Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Espectador conoció de primera mano un informe elaborado por la Procuraduría en el que se alerta de “inconsistencias” en la viabilización y aprobación de un proyecto por COP 630.000 millones en el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), en el que el Minciencias ejerce la Secretaría Técnica.
Se trata de la Convocatoria No. 46 de este órgano de decisión que destina recursos del Sistema General de Regalías a proyectos del sector CTeI en el país. El objetivo de la convocatoria, como contamos en este diario hace varios meses, es impulsar el desarrollo de inteligencia artificial en el país.
Tal como se planteó inicialmente en los términos de referencia, el plazo para presentar las propuestas a esta convocatoria era de solo un mes, algo que generó críticas en el sector de ciencia.
El pasado 2 de febrero, como registramos en esta noticia, la Procuraduría realizó una visita sorpresa al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de revisar la información alrededor de esta convocatoria. Luego de la visita, el ente de control alertó sobre las posibles inconsistencias, mientras que el Minciencias respondió que la convocatoria se encontraba en etapa de revisión, sin que hubiese un proyecto aprobado, y que respondió a todos los requerimientos de la Procuraduría.
Ahora, en el informe del procurador delegado para el seguimiento de los recursos del Sistema General de Regalías conocido por El Espectador, se detallan todas las inconsistencias encontradas en esa visita. Además, dice el documento, el Minciencias habría omitido la alerta inicial de la Procuraduría, pues el proyecto fue aprobado pocos días después.
Además, hay dudas sobre los soportes técnicos que debía presentar Internexa S.A., la compañía ejecutora, para comprometer COP 74.000 millones de su presupuesto para cofinanciar una parte del proyecto.
Las inconsistencias en los términos de referencia
El primer punto que señala la Procuraduría en el informe, que puede encontrar en su totalidad al final de este artículo, es que no hay claridad sobre la fase en la que se encuentra el proyecto aprobado.
Los términos de referencia de la Convocatoria 46 establecen que, para postular un proyecto, este debe encontrarse en Fase III. Es decir, en fase de factibilidad. Sin embargo, señala la Procuraduría, “en la información básica registrada en el SUIFP SGR y en la carta de presentación que se generó de la plataforma producto de los datos registrados, se evidencia como un proyecto Fase II; asimismo en la Ficha de Revisión de Requisito del SGR producto del ejercicio adelantado por la Secretaría Técnica del OCAD de CTeI se modificó a Fase III”.
Para la Procuraduría, hay una posible inconsistencia, pues estos documentos son el insumo técnico que se utiliza en el OCAD para hacer la viabilización y aprobación de proyecto de inversión. A esto se suma que “tanto el alcance como los requisitos generales para proyectos de inversión Fase II son diferentes a los requeridos para proyectos Fase III”, advierte el informe.
Otro aspecto que destaca la Procuraduría es que en la misma plataforma que contiene la información del proyecto se señala como entidad ejecutora a la Universidad del Magdalena. Sin embargo, la propuesta fue presentada por la empresa Internexa S.A., a y según la normatividad para este tipo de proyectos la ejecución debe estar a cargo de la misma entidad que figura como proponente.
La reducción del cronograma
Cuando se creó la Convocatoria No. 46, varios actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación advirtieron que el tiempo de presentación de propuestas, que fue de 30 días, era reducido para tratarse de un proyecto de COP 630.000 millones. El ente de control evidenció que varios proponentes presentaron solicitudes para que se ampliara este plazo, pero que no fueron atendidas por la Secretaría Técnica del OCAD.
La Procuraduría señala otros puntos que llaman la atención en el cronograma, que sufrió algunas modificaciones. Tras el cierre de la convocatoria, el viernes 14 de noviembre, había una etapa de carga de documentación sobre el proyecto que estaba pactada entre el 31 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026.
Este plazo se modificó a finales de diciembre, pasando a ser del 29 de diciembre al 5 de enero, como señala el ente de control. Esto afectó las fechas de las dos etapas de revisión por parte del OCAD que seguían tras la carga de documentos de cada proyecto. Aunque el proceso de revisión estaba propuesto para el 30 de enero, terminó haciéndose el 19 de enero.
“Es decir, se observa una reducción del plazo de 11 días, lo cual podría incidir en la suficiencia del análisis técnico requerido”, apunta el procurador delegado en el informe.
El argumento justificatorio que presentó el Minciencias como Secretaría Técnica del OCAD para modificar el cronograma es que se redujo la cantidad de proyectos a evaluar. Es decir, que tras una primera revisión de proyectos habilitados, que se hizo en diciembre, únicamente pasó a la siguiente etapa el proyecto presentado por Internexa S.A.
