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Hoy no hay manera de separar la discusión técnica sobre mecanismos y procedimientos de derechos humanos de lo que el mundo está presenciando en Gaza: una catástrofe humana que ocurre en tiempo real y que ya suma decenas de miles de muertes y cientos de miles de heridos. Las cifras oficiales son abrumadoras: según datos publicados por agencias que informan desde la zona, las muertes superan las 63.000 y los heridos las 160.000.
Verlo en vivo y no poder pararlo
Hay una diferencia moral entre enterarse después, en la historia, y ver las imágenes y los testimonios mientras se transmiten. Hoy la hambruna ha sido confirmada por agencias internacionales y millones de personas viven desplazadas y al borde de la inanición. El Programa Mundial de Alimentos y asociaciones técnicas han confirmado condiciones de hambruna en varias áreas de Gaza.
Mientras tanto, una flotilla internacional de barcos cargados de ayuda -la Global Sumud Flotilla- empezó su viaje hace unos días con la intención de desafiar el bloqueo y entregar asistencia humanitaria. La partida y la seguridad de esa operación han sido noticia en medios internacionales y debe ser leída como un gesto de desespero que también interpela la eficacia de las respuestas multilaterales.
¿Qué aprendimos (o no) de genocidios anteriores?
En la memoria colectiva están los precedentes que solían activar la indignación internacional: Ruanda en 1994, Srebrenica en 1995. Casos que, en distintos momentos, provocaron investigaciones, juicios, y reformas institucionales, pero también fueron pruebas humillantes de la incapacidad de la comunidad internacional para detener a tiempo la matanza. La historia de Ruanda y la jurisprudencia del caso de Srebrenica ante la Corte Internacional de Justicia muestran que el mundo puede conmoverse y, sin embargo, no siempre actuar con la fuerza ni la rapidez necesarias.
Hoy, la pregunta es doble: ¿por qué las reacciones son tan lentas o insuficientes cuando la violencia recae sobre poblaciones con escaso poder internacional? Y ¿por qué el derecho internacional parece actuar con doble rasero, más eficaz para regular y sancionar a países del Sur que para contener a aliados de grandes potencias?
El Consejo de Derechos Humanos: un espacio de palabras o herramienta de cambio
Está en curso la sesión 60° del Consejo y habrá llamadas de atención, resoluciones, debates y comunicados. Seguramente escucharemos voces que expresen condena y exijan investigaciones. Pero la experiencia reciente sugiere que las condenas, si no van acompañadas de medidas concretas —suspensiones de cooperación militar, sanciones económicas coordinadas, o bloqueos efectivos de armas— corren el riesgo de quedar como gestos simbólicos mientras la catástrofe avanza.
Para Colombia, esto es un experimento político doble. Por un lado, es la oportunidad de promover una agenda progresista en materia de drogas y derechos humanos; por otro, es un recordatorio doloroso de los límites del multilateralismo cuando las decisiones chocan con equilibrios geopolíticos y con la protección de intereses de actores poderosos.
La gravedad de lo que se permite
No es solo una cuestión semántica hablar de “permitir”: cuando la comunidad internacional mantiene relaciones y apoyos que facilitan operaciones militares o que no presionan de forma creíble por un cese inmediato. Si una parte del sistema —estados, organismos, coaliciones— no actúa con la urgencia que imponen las evidencias (muertes masivas, hambruna, colapso de servicios esenciales), entonces el derecho internacional pierde capacidad preventiva y la protección de la vida se reduce a declaraciones.
Desde Elementa, sin duda, seguiremos escribiendo sobre política de drogas, pero no sin antes decir —con la voz que nos permite este espacio— que el criterio último por el que debemos medir la utilidad del Derecho Internacional y los foros multilaterales es si evitan que desaparezcan pueblos enteros. Si no lo logran, hay que reformarlos; si no hay reforma posible hoy, hay que movilizar la conciencia pública, la presión política y la solidaridad: corredores humanitarios, sanciones dirigidas, y protección inmediata para la población civil.
No es una elección entre hablar de drogas o de Gaza. Es poner la pregunta correcta: ¿qué hacemos nosotros, aquí y ahora, para que las palabras del Consejo no sean solo un eco cuando la vida ya no puede recuperarse?
* Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH
**Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.
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