Es difícil hablar del hospital San Juan de Dios sin referirse a sus ocupantes: once trabajadores y sus familias que, como protesta, ocuparon parte del centro asistencial cuando éste dejó de prestar servicios en 2001, pues consideran que tienen derecho a mejores liquidaciones y pensiones. Se han metido en entuertos jurídicos, de los que aún esperan definiciones, y mientras tanto ven pasar el tiempo desde allí. ¿Qué será de ellos ahora que el alcalde Gustavo Petro decretó la expropiación de esos edificios?
En el anuncio de esta decisión, la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, anunció que a esas familias se les hace una caracterización con el fin de tomar medidas que solucionen su situación, y agregó que las han acompañado en algunas peticiones judiciales y que podrán ser incluidas en proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP).
El Espectador habló con dos trabajadores, Álvaro Forero y Blanca Flor Rivera, quienes coinciden en sus críticas a la falta de información sobre la expropiación y las implicaciones que tendría para ellos. Álvaro, que laboró en el departamento de lavandería, dice: “Algunos aceptaríamos la oferta de una vivienda, pero que nos den una casa propia, para irnos de aquí con la escritura en la mano”. Blanca Flor, que trabajaba en el área de cartera, dice, al contrario, que no está pidiendo vivienda sino que le reconozcan las acreencias laborales que viene reclamando mediante tutelas.
Este es un punto importante para tener en cuenta en este caso, pues, aunque la Alcaldía se quedará con el hospital, no hereda ninguna obligación prestacional ni litigio de ese tipo. Con esos pleitos deberá seguir lidiando el agente liquidador de la extinta Fundación San Juan de Dios, Pablo Leal, según él mismo explica.
En lo que sí entró a terciar el Distrito fue la oferta de posibilidades de traslado para los ocupantes. El 12 de junio pasado, 28 días antes de decretar la expropiación, Petro firmó el decreto 227, que prioriza a los habitantes del San Juan de Dios como beneficiarios de un “programa de acompañamiento integral” para personas que deban salir de predios ocupados que la Alcaldía pretenda recuperar. Allí se establece la posibilidad de reasentarlos, pero ellos —al menos Álvaro y Blanca Flor— son escépticos y piden más claridad.
No es un conflicto menor. La intervención para recuperar el hospital deberá guiarse por el Plan Especial de Manejo y Protección que elaboró la Universidad Nacional y del que ya se ejecutan obras de la primera etapa. En meses pasados, sin embargo, la directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, María Eugenia Martínez, le dijo a este diario que un punto crucial para poder entrar a intervenir es hallarle una salida a la ocupación de los trabajadores, que ajusta 14 años.