20 Feb 2022 - 1:00 p. m.

Ningún candidato a las curules de paz ha recibido anticipos para hacer campaña

Aspirantes denuncian barreras en su participación política porque el CNE les exige una póliza que las aseguradoras se niegan a dar. La MOE alerta sobre violación a derechos e incumplimiento del Acuerdo de Paz.
Minhacienda asignó más de $7 mil millones para anticipos, pero no se han entregado.
Minhacienda asignó más de $7 mil millones para anticipos, pero no se han entregado.

Faltan apenas tres semanas para que por primera vez se elijan las 16 curules de paz en el Congreso, y ninguno de los 390 candidatos a esas circunscripciones ha recibido el anticipo para la financiación de su campaña política por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), según confirma esa misma entidad.

“Sin recursos no existe la participación real y efectiva de las víctimas para esta contienda electoral y para representar a los territorios más vulnerables. Eso es un incumplimiento al Acuerdo de Paz”, reclama Margarita Palacio, quien es candidata por la circunscripción del Bajo Cauca, que acoge a 13 municipios de Antioquia.

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Palacio fue víctima de desplazamiento forzado tras la masacre de El Aro (Ituango) en 1997 y desde esa época ha luchado por la protección de los derechos de los campesinos y las víctimas. Pero señala que esta, su primera candidatura a un cargo de elección popular, ha estado más llena de “trabas” que de garantías. Aunque afirma que lo ha intentado todo, sigue sin poder acceder a dineros públicos para ir a los territorios a hablar de sus propuestas y hacer pedagogía sobre cómo y dónde votar.

En la misma situación están los demás candidatos del país. La razón es que el acto legislativo que creó las curules de paz dice que la principal fuente de financiación de estas campañas políticas será con recursos estatales a través de anticipos de reposición de votos. Es decir, con un adelanto económico de lo que el Estado suele pagarles a los candidatos después de las elecciones para cubrir los gastos de sus campañas.

Ese anticipo debe hacerlo el CNE, entidad que definió en varias resoluciones las reglas de ese acceso. Zamira Gómez, asesora del Fondo Nacional de Financiación Política del CNE, explica que ese dinero no se le ha entregado a ninguno de los candidatos porque, aunque la entidad ya tiene los más de $7 mil millones girados por el Ministerio de Hacienda, los aspirantes deben adquirir pólizas. “La resolución y el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 disponen que las organizaciones promotoras deben adquirir una póliza de garantía con una aseguradora y a la fecha no han llegado”, explica Gómez.

Las aseguradoras niegan la póliza

Luz Yaruro, candidata por la circunscripción de la serranía del Perijá, que incluye 13 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, asegura que ha intentado conseguir esa póliza con tres aseguradoras y todas estas se han negado a dársela.

Colombia+20 tuvo acceso a siete correos que han recibido ella y otros candidatos en respuesta a las solicitudes, en donde las aseguradoras argumentan que “las condiciones de la póliza no se ajustan a las políticas de la empresa”, “no comercializan ese tipo de pólizas”, “no hacen parte del mercado objetivo de la compañía”, “se abstienen de presentar condiciones de cotización para el riesgo en mención” o “no trabajan este tipo de riesgos”. Es decir, los y las aspirantes a las curules no han tenido ni siquiera una cotización que les permita determinar el valor de esas garantías.

Así las cosas, sin pólizas no hay dinero y sin dinero no hay campaña, y, por lo tanto, hay una barrera para la participación política de las víctimas. Así lo considera Marlon Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien dice que este panorama se veía venir y que se dificulta porque quienes aspiran a esos escaños son víctimas que no tienen recursos económicos. “Para obtener una póliza hay que garantizarla a través de recursos, y las organizaciones de víctimas que inscribieron las listas de candidatos no los tienen. Entonces evidentemente no se las van a dar, y eso debió preverlo el CNE”, afirma. Ante esto Zamira Gómez, de esa entidad, asegura que fue un vacío legal del acto legislativo y que el CNE aplicó para los aspirantes a las curules de paz las mismas reglas que deben cumplir los candidatos a escaños ordinarios de la Cámara de Representantes.

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Pabón insiste en que no se deberían aplicar esas mismas condiciones, porque eso “desconoce las realidades de las candidaturas de las circunscripciones especiales”. Es decir, sus escasos recursos económicos y las dificultades geográficas para acceder a bancos o aseguradoras, entre otras. “El CNE tenía competencia para decidir no pedir póliza, teniendo en cuenta que iba a ser una barrera para las víctimas, pero decidió no correr el riesgo porque se trata de recursos del Estado”, señala Pabón.

Para solucionar este bloqueo, Gómez explica que el CNE trasladó esas denuncias al Ministerio del Interior y a la Superintendencia Financiera. “Ellos son los competentes de resolver la situación y definir por qué las aseguradoras no han querido dar las pólizas”, dice.

