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Tumaco está al rojo vivo. Y el año que terminó pasará a la historia regional como el momento en que la olla a presión pitó y reventó. Primero fue la elección atípica de alcalde luego de la destitución de la mandataria local. Luego vino un rosario de episodios violentos atravesados por la salida de las Farc del territorio, la lucha por ocupar los espacios dejados por distintos grupos ilegales y el forcejeo por las rentas ilegales, especialmente los cultivos de coca y la minería ilegal. Todo sumado ha convertido a la capital del Pacífico en el municipio más violento del país.
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Las alarmas sobre lo que venía ocurriendo en Tumaco se encendieron en octubre pasado, cuando en un confuso enfrentamiento entre cocaleros y Fuerza Pública, siete campesinos resultaron muertos. Las críticas cayeron sobre la estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos, pues algunos expertos consideran peligrosa la mezcla entre erradicación forzada y sustitución voluntaria. El episodio, incluso, llevó a replantear la estrategia contra los cultivos ilícitos.
De acuerdo con Claudia Salcedo, asesora de la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos, semana tras semana se revisa el territorio y se prioriza la sustitución antes que la erradicación, una decisión que llevó, según el más reciente balance, a la firma de 123.000 acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos. Luego vino el extraño suceso de Magüí Payán en que resultaron asesinadas 13 personas y un centenar de habitantes se desplazaron. En principio se habló de un fuerte enfrentamiento entre en el Eln y el Clan del Golfo. Al final, poco se supo sobre lo ocurrido. Lo único cierto es que a lo largo de la costa Pacífica proliferó la muerte como en los peores días de la guerra.
En este contexto, el presidente Juan Manuel Santos anunció la llegada de 2.000 soldados para poner en marcha la operación Éxodo 2018, con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región, donde se concentran 23.148 hectáreas de cultivos de uso ilícito, es decir, el 16 % del total nacional, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc). Sin embargo, hay quienes piensan que la solución no puede ser el aumento del pie de fuerza, sino el ofrecimiento de oportunidades para la gente que vive de estos cultivos.
Una tesis que comparte la Defensoría del Pueblo, entidad que ha emitido dos alertas tempranas sobre la situación humanitaria por la que atraviesa la región de la costa Pacífica nariñense. “El incremento de las acciones violentas en Tumaco y en municipios ubicados en la cuenca del río Patía, especialmente Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, hace probable el agravamiento de la situación humanitaria por la ocurrencia de amenazas, homicidios, confinamientos y desplazamientos forzados de la población”, advierte la entidad.
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Las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo advierten que sólo en Tumaco ocurrieron 222 homicidios en 2017, 70 casos más que los 152 perpetrados en 2016. Asimismo, entre el 29 de diciembre pasado y el 3 de enero de 2018 ocurrieron 14 homicidios en Tumaco, mientras que este lunes 8 de enero las autoridades del municipio de Policarpa (Nariño) registraron el asesinato de cuatro personas en la vereda Santa Rosa, del corregimiento Santa Cruz. La razón sería la de siempre: la disputa del territorio entre facciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y otros grupos armados ilegales que pelean a sangre y fuego los corredores para sacar la droga a los mercados de Centroamérica y Estados Unidos.
“El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha advertido que el escenario de confrontación entre grupos armados ilegales en Tumaco y en la cuenca del río Patía, hace prever la ocurrencia de hechos violentos que podrían generar graves consecuencias humanitarias, como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados”, concluye el Ministerio Público.