agosto de 2026, el colectivo la Asociación Red de defensores de Derechos Humanos y el colectivo Angie Paola Baquero alertaron de graves irregularidades que impactan directamente la prueba de este caso.
En dicha diligencia, la investigadora de Policía Judicial, a cargo de la custodia, y el perito balístico de Medicina Legal revelaron que hubo ruptura de la cadena de custodia por la pérdida de documentos anexos al informe general, y se reportó la alteración del cañón del arma y la desaparición del proyectil extraído del cuerpo de Angie. Lo curioso es que la investigadora explicó que en enero de 2022, por autorización del fiscal, retiró el arma con dos proveedores y el proyectil para dárselos al perito de la defensa por 10 días. Si bien los registros confirman que el préstamo se extendió meses, la investigadora devolvió, de forma definitiva, el arma al armerillo de la Estación de Policía de Suba. Esos son los últimos registros que se tienen.
Pero cuatro años después, en mayo de 2026, el Despacho de la Fiscalía ordenó realizar un peritaje de refutación en Medicina Legal y allí la investigadora acudió de nuevo al armerillo, donde se enteró de que había sido cambiado más o menos hacía un año y medio. Al recibir la evidencia, constató una falta de protocolos e inventario: «había un nuevo armerillo que desconocía los protocolos y entregó el maletín abierto, sin conservar ningún protocolo de cadena de custodia».
El armerillo le manifestó que llevaba allí entre un año y medio a dos años y que el contenedor siempre estuvo abierto. Al verificar la documentación, la investigadora confirmó que el folio de cadena de custodia había desaparecido. Y al revisar el contenedor abierto, también dejó registrado que el proyectil original recuperado en la necropsia de Angie, que había sido embalado originalmente en una bolsa con rótulo y cinta del CTI, no estaba.
En su lugar, al lado del arma había una bolsa transparente no oficial con un objeto completamente diferente: “Dentro de esa bolsa había una vainilla”, dijo en el juicio. La fiscal cuestionó, «¿Usted había visto esta evidencia antes?”, ella respondió: “No”. Por otro lado, en la segunda parte del juicio el perito balístico de Medicina Legal expuso los resultados del análisis comparativo realizado mediante microscopía entre las muestras del armerillo y las de referencia, donde encontró que, aunque compartían características de clase (calibre 9 mm), no coincidían: “…se deduce que dadas las especificaciones y manejo del arma tipo pistola en cuestión que el cañón fue cambiado”.
Esta presunta manipulación del material probatorio es calificada por la familia como un hecho inaudito, doloroso y revictimizante que reabre las heridas y profundiza la desconfianza en la administración de justicia. Bajo las consignas “Si la prueba desaparece, la exigencia permanece” y “Por Angie y su memoria: exigimos toda la historia”, la familia y las organizaciones exigen a las autoridades esclarecer este episodio.
Entre tanto aún quedan audiencias programadas para mediados de octubre, en las cuales la defensa adelantará el contrainterrogatorio correspondiente. Luego de esta etapa, seguirán los alegatos finales de las partes. Finalmente se anunciará el sentido del fallo para definir la responsabilidad del patrullero imputado.
Así pasó Nury Rojas parte de la conmemoración del 9S, haciendo lo que ha hecho desde hace seis años: memoria. “No queremos que las víctimas del 9S sean reducidas a una estadística. Cada vida tenía una familia y cada familia sigue cargando las consecuencias de aquella noche”.
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