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Sin tregua en la Sierra: Clan del Golfo y ACSN llevan su disputa a zona rural de Aracataca

Las confrontaciones entre esos grupos herederos del paramilitarismo han dejado más de 170 desplazados en ese municipio del departamento de Magdalena. Se trata de una disputa sin tregua que ya obligó al cierre del Parque Tayrona, amenaza las elecciones del 8 de marzo y pone a prueba la política de paz total del Gobierno Petro.

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Natalia Ortega
25 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Según la alerta, el dominio de las ACSN ha trascendido hasta la imposición de normas sobre horarios, movilidad, comportamientos y castigos. Se trata de una presencia que no es nueva, sino que se ha reforzado y sofisticado con el tiempo.
Según la alerta, el dominio de las ACSN ha trascendido hasta la imposición de normas sobre horarios, movilidad, comportamientos y castigos. Se trata de una presencia que no es nueva, sino que se ha reforzado y sofisticado con el tiempo.
Foto: El Espectador
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Son catorce. Cargan fusiles. Están en la zona rural de Aracataca, Magdalena. No improvisan, posan para el video. Camuflaje, pasamontañas negros, la selva de fondo. Uno de ellos tiene la cara descubierta y es el único que habla. “Nos mantenemos en el terreno todavía. Las confrontaciones siguen. Esto apenas es el comienzo”, dice.

Esos hombres pertenecen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el video –de cuatro minutos y 38 segundos– es un mensaje para el Clan del Golfo, pero también para la población civil: la guerra por el control de las rentas ilegales continúa.

Antes de conocerse esa grabación, que fue difundida este 23 de febrero, los pobladores ya habían sentido los golpes de la disputa que libran esos grupos herederos del paramilitarismo. El desplazamiento forzado de 46 familias –tras las confrontaciones en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul– lo confirma. Fueron unas 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes, que tuvieron que salir del territorio, según el Comité de Justicia Transicional.

Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte, explicó a Colombia+20 que aunque el conflicto entre esas estructuras armadas inició en 2018 en la zona urbana de Santa Marta, no se tenían antecedentes de una confrontación directa en la zona rural de Aracataca.

Desde el 2020 –señaló Trejos– la guerra se había trasladado hacia las partes medias y altas de la Sierra Nevada. Primero, se concentró en la zona de Dibulla, luego pasó a la zona rural de Riohacha y, en paralelo, al municipio de Ciénaga y Zona Bananera. “Pero lo que estamos viendo en Aracataca es inédito. Eso lo que indica es que la guerra se está expandiendo por todas las caras de la Sierra Nevada. La particularidad de este caso es que recientemente esa confrontación está causando afectaciones humanitarias que están dándole visibilidad”, dijo el investigador.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este 22 de febrero en el que alerta la gravedad de esa situación. “Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la población continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente”, escribió la entidad.

Es una advertencia reiterada. La Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 ya había señalado el riesgo alto en la Sierra Nevada y su área de influencia.

Los efectos de esa expansión en la situación de seguridad explican, además, la orden de Parques Nacionales Naturales de Colombia de cerrar el Parque Tayrona desde el pasado 17 de febrero. “Al final lo que estamos viendo es que los hechos le están dando la razón al ente nacional que tomó esa decisión”, afirmó el profesor Trejos.

Diálogos sin tregua

Ambos grupos armados -el Clan del Golfo y las ACSN- están dentro de los procesos de paz total del Gobierno Petro y recientemente han firmado acuerdos para no afectar a la población. Sin embargo, no han logrado pactar una tregua. “No hay un cese al fuego entre ellos. Mientras no ataquen a la Fuerza Pública, digamos, que ellos no están incumpliendo con la voluntad de paz. El problema que tienen estas confrontaciones son las afectaciones humanitarias que están causando”, dijo Trejos.

En contexto: Clan del Golfo por dentro: así opera el mayor grupo armado ilegal de Colombia

Los daños son multidimensionales: familias encerradas, niños que no pueden ejercer su derecho a la educación, economías en riesgo de romperse. “Estamos hablando de territorios campesinos en los cuales la gente deriva sus ingresos muchas veces de la comercialización de los productos que siembran. No creo que haya posibilidad de comercializarlos”, recordó el investigador.

