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16 Mar 2022 - 5:15 p. m.

Tierra, coca y carne

Corporación Viso Mutop

El mercado y las políticas públicas impulsan un conjunto de actividades que contribuyen a la deforestación en la Amazonía.

Tierra, coca y carne
Foto: El Espectador

A pesar de que la cooperación internacional ofrece compensaciones económicas a cambio de la reducción de la deforestación, y funcionarios y empresarios sobrevuelan Chiribiquete en helicóptero mientras se lanzan proyectos ambientales, siguen sin comprenderse las dinámicas que impulsan los mercados y los consumos, sobre la Amazonía colombiana.

Para el mercado mundial, la Amazonía colombiana, ha sido un lugar “baldío” para extraer recursos naturales con impunidad, una fuente de materias primas, según las necesidades del momento: caucho, pieles, quina, minería, cocaína, petróleo y vacas. La Casa Arana se especializó en la comercialización del látex explotado con mano de obra indígena en condiciones de esclavitud, práctica que fue denunciada por el irlandés Roger Casement a comienzos del siglo XX y que Mario Vargas Llosa recrea en su novela El sueño del celta.

Por otra parte, esta región es también el lugar sobre el que se arrojan y manifiestan varios problemas nacionales. Uno de ellos, el más recurrente, la inequitativa distribución de la tierra. La implementación de la contrareforma agraria, esbozada en el Pacto de Chicoral de 1972, arrastró a miles de personas sin tierra a las vastas planicies del Guaviare, Meta y Caquetá. La colonización de El Retorno (Guaviare), que se relata en Selva Adentro, casi fracasa cuando la producción agrícola no recibió respaldo gubernamental. El cultivo de coca para pasta base apareció como colchón de amortiguamiento de los procesos de colonización de campesinos sin tierra.

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Algunos políticos culpan a la coca de ser responsable de la deforestación pero las alertas por calor e incendios detectadas en enero pasado por el IDEAM, muestran que la ganadería extensiva, promovida por inversionistas ligados a jefes políticos locales, en San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, para citar dos casos, lleva la delantera en la destrucción de los bosques. San Vicente del Caguán, por ejemplo, se acerca al millón de cabezas de ganado. Según datos del Comité departamental de ganaderos del Caquetá, en su publicación “cifras de contexto ganadero del Caquetá”, para 2019 ya tenía más de novecientas mil unidades.

La guerra librada desde el Estado con el nombre de Plan Colombia para apaciguar a las guerrillas, en nombre de la lucha contra drogas, se llevó por delante derechos del campesinado e indígenas, igual que ahora lo hace la cuestionada Operación Artemisa en nombre del medio ambiente. Más allá de la crítica contra la potrerización y el consumo de carne, conviene analizar algunos rasgos de la cultura productiva de la pasta base de coca y de la ganadería bovina.

La pasta base se compra en la finca, por lo general a un precio estable y con mercado asegurado. El cultivo brinda varias cosechas al año por lo que hay dinero circulante que periódicamente irriga a toda la economía local; dinero que aumentó cuando el campesino le quitó la alquimia a los “químicos” en los años 80, agregando valor él mismo en su predio. Además, la pasta genera mano de obra y se convierte en moneda cuando escasea el efectivo siendo aceptada como garantía de crédito.

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Pero la ilegalidad obligó a la coca a ser sembrada en lo profundo de la selva, lejos del potencial control de las autoridades, lo que por ello podía apalancar violencias al tiempo que el agricultor se exponía a ser perseguido y presionado. El agricultor de coca abrió trochas y caminos, fundó caseríos, se organizó comunitariamente con sus vecinos, pidió escuelas, puestos de salud, servicios públicos y carreteras. Así mismo, se convirtió, sin querer, en la punta de lanza del latifundio, punto de referencia para la expansión de la frontera agraria y el mercado de tierras.

Allá donde va el último, hasta allá llegará el latifundio, suele decirse en las puntas de colonización. El ciclo observado por Darío Fajardo de migración –conflicto- migración en la región del Ariari, aplica actualmente para todo el norte amazónico. El mercado de tierras está activo – bien sea legal o ilegal- y llega a lo sumo hasta las notarías mediante cartas de compraventa. El campesino, que fue colono, envejece y encuentra en su tierra un ahorro equivalente a una pensión negada por el sistema de seguridad social, por lo que vende con facilidad su fundo ante la pérdida de su fuerza física y la salida de sus hijos del campo. Los compradores suelen ser acaparadores de tierras que especulan, paradójicamente, gracias a las inversiones estatales en vías y electricidad.

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Con la cría de ganado de ceba y leche, sucede más o menos lo mismo, con la diferencia de que ésta es una actividad legal. En Caquetá, la hacienda Larandia montada como emporio demostrativo de la producción ganadera es el hito que miles de caqueteños recuerdan como referente de la expansión de esta actividad económica. En el Meta, los curas jesuitas desde la hacienda Apiay, se encargaron de poblar los llanos con la variedad sanmartinera. San Juan de Arama y San Martín son otros dos buenos referentes en el origen de una actividad que se cuestiona por sus inmensos impactos ambientales.

