
Lo que sobre el papel parecía una intervención para mejorar la infraestructura de justicia en Bogotá terminó convirtiéndose en un desafío de ingeniería, tiempo y recursos. En la URI de Suba, una edificación de los años ochenta reveló problemas estructurales que obligaron a replantear parte de la construcción. En Puente Aranda, la ampliación de un centro de reclusión enfrentó un obstáculo: ejecutar los trabajos mientras las instalaciones permanecían ocupadas.
Aunque las dificultades fueron distintas, ambas obras terminaron compartiendo el mismo escenario: modificaciones en los diseños, actividades adicionales, prórrogas y recursos bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá. La auditoría, divulgada el 29 de octubre, identificó hallazgos con incidencia fiscal por $11.246 millones entre los dos proyectos, como parte de nueve hallazgos que superan los $20.000 millones en contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
En Puente Aranda, las observaciones ascienden a $8.100 millones por actividades no previstas, sobrecostos en una reja metálica de seguridad y pagos adicionales de interventoría. En Suba, los $3.146 millones cuestionados corresponden a trabajos no contemplados y mayores pagos de supervisión técnica derivados de las prórrogas.
En diálogo con El Espectador, el secretario de Seguridad, César Andrés Restrepo, atribuyó las dificultades a deficiencias de planeación de los proyectos, cuyos contratos fueron suscritos durante la administración anterior, en 2023. “Arreglar el problema nos ha tomado tiempo y plata”, resumió Restrepo, quien defendió las modificaciones para evitar que las inversiones quedaran inconclusas.
¿Qué pasó con el centro de reclusión de Puente Aranda?
El Centro Especial de Reclusión surgió después de la pandemia como alternativa para atender las necesidades de detención en Bogotá. Durante la administración anterior se decidió ampliar su capacidad mediante una segunda fase de construcción. Sin embargo, el proyecto contemplaba ejecutar la ampliación mientras las instalaciones permanecían ocupadas. Según Restrepo, esa decisión se convirtió en uno de los principales obstáculos.
“Pasados cuatro meses el constructor nos dice: ‘Venga, es que ese diseño con esa gente adentro no se puede desarrollar. Les toca sacar a la gente de ahí’”, relató. La advertencia obligó a reorganizar las etapas de construcción y liberar los espacios necesarios. A esto se sumaron modificaciones no contempladas en los diseños originales. La Secretaría mencionó refuerzos estructurales de columnas, ajustes en la cimentación, cambios en redes eléctricas, instalación de una planta eléctrica de suplencia y sistemas contra incendios.
Restrepo explicó que el problema no consistía únicamente en incorporar materiales adicionales, sino en reorganizar la secuencia constructiva para ejecutar las diferentes fases. “Son todas las acciones que hubo que desarrollar para corregir el plan constructivo, subsanar los problemas de diseño y terminar la obra”, señaló.
Un ejemplo fue el traslado de una planta eléctrica que, según la entidad, debía ubicarse en un espacio más adecuado para la seguridad del centro. El cambio implicó nuevas conexiones y canalizaciones. El CER II registra un avance físico del 97%, según la Secretaría de Seguridad. Durante la entrevista, Restrepo prevé que el centro entre en funcionamiento en febrero de 2027, siempre que no surjan nuevos contratiempos.
¿Por qué aumentaron los costos?
La Contraloría cuestionó los pagos por actividades no previstas, el suministro e instalación de una reja metálica y los recursos adicionales destinados a la interventoría. La Secretaría sostiene que los cambios respondieron a necesidades técnicas y que cada modificación requiere soportes, cotizaciones y aprobación de la interventoría.También explicó que los ajustes pueden aumentar determinadas cantidades de obra y reducir otras, por lo que considera necesario evaluar el balance completo del contrato.
Según sus cálculos, la Contraloría no habría descontado aproximadamente $3.037 millones correspondientes a menores cantidades de obra. Además, aseguró que el valor señalado sobre los pagos de interventoría supera en $482 millones lo efectivamente pagado durante las prórrogas. “Las obras no se pueden tener si no se tiene un interventor”, sostuvo Restrepo, al defender que ampliar los plazos también obliga a mantener vigente el contrato de interventoría.
URI de Suba: una estructura antigua que complicó la obra
En la URI de Suba, las dificultades comenzaron con una decisión de planeación: aprovechar una edificación de los años ochenta en lugar de construir una nueva.Según Restrepo, los estudios de la administración anterior contemplaban adecuar esa estructura para prestar servicios de justicia. Sin embargo, durante la ejecución se encontraron condiciones que dificultaron los trabajos.
De acuerdo con la información técnica de la entidad, las verificaciones identificaron columnas con resistencias del concreto iguales o inferiores a 1.500 PSI, acero corroído y elementos que no cumplían la norma sismorresistente NSR-10. También se encontraron dificultades en las condiciones del suelo, que obligaron a incorporar más elementos de reforzamiento.
Entre las intervenciones adicionales están la instalación de micropilotes, el reforzamiento de columnas y pantallas, ajustes en la cimentación y modificaciones eléctricas. La Secretaría asegura que estos trabajos eran necesarios para garantizar la estabilidad de la edificación y fueron avalados por la interventoría. Sin embargo, la Contraloría cuestionó las deficiencias de los estudios y diseños, así como los pagos adicionales ocasionados por la prolongación del contrato. La URI continúa en ejecución y no se precisó una fecha definitiva de entrega.
¿Quién responde por los problemas de las obras?
Para Restrepo es fundamental determinar cuándo surgieron las dificultades que afectaron los proyectos. El secretario explicó que los contratos correspondientes a los diseños fueron suscritos en 2023, mientras buena parte de la ejecución ha correspondido al actual gobierno distrital. En el caso del CER II, indicó que las posibles responsabilidades por los diseños originales están siendo examinadas en una instancia judicial, aunque no precisó el estado de esas actuaciones. No obstante, el origen de los contratos no determina por sí solo quién debe responder. Las responsabilidades deberán establecerse según las actuaciones de quienes participaron en la planeación, contratación, ejecución y supervisión.
La discusión ocurre mientras Bogotá intenta mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de Policía, utilizadas como Centros de Detención Transitoria. Según cifras divulgadas por la Secretaría de Seguridad con corte la 31 de octubre, el hacinamiento pasó del 172 % en agosto de 2025 al 20,6 % en octubre de 2026, una reducción de 151,4 puntos porcentuales.
La entidad atribuye la disminución al trabajo conjunto con el INPEC, la Policía y la Rama Judicial. Durante un encuentro interinstitucional, el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo destacó que los juzgados creados por el Consejo Superior de la Judicatura habían proferido 399 decisiones de fondo relacionadas con personas privadas de la libertad. Pese a la reducción, los centros de detención transitoria todavía registraban una ocupación superior a su capacidad.
Combustible: el otro frente de la auditoría
Además de las obras, la Contraloría identificó observaciones por $8.737 millones relacionadas con el suministro de combustible para vehículos oficiales. El organismo cuestionó deficiencias en la supervisión del consumo e inconsistencias en los registros de kilometraje de 752 vehículos examinados. Restrepo explicó que el abastecimiento funciona mediante chips asociados a cada automotor y límites de consumo autorizados. “Nosotros no hemos pagado combustible que no se haya consumido, que no esté registrado en el chip”, aseguró.
El secretario argumentó que los vehículos de organismos de seguridad pueden permanecer encendidos sin desplazarse, cumplir operaciones prolongadas o transitar por terrenos que incrementan el consumo. Por eso, considera que las fichas técnicas no reflejan sus condiciones reales de operación. La Secretaría también aseguró que el contrato fue auditado en 2025 sin hallazgos fiscales.
¿Qué sigue con los recursos cuestionados?
Restrepo insistió en que un hallazgo con incidencia fiscal no constituye una decisión definitiva sobre detrimento patrimonial ni establece automáticamente responsabilidades. La Secretaría sostiene que los trabajos adicionales quedaron incorporados a edificaciones del Distrito y que los pagos respondieron a necesidades técnicas. Sin embargo, ejecutar una actividad no demuestra por sí solo que su costo o contratación hayan sido adecuados.
Las observaciones seguirán el trámite correspondiente ante la Contraloría, que evaluará los soportes y determinará si existen fundamentos para avanzar en procesos de responsabilidad fiscal.
Mientras tanto, el CER II tiene como horizonte de entrega febrero de 2027 y la URI de Suba continúa en construcción. Más allá de la controversia por los recursos, permanece una pregunta: ¿por qué dos proyectos destinados a fortalecer la justicia de Bogotá llegaron a su ejecución con problemas que obligaron a modificar diseños, ampliar plazos y destinar dinero adicional?
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