Vecinos de portales de Transmilenio interponen tutela para frenar vandalismo

Es de resaltar que los autores de la tutela no esperan que con esta acción judicial se afecte el derecho a la protesta legítima y pacífica

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cansados de las protestas que se vienen presentado generalmente el día 28 de cada mes, los vecinos de los portales Américas, Suba y Usme, junto a la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, interpusieron una tutela ante el Consejo de Estado para que se tomen las medidas necesarias que permitan frenar los actos vandálicos que afectan sus derechos y se efectúe la reparación de los daños en estos sectores.

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Con esta acción, los ciudadanos piden que se ordene al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano; a la alcaldesa Claudia López, al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y al director de la Policía Nacional que adelanten las “acciones legítimas para recuperar el orden público” en los barrios aledaños a los portales.

Las más de 30 personas que firman la tutela reclaman la protección de sus derechos a la seguridad personal, la propiedad privada, la salud e integridad; al mínimo vital, la seguridad alimentaria, la libre locomoción, la libertad de expresión y una vida en condiciones dignas.

Para ello, sugieren que se contemple la necesidad de militarizar los barrios colindantes con los portales Suba, Américas y Usme. Además, solicitan la reparación al espacio público y sobre todo el cumplimiento de los compromisos pactados con la Alcaldía de Bogotá en temas de seguridad y convivencia.

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En el documento están anexadas algunas pruebas que demuestran las afectaciones que sufren los residentes de estos sectores, representados en daños materiales en viviendas y locales, intimidaciones que perjudican la salud mental y física; amenazas contra la vida, bloqueos que impenden la movilidad y hurtos o extorsiones que, según ellos, son constantes durante las manifestaciones convocadas por el Comité de Paro y la Primera Línea.

A esto se suma que, argumentan que la vulneración de sus derechos han sido puestas en conocimiento a la alcaldesa mayor, a los alcaldes locales, delegados de Secretaría de Gobierno, Movilidad, Seguridad y otras entidades distritales. Los ponentes de la tutela aseguran que se han pactado algunos compromisos, pero, luego de seis meses de manifestaciones no se han cumplido.

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“Hemos sufrido noches de agravio, daños a nuestras propiedades, violencia, malos tratos, por parte de miembros de la Primera Línea que ingresan a nuestros barrios, a nuestros conjuntos y calles aledañas para generar disturbios, con quema de llantas, con el humo y los olores porque se dedican a consumir drogas, los que tenemos negocios no podemos trabajar porque nos roban, nos rompen vitrinas o nos amenazan”, aseguran los vecinos que promueven la tutela.

Es de resaltar que los autores de la tutela no esperan que con esta acción judicial se afecte el derecho a la protesta legítima y pacífica, pero sí es necesario que se interpongan unas exigencias mínimas para que las protestas no afecten los derechos de quienes no se movilizan.