“Pese al número de proyectos a revisar, la Secretaría técnica indica que cada revisión es autónoma e independiente conforme la transferencia de información suministrada por el proponente; que se realiza de forma integral buscando verificar la coherencia y consistencia del proyecto, es decir, es una actividad técnica que adelantan profesionales de la Secretaría Técnica que requiere de tiempo, (conocimiento) y atención al detalle, donde usualmente lo que se presenta son extensiones en el plazo programado, y no reducciones como ocurrió en este caso”, dice la Procuraduría al respecto.
Una solicitud de Internexa que preocupa a la Procuraduría
El informe también detalla que como parte de las actividades planeadas en el proyecto, la mayor parte del presupuesto está destinado a la construcción de dos centros de datos en Santa Marta, Magdalena, con el fin de crear una nube pública.
Los recursos para esto son de COP 607.000 millones, pero también se contempla que Internexa invierta una contrapartida en especie que supera los COP 74.000 millones. Es decir que, además de ejecutar el proyecto, la empresa pondría una parte de los recursos para la creación de esa nube.
El proyecto fue aprobado el 12 de febrero de 2026 por parte de la Secretaría Técnica del OCAD, hoy compuesta por Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, y Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Esa aprobación se dio 10 días después de que la Procuraduría hiciera la visita sorpresa y alertara posibles inconsistencias en la convocatoria.
A pesar de esto, en el documento de aprobación se registró “que no existe ninguna alerta ni medida de suspensión por parte de órgano de control alguno. Añade que por el contrario se ha fortalecido el canal de comunicación con la Procuraduría”. Además, el documento aseguró que la Procuraduría emitió un concepto en el que daba cuenta de “satisfacción jurídica y técnica” con la información entregada por el Minciencias en la visita.
Como contó El Espectador en esta nota sobre la visita, la misma Procuraduría aseguró que la información suministrada por el Minciencias durante esta inspección no contenía “respuestas convincentes” frente a varios puntos.
Uno de esos es la selección de Internexa S.A. como ejecutora del proyecto por COP 630.000 millones. Siete días después de haberse aprobado el proyecto, el 19 de febrero, Internexa envió una carta al Minciencias advirtiendo de la ausencia de un requisito técnico fundamental.
En el documento, el representante legal suplente, Juan Carlos Hoyos Vélez, explica que los estatutos de Internexa establecen que, para comprometer recursos que superen los US 10 millones (alrededor de COP 37.000 millones), es necesario contar con una autorización de la junta directiva. Es decir, no es una decisión que pueda tomar el gerente de la empresa por sí solo.
“Queremos poner en conocimiento de ustedes que, a luego de una verificación de la Junta Directiva de InterNexa S.A. de los antecedentes de la presente Convocatoria, ha constatado que, a la fecha, dicho órgano corporativo no ha emitido esta autorización. Pese a lo anterior, podríamos realizar todos los esfuerzos para efectos de solicitar rápidamente dicha autorización, si ustedes así lo disponen”, dice la carta enviada por el representante legal suplente.
A pesar de no contar con ese requisito técnico clave para la aprobación de los recursos, la Secretaría Técnica del OCAD aprobó el proyecto el 12 de febrero.
“Con base en lo anterior, se presentan dudas respecto del proceso de selección objetiva del proponente y ahora designado como ejecutor del proyecto de inversión aprobado, teniendo en cuenta que es el mismo quien manifiesta al órgano colegiado que a la fecha de la comunicación 19 de febrero de 2026, es decir 5 días después de la sesión en la que el proyecto fue aprobado no se contaba con los soportes técnicos y financieros que garantizaran en este caso la contrapartida del proponente, que a criterio de esta Procuraduría Delegada, deja en riesgo el cierre financiero del proyecto, pues como es de su conocimiento este recurso hace parte esencial y fundamental de las fuentes de financiación del proyecto de inversión”, señala la Procuraduría.
Finalmente, la Procuraduría aclara que este informe se emitió en el marco de su función preventiva y que la información fue entregada al Minciencias. Ahora, esta entidad deberá revisar los hallazgos y definir si tomará acciones frente a las posibles inconsistencias que encontró el ente de control. Además, deberán informar las acciones que tomen al respecto.
“Las situaciones descritas podrían generar riesgos en materia de legalidad del trámite, adecuada estructuración, revisión, viabilización, priorización y aprobación del proyecto, y protección del patrimonio público, especialmente considerando la magnitud de los recursos comprometidos y el carácter estratégico de la inversión”, concluye la Procuraduría.
Este es el informe de la Procuraduría:
👩🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬
