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Una de las instituciones con mayor importancia y transcendencia creada por la Constitución Política de 1991 es sin duda la Corte Constitucional, que el 17 de febrero de 2022 cumplió tres décadas. En el acto de conmemoración se exaltó a los magistrados y servidores, quienes durante años de trabajo consolidan “una jurisprudencia que ha cambiado la vida de cientos de personas, de distintos sectores de la población, en todos los rincones del país”.
La función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución mediante el control constitucional en abstracto, respecto a las normas con fuerza material de ley y los actos reformatorios de la Constitución, ha tenido un importante derrotero; y mediante el control de constitucionalidad en concreto, en la revisión de las acciones de tutela, la Corte ha hecho posible la materialización de los principios de dignidad humana, libertad e igualdad. Providencias como las de descriminalización del aborto, progresistas y necesarias; las de eutanasia, dosis mínima, matrimonio igualitario y derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ, y el derecho integral a la salud, son muestra de ello.
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El desarrollo del contenido y el alcance de los derechos, cobra un especial significado en la protección de la diversidad étnica y cultural de las comunidades, grupos vulnerables, minorías y sectores de la sociedad con déficit de protección. En esta labor se destacan las sentencias sobre desplazamiento forzado, población carcelaria, inclusión y participación de las mujeres, prevalencia de los derechos de los niños, adultos mayores, trabajadores y trabajadoras sexuales, vendedores informales, migrantes, entre otros; siendo la figura del estado de cosas inconstitucionales un gran acierto.
El bloque de constitucionalidad, esto es, la integración de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos y de derecho internacional humanitario; la incorporación de decisiones de órganos internacionales judiciales y cuasijudiciales del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, robustece el derecho, así como la protección de las personas ante las arbitrariedades de los gobiernos y las autoridades.
También acertó la Corte en la compresión jurídica y social del Acuerdo Final de Paz y su implementación; en el logro de las curules para las víctimas; el alto Tribunal interpretó las necesidades de una sociedad que quiere superar un pasado de dolor y muerte causado por el conflicto armado. En defensa de la democracia y la participación ciudadana limitó la reelección presidencial. El control constitucional sobre la declaratoria de los estados de excepción y los decretos legislativos, ha evitado el ejercicio desbordado del poder del ejecutivo.
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Desde luego que algunos virajes en la jurisprudencia generan inseguridad, por ejemplo, lo concerniente a las consultas populares en proyectos mineros y las corridas de toros. Por otro lado, se percibe como obstáculos el aumento de los requisitos exigidos para presentar demandas de inconstitucionalidad y las sentencias con decisiones inhibitorias por falta de cumplimiento de requisitos formales en las demandas; lo que conduce, incluso, a que en las intervenciones ciudadanas se solicite la declaración de inhibición. Otra gran dificultad, es la demora en el conocimiento público de las sentencias, problema estructural de la justicia; y la ausencia de explicación sobre el alcance jurídico de los comunicados de prensa.
Las expectativas y retos son grandes, la Corte Constitucional tiene a su cargo trascendentales decisiones, donde se espera que continúe la progresividad de las libertades y no se varié la jurisprudencia por presiones políticas o reacciones de ciertos sectores de la sociedad. Hay que seguir mejorando en las tecnologías y optimizar la virtualidad. La Corte continúa siendo un paradigma de fortalecimiento de la democracia, de justicia, de honestidad, de la independencia, de defensa del Estado social de derecho y de los derechos humanos; es, en suma, la esperanza para una sociedad que busca mejores condiciones de vida y que reclama un contrapeso para los abusos de poder. La interdependencia de los derechos humanos, el avance de los derechos fundamentales, sociales y colectivos y de los seres vivos debe continuar.
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Este no es el gobierno de los jueces, ni de los jueces legisladores, son los jueces cumpliendo con la Constitución y protegiendo el orden justo; desacatar las decisiones de los jueces conduce a la ruptura del Estado de derecho y mina la democracia. Reconocimiento a la Corte Constitucional.
