El próximo 13 de marzo cuando Colombia vaya a las urnas para elegir al nuevo Congreso y a los candidatos de las consultas interpartidistas, 167 municipios del país tendrán un tarjetón adicional: el que les permite elegir las 16 nuevas curules de paz con las que se pretende asegurar la participación política de las víctimas del conflicto armado.
Ese punto marca, por fin, el inicio de la figura creada en el punto 2 del Acuerdo de Paz, que le da esa posibilidad de elección a las zonas más afectadas por la guerra. Las 16 Circunscripciones Especiales de Paz abarcan los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.
El camino no fue fácil. Durante cinco años distintos sectores del Congreso se opusieron a estas curules, pero tras una batalla legal, la Corte Constitucional las revivió y el 6 de octubre del 2021 a través del Acto Legislativo 02 de 2021, finalmente se les reconoció el derecho a las víctimas de ocupar sus escaños en el Congreso por dos periodos: 2022-2026 y 2026-2030.
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Pese a ello, los y las candidatas siguen enfrentando obstáculos, como la falta de financiación de sus campañas políticas y una serie de actos violentos en sus territorios que significan un riesgo para sus vidas.
¿Qué encontrará en el especial multimedia?
Colombia+20 y Rutas del Conflicto construyeron un especial multimedia (Haga clic aquí para ingresar a ese trabajo multimedia) que reúne información sobre las circunscripciones de paz y sus contextos de violencia (masacres cometidas en el último año, líderes y lideresas y firmantes de paz asesinados, entre otras). Además, un completo perfil sobre quiénes son 396 aspirantes a las curules de paz.
Siguiendo con nuestra sección ‘Más verdad menos cuento’, el especial cuenta con un video con cinco claves para entender la importancia de las curules de paz y otros datos para no caer en los mitos y desinformaciones que se han generado alrededor de estas.
El trabajo multimedia también cuenta con una línea de tiempo en donde se pueden explorar las fechas e hitos más importantes de la creación de las Circunscripciones de Paz, desde el nacimiento de la propuesta el 24 de noviembre de 2016 hasta las votaciones de este 13 de marzo.
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La información de los candidatos
El 13 de diciembre del 2021 se cerraron las inscripciones para los aspirantes a las curules de paz. A la fecha se conocen 396 candidatos y candidatas, quienes deben cumplir ciertos requisitos para estar en esas curules, como haber nacido en uno de los municipios de las circunscripciones o haber o vivido tres años consecutivos -esto teniendo en cuenta que algunos de ellos puede ser víctimas de desplazamiento forzado-. Además, ser reconocidos como víctimas de algún hecho victimizante, ya sea individual o colectivo.
El especial contiene una base de datos que condensa información clave de los candidatos y candidatas. Por cada aspirante encontrará una tarjeta con la circunscripción a la que pertenece y la organización de víctimas a la que representa. También si tiene sanciones en la Procuraduría o en la Contraloría, multas de tránsito, condenas, si ha sido candidato en elecciones anteriores, si tiene contratos con el Estado, si cuenta con el apoyo de clanes políticos tradicionales y si ha recibido amenazas o atentados en su contra.
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En “Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso”, también podrán encontrar una serie de investigaciones hechas por el equipo de Colombia+20, que le puso el ojo a varias candidaturas denunciadas por tener apoyo de maquinarias políticas tradicionales o algunas que, aún cumpliendo los requisitos legales, podrían tergiversar el objetivo con el que se crearon estas circunscripciones: dar voz y representatividad a quienes más han sufrido el conflicto armado.
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Un ejemplo documentado recientemente es el del candidato a la curul del Sur de Córdoba, Franklin de la Vega González, quien tiene una carrera política de más de 30 años en el Partido Liberal, en la que se lanzó tres veces a la alcaldía de Tierralta y apoyó a políticos condenados por nexos con el paramilitarismo. Con su campaña denominada #LaVozDeLasVíctimas, González sostiene que no incumple ningún requisito legal, pero las víctimas reclaman que su posible elección va en contra de lo establecido en el Acuerdo.
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Otra investigación fue la de la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Testimonios sostienen que el director de la Unidad de Víctimas territorial Cesar-Guajira le hace campaña a Tovar y que desde un sector nacional de víctimas empujan su candidatura. Además, las oficinas de esa entidad funcionan en un edificio que es propiedad de la familia del exjefe paramilitar. Y uno más sobre Pedro Norberto ‘Peyo’ Castro Araújo, de quien se ha denunciado que es la carta del clan Castro Araújo para tener la curul de paz de Cesar,
Durante meses, el equipo de Colombia +20 ha hecho un seguimiento riguroso a los obstáculos que han afrontado los candidatos y candidatas como el cobro de millonarias pólizas que impiden el desembolso de recursos para los y las candidatos. Hace una semana y a menos de un mes para las eleccciones, Colombia+20 reveló que ningún candidato había recibid anticipos para las campañas políticas. Ello sin contar con las afectaciones registradas en esas zonas, según el Mecanismo Unificado de Monitoreo, herramienta del Sistema Integral para la Paz.
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Riesgo de violencia y electoral
Por último, registramos el mapa de riesgo para las curules realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE). De acuerdo con esta organización, de los 167 municipios que conforman las circunscripciones, 97 registran riesgo, ya sea por violencia o fraude electoral. De esos, 43 están en riesgo extremo, ubicados principalmente en el Bajo Cauca antioqueño; la circunscripción de Nariño, Cauca y Valle; y el Catatumbo.
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Para esa alerta, la MOE incluyó en sus variables la presencia de las disidencias de las Farc, Eln, Epl, de grupos armados organizados (como las Agc o Clan del Golfo), la intensidad de las acciones violentas, el riesgo por desplazamiento forzado y violaciones a la libertad de prensa.
Sobre el riesgo electoral, de acuerdo con el reporte de la MOE, de los 167 municipios hay 94 en riesgo por fraude electoral, equivalente al 56% del total. Estos se concentran principalmente en el Bajo Cauca antioqueño, Montes de María y Chocó. Ese riesgo está construido con base en el nivel atípico de participación electoral, la atipicidad en el nivel de votos nulos, la atipicidad en el nivel de tarjetones no marcados y en las limitaciones a la competencia democrática reflejadas en el dominio electoral.