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En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra un mayor (comandante del Grupo de Operaciones Especiales) y dos patrulleros de la Policía Nacional, a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputa los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo, el ente acusador dio a conocer varios videos que serán clave en el proceso contra los uniformados.
La fiscal del caso María Teresa Polanía, apoyada con este material, reconstruyó el recorrido de los hechos ocurridos el 19 de enero de este año, cuando un comerciante del sector de San Andresito (centro de Bogotá) fue abordado por dos miembros de la Policía cuando se encontraba en el centro comercial Puerto Príncipe, con una suma de $753 millones en un maletín.
La Fiscalía señaló que los patrulleros intimidaron al comerciante diciéndole que el dinero que llevaba era proveniente del narcotráfico y que fue obligado a salir del lugar e ir a una cafetería cercana, a donde llegó otra persona, que se identificó como capitán de la Policía, quien le advirtió que lo llevarían detenido.
Los imputados, agregó la fiscal, se lo llevaron primero en un taxi hasta una estación de gasolina donde llegó en una camioneta otro hombre, que fue identificado como mayor activo de la Policía. Allí, la víctima subió con dos de ellos al vehículo y dejó el maletín en el baúl, mientras el otro se fue en una motocicleta de la policía.
En el trayecto, los uniformados le habrían dicho al hombre que se bajara para que hiciera una llamada en un puesto de venta de minutos ambulante. Una vez descendió del vehículo y se dirigió a llamar, la camioneta aceleró y abandonó el lugar, llevándose el maletín con el dinero.
“Se le violó su libertad de locomoción, se retuvo a una persona. Lo acompañaron, lo doblegaron, lo privaron de un derecho de locomoción, y estas personas uniformadas lo que hicieron fue coartar esa libertad”, manifestó la fiscal Polanía en la audiencia, luego de dar a conocer los videos de las cámaras de seguridad que su equipo investigador recaudó de las zonas en las que se movilizaron los uniformados con el comerciante, así como los análisis link (registro espacio-temporal) de las llamadas telefónicas que realizaron los tres sujetos durante el tiempo que estuvieron con el comerciante.
Este es parte del video revelado por la Fiscalía:
“Las entrevistas que realizamos comprueban que en ese maletín iba dinero y que se quedó dentro de la camioneta, lo cual es apoderamiento de bien mueble ajeno. Ellos se estaban aprovechando y asuntándolo con que lo iban a detener. Eso es un hurto calificado”, expresó.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Sáenz, representante del comerciante, pidió una medida adicional para que, en caso de que haya condena, haya una reparación integral por el robo de los $753 millones.
Entre tanto, el abogado defensor del Mayor implicado expresó que el ente acusador estaba inflando la imputación por secuestro contra su cliente y pidió que no sea privado de la libertad, para proteger a sus hijos menores de edad y a su esposa, para “no dejarlos desprotegidos”. Por lo cual, pidió que, si se tomaba la decisión de privarlo de la libertad, esta fuera domiciliaria. A esta petición también se sumaron los abogados defensores de los patrulleros.
La audiencia fue suspendida por el Juez 27 con función de control de garantías y reprogramada para el próximo lunes 19 de abril, en la que decidirá si los tres policías deberán enfrentar el proceso en su contra privados de su libertad.