Con la premisa de que cada día que pasa la ciudad paga un costo más alto por no haber adjudicado la licitación de la recolección de basuras, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Juan Carlos Junca, pidió a la Corte Constitucional que entregue rápido su visto bueno para que el negocio de $2,5 billones pueda ser adjudicado y la ciudad no se vea ad portas de una emergencia sanitaria.
El alto tribunal suspendió indefinidamente dicha licitación el pasado 18 de agosto, cuando faltaban pocas horas para la adjudicación, hasta que la Uaesp no explicara de qué manera fueron incluidos en los pliegos de condiciones los recicladores de la ciudad. Según Junca, la Unidad respondió dos requerimientos hace ya 25 días y esta es la hora en que no hay respuesta de la Corte.
El aplazamiento del proceso obligó a celebrar nuevos contratos con los actuales operadores de las basuras hasta el próximo mes de marzo, un período que daría tiempo justo para que los nuevos contratistas adquirieran los equipos necesarios para la prestación del servicio. El retraso, dice la Uaesp, podría terminar afectando a los ciudadanos.
“Si de aquí a marzo no hay licitación, o si el nuevo alcalde decide revisar el proceso, se corre el riesgo de dejar sin cobertura a los usuarios más pobres, pues el descreme del mercado hace que los posibles nuevos prestadores que podrían aparecer en la ciudad estarían interesados en atender solamente a los usuarios que efectivamente tienen capacidad de pago”, advierte Junca.
Esto porque actualmente se está prestando el servicio bajo el esquema de la libre competencia, situación que cambiaría una vez se adjudique y empiecen a regir las Áreas de Servicio Exclusivo.