Carolina y Marisol*, en el mismo salón, esperan sentadas, con una fotocopia de su cédula en mano, el llamado que han esperado por décadas. No se conocen, pero sí tienen algo en común: fueron víctimas de desplazamiento y Bogotá se convirtió en su segundo hogar.
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Carolina está al fondo con sus tres hijos, porque otro está desaparecido, desde que se lo llevaran los paramilitares, cuando tenía apenas 13 años. Sostiene a su perro criollo, que está tranquilo en una mochila, mientras ella habla sobre cómo tuvo que huir de su hogar, en Tierra Alta (Córdoba), luego de que hombres armados también se llevaran a su esposo.
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“Ellos entraron a preguntar por él y mi hija pequeña vio todo. Me decían ‘cállela o le metemos un tiro en la boca’. Hasta que le taparon los ojos y se lo llevaron. Yo tuve que abandonarlo todo. Mis animalitos y gallinas... todo lo que tenía. Para salvarles la vida a mis hijos pequeños, salimos a las 9:00 de la noche, pasando por ríos y montañas”, recuerda.
La capital tampoco ha sido fácil. Vive en una pieza, en la localidad de Santa Fe, junto a su hijo, que se dedica al reciclaje. Ella, a sus 54 años, sale todos los días a vender bolsas de basura, para reunir el arriendo diario y, claro, algo de comer. “En el campo usted no piensa en la comida, porque cultiva. En la ciudad no hay nada de eso. He esperado 24 años por esta indemnización. Espero que sea algo bueno para comprarme una casa”.
Su anhelo es el de otras 855 víctimas del conflicto, que este jueves recibieron una carta de reparación individual. Entre todas repartieron $7.050 millones, compensación que el Estado está obligado a entregarles, para ayudarles en la reconstrucción de sus proyectos de vida.
En lo corrido del año, según la Unidad de Víctimas (entidad que lidera el proceso), han otorgado 16.592 indemnizaciones en Suba, Teusaquillo y Kennedy, que suman $163.588 millones. “Bogotá es una ciudad receptora de todo el país y la mayoría de los hechos victimizantes que hemos compensado son por desplazamiento forzado”, detalla el director Adith Rafael Romero, en entrevista con El Espectador.
Marisol* es un ejemplo de esta situación. Llegó en 2006 junto a su hijo, luego de huir de Colombia (Huila). Bogotá, para ella, fue en su momento la ciudad más acogedora. “Fui amenazada por grupos ilegales. Me dieron 24 horas para salir. Me llené de pánico, cogí mis cuatro trapos y mi niño. Nos sacaron en un carro a la 1:00 de la mañana”.
Desde que vive en la capital ha trabajado como ama de casa, en cafeterías, restaurantes. “Llegué a Ciudad Bolívar. Llevaba esperando esta carta desde 2015. Con este dinero espero montar un negocio de tamales en Bosa. No he pensado en regresar. La violencia es algo impactante. Vive uno en zozobra, angustia. Es terrorífico”, asegura.
Reparación a víctimas: un proceso lento y tardío
Aunque el Estado tiene la responsabilidad de reparar a las víctimas, por años, le ha fallado a esta población. Según el director Romero, desde 2011, que arrancó el proceso, solo han indemnizado al 18% de las víctimas registradas en el país (1,8 millones de 10,2 millones). Por ello, se fijó una meta: llegar este año a casi 3 millones de víctimas. “Si seguimos al ritmo que veníamos, pasarán 40 años y no se alcanzarían a reparar a todas las víctimas. Había casos, como el de un señor de 94 años, que llevaba 30 años esperando”.
El incumplimiento ha sido tan evidente, que la justicia, a través de Corte Constitucional, se pronunció, fijando reglas para armonizar los programas de indemnización y los criterios de priorización, según la vulnerabilidad, la caracterización del daño y la disponibilidad presupuestal. Hoy la Unidad de Víctimas prioriza a personas con enfermedades terminales, con más de 68 años o que presenten una condición de discapacidad. El monto varía de acuerdo con el hecho y oscila entre los 10 y los 40 salarios mínimos legales vigentes, que pueden reclamar una vez reciben la carta.
Si bien es potestad del indemnizado invertir como quiera estos recursos, también les brindan orientación para hacer un uso adecuado en educación, vivienda o emprendimientos. La clave está en la articulación institucional tanto a nivel nacional y distrital. “Hemos emprendido una estrategia para acompañar a las víctimas, porque hay falsos tramitadores que las están tumbando. Aquí no pagan un peso por nada”, instó Romero.
Víctimas del conflicto en Bogotá: las cifras de la vulnerabilidad
Según el último informe del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado (enero a marzo de 2025), en Bogotá hay 366.485 víctimas identificadas. Un aumento de 1,3 % respecto a diciembre de 2024. De este universo, la mayoría son mujeres (51,8%), afrocolombianos (9,7%) y están en edades potencialmente productivas, entre 18 y 60 años (70,5%). Esta población tiende a concentrarse en sectores del sur y occidente de la ciudad. Las localidades con mayor población son Ciudad Bolívar, donde viven 38.353 personas (10,5%); Kennedy, con 38.009 (10,4%); Bosa, con 36.608 (10,0%); Suba, con 31.082 (8,5%), y Engativá, con 20.663 (5,6%).
Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV), señala que los cinco hechos que más han reportado los afectados que viven en Bogotá son: desplazamiento forzado (331.700 víctimas), amenazas (42.780 víctimas), homicidios (37.170 víctimas), desaparición forzada (8.492 víctimas) y pérdida de bienes muebles o inmuebles (4.068 víctimas).
Lo preocupante de este informe es que, del universo de víctimas, el 66,3% no ha superado su situación de vulnerabilidad y solo el 19% lo ha logrado. Además, derechos como la generación de ingresos (50%), alimentación (40,8%) y vivienda (38,5%) son los más vulnerados. “Estas cifras revelan una precariedad que impide la estabilización socioeconómica, incluso después de procesos de atención institucional”, analiza el observatorio.
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La entrega de cartas, como la que se vivió este jueves en Bogotá, son apenas una parte del proceso de reparación integral. El Estado debe comprometerse con cumplirles a las víctimas y acompañarlas en la reconstrucción del proyecto de vida en el que, al menos en Bogotá, muy pocas lo han logrado.
*Los nombres fueron cambiados a petición de las víctimas por seguridad
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Por María Angélica García Puerto