Una de esas aseguradoras es la Previsora Seguros, que según Gómez podría ser uno de los caminos más factibles para obtener la póliza al ser una entidad estatal. En respuesta a un cuestionario, la aseguradora le dijo a Colombia+20 que solo ha recibido una solicitud formal y la negó. “En el único caso en el que esta póliza fue pedida, Previsora Seguros informó al solicitante que dentro de su portafolio no cuenta con este tipo producto disponible”, afirmó la aseguradora añadiendo que la negación se da porque la solicitud “no cuenta con nota técnica, que se refiere a permisos y cálculos para comercializar dicha póliza”.

Para las candidatas Margarita Palacio y Luz Yaruro, hizo falta gestión y pedagogía por parte del Consejo Nacional Electoral y otras entidades competentes, y es evidente que ese tipo de garantías no son claras ni para quienes debían acceder a ellas ni para quienes debían ofertarlas.

Marlon Pabón insiste en que esta barrera incurre en una vulneración al derecho a la participación política de las víctimas. “Esto es especialmente grave, porque las circunscripciones son un mecanismo de reparación y lo que estamos viendo es que no se están dando las condiciones institucionales para ella. Un elemento esencial para hacer una campaña son los recursos y más en contextos de tantas dificultades”, añade.

Las otras y escasas maneras de financiarse

Yoad Ernesto Pérez, candidato a la curul de paz de Catatumbo, que acoge ocho municipios de Norte de Santander, ya se dio por vencido en la búsqueda de una póliza. “Imagínese, queda menos de un mes y nosotros perdiendo tiempo entre oficinas, en vez de ir a las veredas a hacer campaña como se pueda”, dice.

Además de los anticipos, las otras posibles fuentes de financiación son donaciones o recursos propios y de familiares. Sin embargo, según Zamira Gómez, el Fondo de Financiación no ha recibido ninguna donación por parte de particulares hasta el momento. Esto se puede deber a que, según lo establecido por el acto legislativo, el dinero donado llega a un fondo común que se reparte entre las casi 200 listas inscritas. Entonces si un particular dona $50 millones, a cada lista le corresponderían unos $250 mil ($125 mil para cada hombre y cada mujer que integra la dupla de esa candidatura). Aquí si no se usan las mismas reglas de las circunscripciones ordinarias, en donde los particulares sí pueden hacer donaciones directas a las campañas de cada partido.

Ante esta falta de recursos para los aspirantes a las curules de paz, el CNE emitió un concepto favorable para que los candidatos reciban recursos de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, pero, coinciden Pabón y los candidatos, esto no soluciona el problema de raíz. “Estamos hablando de personas que no cuentan con recursos para hacerlo. Le están diciendo: ‘Lo puedes hacer con recursos propios y de tus familiares’, y la gente se pregunta: ‘¿Qué recursos propios y familiares voy a tener yo?’. Por lo que terminan pidiendo créditos a bancos o a prestamistas gota a gota”, cuestiona el analista de la MOE.

Yoad Pérez, por ejemplo, gastó para la campaña $22 millones de un préstamo que había pedido para terminar de pagar sus estudios. “Y ahora que ese dinero se acabó uno recibe ayudas de familiares que le dan para la gasolina para ir a las veredas”. Así también lo han hecho Margarita Palacio, del Bajo Cauca, y Luz Yaruro, del Perijá.

Son los familiares o los amigos de la comunidad quienes les han prestado ayuda. “Los líderes de las veredas dicen ‘yo voy y lo busco en la moto y tranquila que aquí le damos el almuerzo’”, dice Margarita, quien cuenta que incluso los escoltas de la Unidad Nacional de Protección han puesto dinero de sus propios sueldos para la gasolina. “Hasta la misma gente ha hecho pendones explicando cómo votar y el temor que teníamos es que dijeran que teníamos publicidad, cuando son ellos mismos quienes hacen las colectas”, explica la candidata.

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Por su parte, Luz Yaruro señala que ante tantas dificultades han pedido públicamente que se analice la posibilidad de aplazar las elecciones. “Al menos las de curules de paz, porque además de que no tenemos recursos, no se ha dado en los términos de transparencia en que debería darse. Hay candidatos apoyados por grupos políticos, hemos sufrido hostigamientos por parte de grupos armados y no hemos tenido acceso a espacios radiales y de televisión como lo prometía el Acuerdo”, afirma.

Colombia+20 ha registrado dificultades iguales o similares en las circunscripciones especiales de Montes de María, Tolima, Chocó y sur de Córdoba.

“El Estado les incumplió a las víctimas en el punto de participación política”, añade Pabón y coinciden todos. “Así los recursos lleguen ahora o en dos semanas, el fin para el que fue creada esa norma: la participación real y efectiva, no se cumplió”, concluye.

*Esta nota fue posible gracias al apoyo de la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia.

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