La ganadería extensiva se impulsó por políticas públicas que se formularon en diferentes etapas. Todos los gobiernos se precian por ello de sus éxitos en el fomento y multiplicación del negocio ganadero. De hecho, el antiguo INCORA y la Caja Agraria expidieron títulos y dieron créditos solamente a quienes probaran que habían deforestado, sembrado pastos, construido corrales y regado vacas. No ocurrió lo mismo con quienes produjeran comida. El imaginario cultural también contribuye a dicha actividad. No es lo mismo ser veguero (productor de vega de río) que ser ganadero. Lo primero es sinónimo de pérdida, lo segundo da status político, económico y social.

Las vacas ofertan leche diariamente con la cual se solventan los costos de administración de la finca. La economía del día a día se complementa con el queso que puede ser almacenado y comercializado en bloque salado desde las veredas a donde no ha llegado la electricidad y la refrigeración, a pesar de los rigurosos controles del INVIMA que le causan dolor de cabeza a los productores. El ganado brinda una garantía de ahorro y venta rápida para sacrificio, en caso de necesidad o emergencia, bien sea un accidente, una enfermedad de un familiar, un viaje inesperado o el pago de la matrícula de un estudiante. Se garantiza así circulante y con buen precio hay movimiento económico.

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En la Amazonía, en la práctica, la tierra es gratis, por la posesión de baldíos, por la carencia de catastros actualizados y la debilidad de las alcaldías locales. La mayoría de fincas ganaderas no pagan impuesto predial y si lo pagan es mínimo. Y el agua también es gratis, cuando la hay, en época de lluvias. Esta realidad conlleva que ante la reproducción del hato lo más fácil es tumbar bosque para ampliar praderas. Muchos intermediarios del tráfico inicial de pasta base conocen bien esta situación. Algunos de ellos cuentan hoy con veredas enteras bajo su propiedad, comprando mejoras o derechos de ocupación a precios irrisorios y han devenido en terratenientes.

Entre los dos sistemas productivos hay vasos comunicantes. Dineros de la coca han sido reinvertidos en vacas. En la economía campesina la ganadería tiene su relato. Dado el peso de la propaganda que estigmatiza al cultivador de coca, en el ánimo de hacerse legales, miles de antiguos cocaleros hicieron el mayor programa de sustitución de cultivos conocido, por cuenta propia, y con escasa asistencia técnica. En ese traspaso los bosques llevaron la peor parte. Con la coca se depreda menos sin duda: es dable que una familia se sostenga con menos de dos hectáreas de coca pero nadie podría subsistir con dicha área para ganadería aunque se haga reconversión.

Y en esta dinámica influyen las políticas del Ministerio de Agricultura y la demanda de carne de res. Después del Acuerdo de Paz, el Guaviare pasó en solo cinco años de 270.000 cabezas de ganado a cerca de 500.000. Casi el doble!! Caquetá produce más de un 1.700.000 litros de litros de leche al día. A finales de 2020, Caquetá contaba ya con 2.160.000 animales según el Fondo Nacional del Ganado. Recientemente, el Ministerio y FEDEGAN se aplaudieron por haber abierto la puerta de la exportación de animales en pie a los países árabes y Rusia. Colombia pasó de exportar 75.000 cabezas de ganado en 2019 a cerca de 400.000 en 2021, según Asocolcarnes.

Cinco reses por cada habitante tiene el Caquetá. Lo mismo el Guaviare. En la Amazonia ya hay más de 3 millones de cabezas de ganado, según el registro de vacunación del ICA para el segundo semestre de 2021. El gremio que cumple con todos los ciclos de vacunación eliminó la fiebre aftosa y por eso se puede exportar. Colombia sorprende. Se vacunan todas las vacas pero no se vacunan todos los niños y niñas, especialmente en las comunidades indígenas. En las campesinas ni siquiera se cuenta con un médico cerca del hogar.

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La capacidad de carga de los suelos amazónicos, según el Instituto SINCHI, ronda el 0,3 UGG por hectárea. Es decir, se requieren 3 hectáreas por cada vaca. Esto implica que si Guaviare crece su hato al doble de lo actual en 5 años requerirá convertir 3 millones de hectáreas en potreros! Más de la mitad del total del suelo del departamento. La ganadería compacta suelos y reduce la disponibilidad hídrica del territorio, además de que contamina por las emisiones de gases efecto invernadero, según Greenpeace en proporción similar a los carros, barcos y aviones.

Sin embargo, los programas gubernamentales y de la cooperación poco se enfocan en trabajar con los ganaderos. Y para ser francos, a los grandes productores de ganado poco les interesa trabajar con las instituciones técnicas en mejorar su productividad, disminuyendo el área ocupada por su producción y pagando impuestos por la tierra utilizada. Este es un desafío que no puede eludirse en la región amazónica si se quieren reducir los impactos negativos de una actividad que está fuertemente impulsada por el mercado y las políticas públicas.

* Pedro Arenas, Sandra Bermúdez, Aura María Puyana y Ciro Castilla. Investigadores asociados a la Corporación Viso Mutop, un centro que monitorea las políticas de drogas y promueve su reforma desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, los derechos humanos, el ambiente sano y el acceso a desarrollo sostenible para las comunidades.

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