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La Defensoría del Pueblo emitió este viernes 5 de diciembre un comunicado haciendo un llamado “a las autoridades nacionales, departamentales y municipales” para que garanticen los derechos de las personas y comunidades que se están viendo afectadas tras la declaratoria en alerta Naranja de la actividad del volcán Puracé.
En su pronunciamiento, la entidad recopiló varias de las situaciones que generan preocupación. La primera tiene que ver con la evacuación de la Zona A1, de amenaza alta, recomendada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) horas después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) cambiará el nivel de alerta del volcán.
De acuerdo con la Defensoría, esta “no cuenta con las previsiones mínimas que garanticen los derechos de la población en riesgo. Ello, por cuanto la orden de evacuación carece de información clara y suficiente sobre el proceso que llevará a cabo cada una de las autoridades competentes”.
La institución, que hace parte del Ministerio Público, también identificó que no existe un censo previo y actualizado de las familias en riesgo, lo que impide la caracterización de las personas afectadas.
“La comunidad no dispone de información oportuna y comprensible sobre los medios, tiempos y condiciones del proceso de evacuación, ni sobre las garantías para su eventual retorno. Preocupa la incertidumbre asociada con la manutención de la población evacuada, la salvaguarda de sus bienes y la situación en que quedan cultivos y animales domésticos y de producción”, agregó la Defensoría.
Adicionalmente, la entidad denunció que los alojamientos temporales no cumplirían con los criterios básicos de habitabilidad y que tampoco se evidencia disponibilidad suficiente de servicios de salud, ni rutas de evacuación seguras y efectivas.
Ante esta situación, hizo un “llamado urgente” a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que implementen las medidas necesarias que garanticen los derechos fundamentales y colectivos de la población.
También pidió que “se dé aplicación de los enfoques diferenciales etarios y de género, y también contribuyan a que sean respetados los derechos étnicos de las comunidades”.
La entidad recordó que este tipo de acciones debe llevarse a cabo bajo los principios de dignidad humana y de la protección de la vida, honra y bienes de las personas que serán evacuadas.
Por esto, pidió que se prevean alivios para las familias en créditos bancarios existentes, teniendo en cuenta que la emisión de gases y cenizas dañen los cultivos de papa, fresa, cebolla, entre otros, que hacen parte de las principales actividades económicas de la región, así como de los animales.
Finalmente, la Defensoría pidió que se garanticen “los derechos colectivos sobre el territorio, previniendo posibles escenarios de desplazamiento forzado o despojo territorial de comunidades campesinas y de pueblos étnicos, especialmente de los resguardos Puracé, Kokonuko y Paletará”.
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