Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La alcaldía de Zipaquirá endureció el tono frente a las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones que operan en la ciudad. El alcalde Fabián Mauricio Rojas García radicó un requerimiento formal dirigido a los principales operadores de la red, en el que les exige poner en marcha un plan inmediato para retirar, identificar y reorganizar el cableado aéreo que invade el espacio público.
El llamado fue enviado de manera directa a empresas como Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB y DirecTV, estableciendo un plazo improrrogable de 15 días para responder de fondo, detallar las medidas que adoptarán, designar responsables y fijar cronogramas de ejecución.
La decisión de la Alcaldía responde a un panorama crítico detectado en las calles: cables caídos o a baja altura que representan peligros constantes para transeúntes y vehículos, redes sin identificación, rollos de cable abandonados en los postes y una sobrecarga general de la infraestructura física. "Zipaquirá necesita conectividad, pero también necesita seguridad, orden urbano y respeto por nuestro espacio público. No podemos normalizar cables abandonados, redes sin identificar o elementos que representen riesgos para nuestros ciudadanos", afirmó el alcalde Fabián Rojas.
Exigencias puntuales y la protección del centro histórico
El requerimiento de la administración no se limita a limpiezas superficiales. Las exigencias planteadas a las operadoras se dividen en varios frentes:
- Retiro inmediato: Desinstalar todos los cables en desuso, abandonados o que cuelguen de forma peligrosa.
- Identificación: Marcar de manera visible cada red para establecer responsabilidades claras por empresa.
- Atención prioritaria: Intervenir de forma urgente los puntos críticos identificados en el municipio.
- Reorganización y subterranización: Establecer un plan por sectores y avanzar progresivamente hacia el soterramiento de redes, especialmente en el centro histórico de Zipaquirá y su zona de influencia, debido al alto valor patrimonial y turístico del sector.
Acciones judiciales
El documento radicado por el mandatario local no es más que una simple advertencia administrativa. En términos jurídicos, representa la reclamación previa que exige la ley antes de entablar acciones legales colectivas. Así las cosas, la Alcaldía advirtió que, si las empresas de energía y telecomunicaciones responden de manera evasiva, presentan informes genéricos o incumplen los plazos y compromisos establecidos, el municipio acudirá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante una acción popular.
Con este recurso judicial, la administración buscará la protección judicial de derechos colectivos fundamentales, tales como el goce de un ambiente sano, la defensa del espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de desastres y el desarrollo urbano ordenado.
"No queremos simplemente quitar unos cables y que en unos meses volvamos a tener el mismo problema. Queremos establecer una solución de largo plazo para ordenar las redes de Zipaquirá y avanzar hacia una ciudad más segura y organizada", concluyó Rojas. Con esta actuación, el municipio busca erradicar un problema normalizado y elevarlo a una agenda prioritaria de seguridad ciudadana.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.
Conoce más
