Riesgo bajo el mismo techo: el silencioso récord de la violencia intrafamiliar en Bogotá

El triple feminicidio, en el barrio Atalayas, de la localidad de Bosa, refuerza las alertas frente a un delito que cumple cuatro años creciendo en Bogotá: la violencia intrafamiliar. El 24 de marzo, dicen las autoridades, Cristian Valencia asesinó con arma blanca a su pareja Deisy Anaimer Granados Arboleda, de 42 años, y a sus hijastras Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela, de 17. Luego intentó quitarse la vida con veneno, antes de su captura.

Pero este caso no es un hecho aislado, sino la máxima expresión de una grave crisis que enfrenta la capital: los hogares cada vez son escenarios más inseguros para las mujeres y los niños. Para el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde), “estamos ante la crisis más grave de la historia reciente”. Y su afirmación la respaldan las estadísticas. En ellas se observa cómo entre 2022 y 2025 las denuncias crecieron, en promedio, 12 % cada año. Para dimensionar la situación, Bogotá pasó de registrar 94 denuncias diarias en 2022 (atendieron 33.857 casos en el año) a 131 en 2025 (atendieron 47.368).

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El panorama en 2026 es peor: en el primer bimestre se contabilizaron 8.748 denuncias, un aumento del 33 % si se compara con el primer bimestre de 2025; del 75 % si se hace con el de 2024, y del 125 % frente al de 2023. Hoy el promedio de denuncias diarias es de 149, es decir, una cada 10 minutos. Lo que más preocupa es que, a pesar de las inversiones y los programas, detrás de este aumento de violencia se esconde un déficit institucional de comisarías de familia; fallas en las cadenas de custodia y una constante en los casos del feminicidio: cuatro de cada 10 víctimas buscaron antes ayuda y no la recibieron o fue a medias.

Perfil de las víctimas: mujeres y niños, los más vulnerables en 2026

El triple feminicidio en Bosa no solo refleja la crisis, sino a las principales víctimas de la violencia intrafamiliar: las mujeres. En el primer bimestre de 2026 representaron el 71,3% de los casos (50,8% adultas, 6,8% niñas, 6,5% ancianas y 4,3% adolescentes) y siguen siendo una tendencia a lo largo del tiempo, lo que evidencia un delito con un estructural patrón de género.

El concejal Sastoque llama la atención sobre un dato clave, que podría pasar inadvertido: el aumento de niños víctimas de este delito. En lo corrido del 2026, las denuncias han aumentado 76,3%, al pasar de 726 casos en el primer bimestre de 2025 a 1.280 en el de 2026. En general, los niños, niñas y adolescentes se ubican como las segundas mayores víctimas, con 24,5% del total de casos en el primer bimestre del año.

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Y si bien el aumento de las estadísticas lo interpretan las autoridades como más confianza de las víctimas en las autoridades y sus programas, el subregistro y el silencio persisten y ocultan la verdadera dimensión del problema. Se estima que las mujeres denuncian menos que los hombres (38,3% frente al 45,1%), lo que sugiere que más de la mitad de los casos de la violencia siguen en el anonimato, alimentándose del miedo y el silencio forzado.

Localidades críticas en Bogotá: ¿dónde hay más denuncias de maltrato?

La violencia intrafamiliar en Bogotá tiene epicentros geográficos claros. Seis de las 20 localidades de Bogotá concentran el 56% de las denuncias: Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Engativá y Usme (cuatro de ellas en el sur de la ciudad) concentran cinco de cada 10 casos.

Como datos particulares se tiene que, en Ciudad Bolívar, por ejemplo, la mayoría de los reportes se registran en las madrugadas; en Kennedy, las que más denuncian son las mujeres adultas, y en Suba y Engativá, hay más casos de agresiones contra adolescentes e infantes durante las primeras horas del día. Engativá, por su parte, presenta una tendencia preocupante de maltrato hacia adultos mayores.

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Un análisis detallado de las cifras muestra cómo la fuerza bruta es la principal arma para cometer este delito. La categoría predominante es “sin empleo de armas”, lo cual hace referencia a golpes, empujones o asfixia. Sin embargo, cuando el agresor decide escalar la letalidad, las armas contundentes (palos, piedras o herramientas) son los objetos más usados. El uso de armas blancas o cortopunzantes, como ocurrió en el triple feminicidio en Bosa, aunque menos frecuente, está relacionado con los casos de mayor gravedad.

Crisis en las Comisarías de Familia: ¿por qué falla la protección en Bogotá?

La crisis no es solo de convivencia, sino de gestión pública. El proyecto para ampliar las comisarías de familia en Bogotá revela un déficit estructural: mientras la ley sugiere una comisaría por cada 100.000 habitantes, en la capital hay solo una por cada 210.000. Esta sobrecarga impide que las medidas de protección se dicten con la celeridad que la vida de una mujer exige.

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A esto se suma la desconfianza en el sistema judicial. El caso de Laura Valentina Lozano Torres, una patinadora y estudiante de Ciencias Políticas de 21 años, se convirtió en el símbolo de la impunidad institucional. Laura murió en el apartamento de su expareja en Usaquén, y la decisión de un juez de dejar en libertad al presunto feminicida reabrió una herida profunda. La falta de contundencia, en su momento, para tipificar estos delitos y proteger a las denunciantes envía un mensaje que desincentiva la denuncia.

La Secretaría de la Mujer ha justificado el aumento de las valoraciones de riesgo alegando una mayor capacidad instalada en Medicina Legal, pero los colectivos de mujeres advierten que de nada sirve la valoración si la justicia falla en el momento de la judicialización.

Factores de riesgo: pobreza y brecha de género tras la pandemia

La pérdida de ingresos, la falta de acceso a educación y el aislamiento aumentan el riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). La crisis económica pospandemia y el estrés social también han exacerbado los conflictos domésticos, convirtiendo las frustraciones externas en agresiones internas, dice el informe.

Para contrarrestar esta epidemia de violencia, el Distrito ha planeado aumentar las Comisarías de Familia, para reducir el déficit de atención y mejorar el servicio psicosocial; mejorar en las valoraciones de riesgo, para evitar que las agresiones terminen en feminicidios, e impulsar entre la justicia la necesidad de que jueces y fiscales apliquen protocolos con perspectiva de género, para evitar que los agresores recuperen la libertad por “vacíos procesales”.

La secretaria de la Mujer, Laura Tami, en la columna “La igualdad es una apuesta política”, que publicó en El Espectador, indicó que en 2025, Bogotá destinó COP 5,97 billones en el presupuesto para las mujeres, para fortalecer el Sistema Distrital de Cuidado, conformar redes seguras por toda la ciudad y consolidar una apuesta para fortalecer la autonomía de las mujeres “brindando herramientas que contribuyen al cierre de la brecha digital y el empleo, entre otras. Son avances importantes, pero insuficientes frente a desafíos estructurales que superan a una sola administración”.

En medio de toda esta situación, es claro que, por muchos esfuerzos, el hecho de que cada hora se reporten seis víctimas de violencia intrafamiliar indica que se debe ir más allá de la atención. Las estadísticas no son simples números, sino el reflejo de un problema que está afectando el tejido social desde lo más íntimo: el hogar. De lo contrario, el incremento de la violencia seguirá siendo un escenario de riesgo inminente para miles de bogotanas y sus hijos.

Los últimos casos deben ser puntos de inflexión, porque erradicar la violencia de los hogares no puede ser una tarea secundaria, sino el principal reto de seguridad, si se quiere evitar que lo que ocurre en las familias se refleje en las calles.

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