El pasado 17 de septiembre, algunos congresistas convocaron una audiencia pública en donde 120 personas campesinas e indígenas de Guaviare, Caquetá y Meta se reunieron en La Macarena (Meta). La audiencia era un momento muy esperado entre San Vicente del Caguán, las Sabanas del Yarí (Caquetá) y La Macarena (Meta), y el primer tema que se tocó (tal vez por la urgencia) fueron las tensiones entre las áreas protegidas y quienes viven dentro de ellas. De acuerdo con el más reciente informe de Parques Cómo Vamos, más de 34.000 personas viven dentro de parques. Por eso se invitó a participar a la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, Fiscalía y Defensoría.
El sábado, un día después, tres helicópteros del Ejército Nacional aterrizaron en la finca El Romboy, en la vereda El Triunfo, y minaron cuatro viviendas que quedaron destruidas como parte de una operación en contra de la deforestación en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, considerada la joya de la conservación en Colombia y uno de los lugares más diversos en naturaleza y cultura del planeta. También hubo intervenciones en el cabildo nasa La Esperanza y la zona de Filo Quince, en la frontera entre Caquetá y Meta.
La Fiscalía, que participa de la Operación Artemisa, judicializó al gobernador indígena nasa Reinaldo Quebrada y lo llevó a San Vicente del Caguán. Mientras, la comunidad de la vereda retuvo al biólogo y contratista del Ministerio de Ambiente, Winston Wilchis (quien ya fue liberado), y aún hoy permanecen dos personas desaparecidas. (Liberan a biólogo que había sido retenido durante la Operación Artemisa en Caquetá)
Desde la primera Operación Artemisa y las 12 que se han realizado en las inmediaciones de los parques nacionales amazónicos entre 2018 y 2021, las comunidades campesinas e indígenas de Meta, Caquetá y Guaviare se han opuesto a las intervenciones militares para la conservación y han celebrado acuerdos para resolver estos conflictos.
Esta ocasión fue particular: esta es la primera vez que se interviene una zona que no es parte formal de un Parque Nacional, sino que es considerada una zona de amortiguamiento (en los linderos del parque), la primera vez que se judicializa personas en el marco de esta operación después de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Ambientales (que introdujo el delito de deforestación en el Código Penal y aumentó las penas por estos ilícitos hasta 15 años de prisión), y la primera vez que las comunidades retienen a un funcionario público.
Los incumplimientos
Producto de la intervención militar en la vereda El Triunfo, las comunidades campesinas de San Vicente decidieron aplazar la instalación de la mesa de concertación entre campesinos e institucionalidad que se iba a celebrar el domingo en Cartagena del Chairá (Caquetá) y que, precisamente, tenía como objetivo dirimir algunos de los conflictos entre quienes viven en zonas de áreas protegidas y de reservas forestales. Sobre esta Operación quedaron varias dudas en el aire. (¿Qué tan efectiva ha sido la intervención militar para detener la deforestación?)
Para empezar, la vereda El Triunfo no está en una zona de amortiguamiento reconocida jurídicamente. El argumento que dio uno de los hombres que se identificó como Intendente José Prada, técnico de Explosivos de la Policía Nacional, es que estas viviendas son ilegales por no tener escrituras y estar en zona de reserva forestal tipo A, Zona de amortiguación del Parque Nacional Chiribiquete. Pero al cotejar en un mapa, la vereda El Triunfo no aparece bajo ninguna forma de protección ambiental y en realidad ningún Parque Nacional terrestre del país tiene una zona de amortiguamiento reconocida.
El criterio para otras operaciones había sido la ocupación dentro de áreas protegidas, pero en esta ocasión cambió. ¿Cómo se eligen los puntos en donde se interviene militarmente en la lucha contra la deforestación?
Justamente esto se pregunta Doris Rivera, secretaria general de Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina (ANZORC), quien cuenta que las organizaciones han exigido en varios escenarios que el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación comparta los criterios que usa cuando elige un punto a intervenir militarmente, pero por ser un asunto de seguridad nacional, esta información no se comparte.
Quién tiene la palabra final sobre dónde se interviene tampoco está claro. “Se supone que esta decisión se debe colegiar con entidades del sector ambiental, pero la práctica que yo he visto en Artemisa es que estas entidades entregan información a Fiscalía o Ejército, y no se vuelve a consultar con entidades ambientales quienes tienen mayor cantidad de acuerdos con la gente”, explica Visnu Posada, profesor de la Universidad EAN.
“Cuando se hizo la ampliación del Parque Chiribiquete, en 2018, se advirtió que solo habían reconocidas 6 familias como ocupantes a las que les han incumplido con reubicarlas, pero hay muchas más personas que quedaron dentro de los límites y a lo mejor ni les han socializado que ahora el Parque llega hasta donde viven”, agrega.
Artemisa ha ido cambiando con los años, así como el aparato militar que la sostiene. Por un lado, dado que hay presencia de menores de edad en los lugares en donde se interviene, a partir de 2019 el ICBF comenzó a hacer presencia en las operaciones. Por el otro, hay mayor capacitación entre las filas militares, que desde 2018 cuenta con 56 oficiales del Ejército especializados en temas ambientales, 281 gestores ambientales y 7.454 soldados capacitados en servicio ambiental. Además, el servicio militar obligatorio está destinando el 10 % de las personas incorporadas para el servicio militar ambiental.
Pero a la par que aumenta la especialización en delitos ambientales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, se incumplen los acuerdos con otras entidades que también forman parte del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación.
