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“Entró en vigencia la Ley que marca un antes y un después para las víctimas en Colombia”. Con esas palabras, hace 14 años, los medios de comunicación anunciaban que se había sancionado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En ese momento se afirmaba, con cierta preocupación, que el Estado necesitaría al menos una década para cumplir con la reparación integral. Hoy sabemos que esa estimación se quedó corta: diez años no bastaron y, a este ritmo, la promesa podría tardar veinte años más en cumplirse.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no trataba sólo de resarcir los daños causados por la guerra, sino de transformar las condiciones de vida de quienes habían sufrido la violencia del conflicto armado. Por eso, en su momento, fue celebrada por las víctimas, las organizaciones sociales y la comunidad internacional como un avance histórico en el camino hacia la paz.
Para cumplir con la promesa de reparación, la Ley partió de un cálculo presupuestal que en su momento parecía razonable. Pero esa proyección se desbordó rápidamente. La violencia no cesó, el registro de víctimas permaneció abierto y la Corte Constitucional amplió la cobertura. El resultado es abrumador: en 2011 se estimaba que debían repararse 863.600 personas; hoy la cifra supera los 10 millones de víctimas registradas, lo que equivale a casi una quinta parte de la población del país. La magnitud de esa cifra muestra la verdadera dimensión del desafío y evidencia que cualquier esfuerzo presupuestal parece quedar corto.
Dado este panorama, la Ley de Víctimas tuvo que ser prorrogada por diez años más. Era evidente que en una década el Estado no podría cumplir con la reparación integral prometida. Ahora su vigencia se extiende hasta 2031, pero la preocupación por la sostenibilidad financiera sigue siendo central. A pesar de que los recursos asignados para la implementación de la Ley fueron de $21 billones en 2024, sigue siendo insuficiente.
Entre 2012 y 2024 la Nación ejecutó más de $243,1 billones, sin embargo, la Contraloría General de la República calcula que entre 2025 y 2031 se requerirán $407,3 billones constantes adicionales para cumplir con la Ley de Víctimas. Con el ritmo actual de gasto, tomaría más de 17 años cumplir lo establecido en la normativa. Para dimensionar el desafío, $407,3 billones equivalen al 79,7% del presupuesto general de la nación de 2025. Esto sin tener en cuenta que el número de víctimas puede seguir incrementando.
A pesar del enorme desafío que implica la reparación, esto no puede traducirse en la idea de que es imposible reparar. Por el contrario, es urgente tomar las medidas necesarias para reconducir el curso hacía mayor efectividad de la política. Lo primero es abrir una discusión seria y transparente sobre la sostenibilidad fiscal y los ajustes que demanda la política. Las últimas reformas no incorporan modificaciones relevantes para hacer viable presupuestalmente la reparación, por el contrario crean más cargas. Es momento de explorar nuevas fórmulas: priorizar la reparación colectiva y territorial, ajustar la forma de adjudicar indemnizaciones para racionalizarla, evaluar los diseños institucionales para hacerlos menos pesados presupuestalmente y más eficientes, entre otras alternativas.
También es crucial frenar las prácticas que impiden que los recursos lleguen de forma efectiva a las medidas de reparación. Un ejemplo de esto es lo que sucedió el año pasado: de los 6,5 billones de pesos asignados para las víctimas, 1,06 billones no se usaron en ningún contrato o programa, y de los 5,5 billones que sí se comprometieron, 1,8 billones quedaron sin pagar. A esta ineficiencia se suman los recientes escándalos de corrupción en la Unidad para las Víctimas que ponen en evidencia cómo parte del presupuesto se convierte en botín político en lugar de llegar a las víctimas.
No basta con reiterar que la reparación es un derecho; lo urgente ahora es definir cómo hacerla posible.
*Investigadora y pasante del equipo de Justicia Transicional de Dejusticia.