Entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos autorizados por el Gobierno Nacional, según confirmó el lunes el Instituto de Medicina Legal.
Esta cifra refleja la grave crisis humanitaria derivada de la ofensiva contra grupos armados ilegales en varias regiones del país.
El Instituto informó que se registraron 10 menores muertos en Guaviare, cuatro en Amazonas y uno en Arauca.
Los datos superan el conteo inicial del gobierno. El presidente Gustavo Petro detalló en su cuenta de X las acciones ofensivas y dijo que se trataba de operaciones contra el frente de Iván Mordisco en Arauca y Guaviare. En sus cifras hubo 13 menores muertos.
Según su mensaje, de la acción ofensiva en Arauca se rescató con vida a un adolescente, pero murieron ocho personas, entre ellas un menor de 16 años. También dijo que hay otro cuerpo cuya edad está en análisis y que “puede oscilar entre los 15 y 25 años”.
Además, Petro reportó el número de menores muertos en Guaviare. Según sus cifras, cuatro adolescentes murieron en Caquetá el pasado 1 de octubre, siete en Guaviare el 10 de noviembre y uno más en Arauca el 13 de noviembre.
“Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas”, dijo Petro en su mensaje, al tiempo que señaló a Iván Mordisco como responsable de estos crímenes.
“Iván Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra”, aseguró el mandatario.
Petro también afirmó que 34 personas fueron neutralizadas tanto en Guaviare como en Arauca, “con más de 35 fusiles recuperados” y agregó que la niña herida por las columnas del EMC “en la carretera Panamericana en el Cauca murió” el lunes.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, —esa entidad que dio a conocer lo ocurrido con los menores en Guaviare— pidió públicamente al presidente suspender los bombardeos y evaluar la situación. Marín también le exigió a “liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados”.
A pesar de la controversia, el presidente aseguró no se suspenderían los bombardeos y que “en adelante” se harían siempre bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia delante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, aseguró en su cuenta de X.
El episodio de Calamar, Guaviare, es calificado como el peor en la era Petro y ocurrió tres años después de que el Gobierno anunciara un giro en su política de seguridad. “Los bombardeos deben ser suspendidos”, dijo en agosto de 2022 el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una directriz que marcaba distancia con dos décadas de operaciones aéreas intensivas y que se convirtió casi en un símbolo de la paz total de Petro.
La apuesta era evitar que el Estado reprodujera daños contra menores reclutados —víctimas dos veces por un lado de los grupos armados, y por el otro de operaciones militares sin salvaguardias claras—.
Sin embargo, el pasado 24 de julio de 2024, en el disputado corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, el Gobierno ejecutó su primer bombardeo confirmado, una acción presentada como destrucción de un campo minado y sin víctimas. Desde entonces las operaciones aéreas se fueron reactivando de forma gradual y, al parecer, sin lineamientos claros o verificación de menores.
Ya fueron identificadas las víctimas del bombardeo en Guaviare
Un informe fechado el pasado 13 de noviembre detalla la identificación parcial de las víctimas mortales del bombardeo en Guaviare, un departamento marcado por una prolongada disputa armada y en el que hace presencia tanto la disidencia de Calarcá Córdoba -en negociaciones con el Gobierno- como la de Iván Mordisco -hacia quien iba el ataque del Gobierno-.
De los 19 cuerpos, hasta ahora solo han sido plenamente identificados ocho hombres y seis mujeres. Cuatro hombres y una mujer permanecen sin identificación completa. Las víctimas tienen edades que oscilan entre los 13 y 32 años.
Entre las víctimas plenamente identificadas mayores de 18 años se encuentran Exenover Barbosa Pescador, de 32 años, oriundo de Mapiripán, Meta; José Edilberto Pito Casso, de 31 años, de Silvia, Cauca y Yan Carlos Martínez Rivera, de 22 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo.
También aparecen Elizabeth Cuéllar Rodríguez, de 20 años, de Armenia, Quindío; Harol Stiven Villamil Villarraga, de 20 años, de Bogotá; Edier Fabián Montaño Valencia, de 20 años, de Policarpa, Nariño; Jhon Fredy Acosta Morales, de 19 años, de El Retorno, Guaviare; Faber Illeras Gamboa, de 19 años, de El Charco, Nariño; y Francy Nonokudo Gómez, de 18 años, de Solano, Caquetá.
Por otra parte, entre las víctimas menores de edad están: un adolescente de 16 años de Miraflores, Guaviare; y una de 16 años, de Tibú, Norte de Santander. También hay una menor de 17 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo; y otro más de 15 años, de Fortul, Arauca.
La más pequeña es una niña de 13 años, oriunda de Puerto Santander, Amazonas.
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