Luz Mary Panche Coscué, integrante del pueblo nasa e integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, explica que la Operación Artemisa es un resultado perverso de la Sentencia 4360 de 2018, que declara sujeto de derechos a la Amazonia colombiana (y que, entre otras, ordena acciones policivas contra la deforestación). Ella fue una de las comisionadas de los grupos indígenas y campesinos que estuvieron en Bogotá en julio esperando a las instituciones para denunciar violaciones a los derechos humanos en el marco de estas operaciones, pero no atendieron al llamado. Lo que sí consiguieron fue concertar la audiencia pública en La Macarena: “Entre la ampliación del Parque y el resguardo Yaguará II hay cinco kilómetros que el pueblo nasa había solicitado hace tiempo, pero en 2018 decidieron ampliar el parque y sin consulta previa, y eso ha sido un impedimento para sanear esos territorios”. (Amazónicos denuncian abusos de autoridades en operaciones contra la deforestación)
Según la lideresa, esta situación y otras tantas fueron llevadas a la mesa en el Acuerdo de Altamira y el Acuerdo de Villavicencio, dos documentos impulsados por el Comité del Paro Caquetá y Sur del Meta, que a punta de movilizaciones lograron sentar a los ministerios de Agricultura y de Ambiente, a la ANT y al Departamento Nacional de Planeación en una mesa de diálogo, en junio de este año. Estas entidades se comprometieron a financiar dos estudios de sustracción en San Vicente del Caguán y uno en Cartagena del Chairá, el acceso a crédito y a extensión agropecuaria por parte de comunidades campesinas que habitan estas zonas, además de la financiación de cuatro zonificaciones ambientales participativas en Caquetá, entre otras, para formalizar la tenencia de la tierra en estas zonas y evitar incursiones militares como Artemisa. (Se concretó el segundo acuerdo de la Mesa de Diálogo Campesina de Caquetá)
No es la primera vez que las comunidades de los departamentos que se dividen el Chiribiquete tratan de solucionar su ocupación en áreas protegidas. En 2014 se instaló la primera mesa de diálogo. Se llamó Parques con Campesinos y, aunque se cayó en 2017, dio pie para la Agenda Ambiental, Étnica, Campesina y Popular que agrupa a casi 50 organizaciones que tienen un pliego de 13 puntos que propone planes ambientales participativos, zonificaciones ambientales, alternativas de producción agrícola y un largo e ignorado etcétera.
Sobre la operación del fin de semana, Karla Díaz, quien presta apoyo técnico de organizaciones campesinas de Caquetá, dice que “no es cualquier operación. Es una acción que da temor y zozobra, que trae el conflicto de vuelta y que genera frustración entre personas que evidentemente quieren otras maneras de abordar su presencia en estas áreas. También llama la atención que no hay información sobre el dinero ni los criterios con los que se eligen. Hemos preguntado, pero Mindefensa aduce que es un tema de seguridad nacional, a pesar de que es dinero de cooperación internacional el que se está invirtiendo en esto. La incertidumbre solo genera desconfianzas entre las personas y la institucionalidad”.
Aunque el Ejército Nacional dice que ha recuperado 14.000 hectáreas deforestadas, Díaz aduce que no hay noticias de que ninguna de estas haya sido restaurada ecológicamente, por lo que califica la Operación Artemisa como inefectiva.
“Preguntamos a la Fiscalía cuántos de los terratenientes que tienen vacas o siembran palma están judicializados y no han sabido responder. En cambio a las personas campesinas las liberan, pero las hacen firmar un documento en donde se comprometen a no volver allí. Hay personas mayores de 70 años judicializadas, niños en el ICBF lejos de sus padres, eso no tiene sentido. Parecería que hay una doble intención: acabar con la selva y dejar que se queme, y sacar a las personas indígenas y campesinas de estos territorios”, agrega la lideresa Panche.
Resistencia a la deforestación
Es parcial decir que las incursiones militares del Estado son las únicas alrededor del Parque Nacional Chiribiquete. Un día después de la Operación Artemisa, los grupos indígenas Pijao, Piratapuyo y Tucano del resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II (que limita con el PNN Chiribiquete) enviaron una carta al presidente Duque en donde denuncian que más de 53 personas de las 169 que integran el resguardo están hacinadas en San Vicente del Caguán, Neiva y Bogotá, sin respuesta por parte del Estado. (La súplica de ayuda de indígenas desplazados en la Amazonía al presidente Duque)
De acuerdo con la gobernadora Yerley Bocanegra Ospina, después de la firma del Acuerdo de Paz las comunidades retornaron a ese resguardo, pero en abril de este año recibieron amenazas directas de grupos armados que recordaron a las que desplazaron de ese resguardo a más de cien personas en 2004: “Estas personas advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito. También nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado en el resguardo. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras que estamos llevando a cabo”, señalan. Justo este resguardo es uno de los más golpeados por la deforestación y el acaparamiento de tierras, con 2.538 hectáreas deforestadas en 2020.
La discusión es compleja de dirimir porque mientras algunas voces (especialmente de ONG) solicitan la presencia militar y tecnología de punta para detener la deforestación, quienes viven cerca de parques y zonas de reserva forestal podrían estar cerca.
La investigadora Estefanía Ciro, ganadora del reconocimiento Juan Bosch en 2018, escribió en el portal de investigaciones amazónicas ALaOrilladelRío una reflexión que, tras este episodio, cobra más vigencia que nunca: “Es necesario destruir de una vez por todas las posibilidades de transitar de nuevo el camino del populismo militarista, los discursos reciclados de “enemigos internos”, de “legalidades” que legitiman la violencia estatal y que destruyen la urgente necesidad de grupos poblacionales específicos de acceder a ciudadanías plenas. Insistir en el aplauso a la Operación Artemisa nos devuelve a la lógica de la guerra que no solo se expresaba en combates en la selva sino en los aplausos y palmaditas en la espalda en las aulas, los laboratorios, las oficinas y los informes en las urbes”.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team y El Espectador.