En medio de esos efectos queda, además, vulnerado el derecho al voto de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, aun cuando ambos grupos también han suscrito acuerdos con compromisos explícitos de respetar el desarrollo de los comicios. El más reciente fue el de las Autodefensas de la Sierra que se conoció el pasado 18 de febrero.

“No sabemos cuál es el impacto que van a tener estas afectaciones humanitarias sobre el desarrollo normal de las elecciones. Por lo menos, en las partes altas de la Sierra y en esa vereda particular de La fuente, es muy difícil que la gente hoy esté pensando en participación política, cuando lo que está tratando es de preservar la vida”, añadio el profesor Trejos.

A eso se suma que en la Sierra Nevada se elegirá una Circunscripción Especial para la Paz (Citrep) –también conocidas como curul de paz–, una figura creada para garantizar representación política en territorios históricamente golpeados por el conflicto y donde la presencia institucional es débil. Para Trejos, en medio de esta guerra, esa figura queda en juego y “precariza un mal de esos territorios”.

Según el informe “Mapas y factores de riesgo electoral” de la Misión de Observación Electoral (MOE), la guerra entre las ACSN deja a siete municipios de esa Citrep en riesgo medio. Entre ellos, Santa Marta, Ciénaga y Fundación, en Magdalena; Dibulla y San Juan del Cesar, en La Guajira; y Valledupar, en Cesar.

Los herederos del paramilitarismo: así se ha transformado el conflicto

Aracataca ya conoce esta historia, la de la violencia. El paramilitarismo la grabó en su tierra hace más de treinta años.

En febrero de 1993, las Autodefensas del Palmor —también conocidas como Los Rojas— entraron a una vereda, mataron a cuatro pobladores a los que acusaban de tener vínculos con la guerrilla y arrojaron tres cuerpos al río Tucurica. A sus familias las amenazaron para que no denunciaran y los expulsaron del territorio. El grupo tenía presenica en la región desde mediados de los años setenta, apoyado entonces por Hernán Giraldo Serna, comandante del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, que durante décadas controló el narcotráfico en la Sierra Nevada.

La violencia no paró. Nueve años después, Aracataca vio otro febrero teñido de sangre: en 2002, paramilitares llegaron a un restaurante sobre una carretera del municipio y dispararon. Siete muertos, dos de ellos hermanos. Las autoridades nunca identificaron al grupo responsable. Para ese momento, los hombres de Giraldo y los del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo –conocido como Jorge 40– se disputaban el narcotráfico en la Sierra Nevada.

Las AUC se desmovilizaron, pero sus dinámicas violentas siguen marcando el pulso de la Región Caribe a través de grupos como el Clan del Golfo y las ACSN. Para el profesor Trejos se trata de un reciclaje: “Muchos de los que hoy se confrontan vienen de las AUC y varios pertenecieron al Frente Resistencia Tayrona. Lo que vemos es un claro proceso de reciclaje de combatientes que traen todos los aprendizajes de su paso por las AUC y hoy los replican y actualizan”, explicó.

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La guerra de hoy tiene, entonces, miembros que vienen de los bloques paramilitares de hace 30 años, pero una lógica distinta. Ya no se trata de un conflicto entre grupos insurgentes contra grupos contrainsurgentes y el Estado. Es una guerra horizontal entre estructuas criminales. “No está motivada por disputas político-ideológicas, sino por el control del territorio y las rentas presentes en el mismo. Tenemos un grupo con una presencia territorial muy arraigada, que son las ACSN, y otro en proceso de expansión, que son los Gaitanistas”, explicó el investigador.

Es al final una disputa sin banderas políticas ni tregua que termina de golpear de frente a la política de paz total.

Sin un cese entre las estructuras y sin una presencia efectiva del Estado en el territorio, la expansión de este conflicto seguirá dejando a su paso desplazamientos y miedo. Y en Aracataca, donde el paramilitarismo algún día marcó a sus pobladores, el riesgo es que esa experiencia vuelva a repetirse bajo otras siglas.

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Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com

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