Hasta el 10 de marzo de 2022, la vida en la vereda El Laurel, zona rural de Vista Hermosa (Meta), era tranquila y no daba mucho de qué hablar. A la comunidad la conformaban veinte familias y el día a día era trabajando la tierra bajo el sol con cultivos de papa, maíz, yuca, plátano y pasto. Los vecinos con un poco más de recursos, como Luciano Lesmes, se dedicaban al trabajo ganadero con cerdos, gallinas y caballos. Las necesidades eran evidentes, pero ningún vecino dejaba al otro a merced. Las casas dentro de las pequeñas fincas eran de madera con techo de lona o zinc. Con el escaso dinero, dicen los vecinos, construyeron todo con dignidad y con eso bastaba. Pero para su dolor, todo cambió a la mañana siguiente.
A las 5:55 a.m. del 11 de marzo, un grupo de 15 soldados de la Séptima Brigada del Ejército y un policía judicial de la Sijín llegaron hasta El Laurel en busca de dos hombres: Samuel Fonseca y Luciano Lesmes, cultivador de tubérculos y ganadero, respectivamente.
Primero fueron por Samuel, que esa madrugada estaba sin la compañía de su esposa y sus cuatro hijos. El operativo lo despertó, salió de su casa y lo primero que le dijo Steven Pedraza, agente de la policía judicial que encabezaba al pelotón, fue que se lo tenían que llevar, al estar acusado de daño al medioambiente por deforestación e invasión de una reserva natural.
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“Apenas mediaron palabras, me leyeron un documento que nunca me dejaron tomar con mis propias manos y me subieron a un helicóptero. No contentos con eso, quemaron mi casa, mi motico y las viviendas de seis vecinos más. Parecían un grupo criminal, pero justificaban sus actos diciendo que estaban en una nueva fase de la Operación Artemisa. Tal vez nos buscaron a Luciano y a mí por tener las casas más cercanas a la carretera, éramos las presas más fáciles y no tenían que agarrar trocha para encontrarnos. No saben que solo somos campesinos humildes a los que la vida poco les ha sonreído. Por el afán no recuerdo con lucidez muchos momentos desde que me sacaron de la casa, me quemaron la finquita y me llevaron hasta el helicóptero. Solo sé que allí empezaron 36 horas muy complicadas para mí”, le dijo Fonseca a Colombia+20.
Sobre las 6:25 a.m. de ese mismo viernes, los soldados y el policía Pedraza llegaron a la finca El Progreso, hogar de Luciano Lesmes y su familia. El procedimiento para el ganadero fue similar al de Fonseca: le leyeron una orden de allanamiento, lo sacaron de su vivienda, quemaron la casa y lo subieron al helicóptero que tenía como destino el batallón del Ejército Nacional en Puerto Rico (Meta).
Los vecinos de Fonseca y Lesmes intentaron dialogar con los miembros de la fuerza pública para que no se los llevaran. Alegaban que se estaba cometiendo una injusticia y que no se podían llevar a dos personas que trabajaban el campo y apenas tenían lo justo para llegar a final de la semana. Nada de eso valió y los hombres fueron trasladados, viendo desde las alturas cómo la vereda El Laurel quedó, en buena parte, hecha cenizas. “Vi como ardía mi casa, fue la primera vez en la que vi que se acababa mi mundo”, añadió Fonseca.
“Nos leyeron una orden de allanamiento, pero ninguna persona tenía una orden de captura. Nos trataron desde el primer momento como criminales; incluso algunos de ellos nos acusaban con colaborar con los grupos ilegales que siguen en la región, como las disidencias, pero nada de eso es cierto y sus acusaciones estuvieron sin fundamento de principio a fin. Al llegar a Puerto Rico no sabíamos qué iba a pasar. Nuestro gran pecado fue habitar unos terrenos abandonados por todo el mundo, que para las autoridades solo son parques protegidos cuando les conviene y nos quieren asustar”, comentó Luciano Lesmes.
Al llegar a la base militar en Puerto Rico no pasó gran cosa. Fueron horas de espera para definir su situación jurídica y tiempo para contactar a sus familias para decirles que estaban bien; sin certeza de nada, pero con la sangre menos caliente.
En la mañana del sábado 12 de marzo, Samuel Fonseca y Luciano Lesmes fueron subidos de nuevo a un helicóptero del Ejército con destino a San José del Guaviare. Allí los esperaba una audiencia de legalización de captura, para determinar si había pruebas suficientes para una imputación de cargos.
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Nohora Agudelo fue la abogada del Estado que le asignaron a los dos campesinos para su audiencia. En pocos minutos se tuvo que empapar del caso, pero para ella fue sencillo fundamentar la defensa. “Alegamos la existencia de una captura ilegal. Una orden de allanamiento no tiene por qué terminar en una situación así y en esa dirección fue la interpretación del juez. Lo que sí es cierto es que lo que sucedió es un precedente más de hechos de estigmatización, donde buscan criminalizar casi que a cualquier persona con el perfil de ellos, haciendo creer que delinquen o son peligrosos. Nos querían pasar por falso positivo judicial”, comentaron Samuel y su defensa.
Tanto Fonseca como Lesmes siguen vinculados al caso, pues su puesta en libertad fue de manera condicionada. Al salir de su audiencia, el sábado 12 en la tarde, no tuvieron más remedio que reunir algo de dinero con la ayuda de algunos conocidos en San José del Guaviare para retornar a Vista Hermosa.
Confusión en medio del operativo
Jorge Iván Sánchez, personero de Vista Hermosa, fue de las últimas autoridades en el municipio en enterarse de ese episodio de la Operación Artemisa. Apenas se enteró cuando los dos ganaderos iban rumbo a San José del Guaviare y lo hizo porque un par de vecinos lo contactaron. Su comunicación con el Ejército o la Policía fue nula previa a los hechos del 11 de marzo.
“Pude hablar con el Ejército, pero fue porque yo los busqué. A mí me dijeron desde el Laurel que habían quemado casas, algunos otros bienes de los campesinos y debía indagar. Esas capturas no me las reportaron y, aunque desconozco las razones de fondo de esas detenciones, inquieta la clandestinidad con la que pretenden manejar todo en Vista Hermosa”, aseguró el personero Sánchez.
Este diario pudo confirmar que la única autoridad defensora o de veeduría a la que le fue notificada la operación en El Laurel fue a la Defensoría del Pueblo – regional Guaviare. Y esa información apenas llegó cuando la audiencia de legalización de captura ya había concluido.
No se ha podido demostrar que el uso del suelo o las actividades de Samuel Fonseca o Luciano Lesmes infrinjan la ley en temas de zonas protegidas y el uso de sus suelos. Tanto eso, como las formas de reparación para las personas en El Laurel serán motivo de evaluación por parte de autoridades competentes.
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La vigente campaña es la decimocuarta fase de la Operación Artemisa. En la etapa anterior, llevada a cabo en noviembre de 2021, el Estado redujo un 34% de la deforestación en el suroriente del país, pero las cifras en las bases de datos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia no exponen la misma claridad en la cantidad de personas señaladas de cometer este tipo de delitos medioambientales, bien sea en Meta, Guaviare, Caquetá o Vaupés, alrededor de los parques Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, zonas centrales para estas labores.
Entidades como el World Resources Institute afirman que este tipo de campañas, aunque exitosas, no pueden entenderse como una vía libre para capturas arbitrarias. Así lo explica el instituto en un documento de 2019: “si bien Colombia tiene el 30% de su territorio como espacio protegido y se han perdido más de 12 millones de hectáreas en los últimos años, esto no puede traducirse en campañas deliberadas para presentar a la ligera resultados de fuerza pública”.
El pasado 10 de marzo, la Procuraduría General de la Nación abrió indagaciones preliminares contra militares y policías involucrados en la desaparición de cinco indígenas en San Vicente del Caguán, que se encontraban en la vereda El Triunfo resistiendo a que les incineraran sus hogares. No se ha esclarecido el paradero de estas personas, pero la operación fue justificada por el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, al decir que “fueron blanco de una asonada violenta por combatir delitos contra la invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
“Demandaremos al Estado por los daños causados. Hay traumas psicológicos en ellos y en las familias... lo que nos duele es que el Ejército ya ha estado involucrado en más casos recientes que involucran violación a derechos humanos, en las que son blanco poblaciones vulnerables como indígenas y campesinos”, reiteró la defensa de Fonseca y Lesmes.
Otras denuncias de campesinos en Vista Hermosa
Johana* es ama de casa y campesina en la vereda Las Delicias, jurisdicción de Vista Hermosa. A lo largo del último mes han llegado a su celular llamadas de una persona que se identifica como Ricardo Montenegro, supuesto miembro de las Agc. Los fines son extorsivos y, según la denunciante, la persona que la amenaza dice apoyar a toda costa la Operación Artemisa. “Me piden de dos a cinco millones de pesos por mi vida o para conservar mi casa en el territorio. Hablé con un agente TAFUR (fuerza especial del Gaula) en el Meta y me dijo que una de las indagaciones que había hecho decía que se trataba de una persona que llamaba desde la cárcel de Villavicencio, aliada de miembros de las disidencias en la Macarena”, detalló.
A otros vecinos, a los que Johana también prefiere reservarles la identidad, les han llegado mensajes y notas de voz vía Whatsapp en los que amenazan con quitarles la vida si siguen deforestando o “ayudando a la guerrilla”.
Escuche una de las amenazas a los pobladores de Las Delicias:
“Sería atrevido e incorrecto atribuirle esto a alguien en específico, pero no creemos que esto sea casualidad después de lo que sucedió en medio de la Artemisa con Samuel y el otro señor a los que se llevaron a la fuerza y sin pruebas”, concluyó la campesina.
A la fecha de publicación de este artículo, apenas una de estas denuncias ha sido compulsada ante la Fiscalía General. El resto se mantienen en el anonimato de las víctimas, por temor a represalias de los amenazantes.
*Cambio en el nombre de la entrevistada, por petición expresa de la fuente.