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Pese a que ha sido una de sus principales objetivos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no logró frenar la crisis de violencia en el país. Así lo evidencia el reporte anual del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que recoge las principales vulneraciones de derechos humanos cometidas entre el 1.° de enero y el 28 de diciembre de 2023.
Según los registros del instituto, este año fueron asesinados 188 líderes sociales y defensores de derechos humanos (un homicidio más que en 2022), y se cometieron 94 masacres (la misma cifra que en 2022).
Aunque la violencia no se intensificó e incluso hubo reducciones en algunos hechos -como el asesinato de excombatientes de las FARC (se pasó de 50 homicidios a 44), las víctimas de minas antipersonal y desplazamientos-, el país está lejos de consolidar estrategias de paz y de seguridad que permitan una reducción notoria de estas vulneraciones. Incluso, el escenario de violencia sigue siendo mucho más preocupante que en 2016 y 2017, cuando se empezó a implementar el Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla.
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Esta realidad se mantiene pese a las negociaciones y acercamientos de diálogo del Gobierno con los principales grupos armados del país, en medio del proyecto de paz total, que ha logrado algunos ceses al fuego y alivios humanitarios.
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De hecho, el sostenimiento de la violencia ha sido reconocido por el propio jefe de Estado, que en días recientes se refirió a las masacres y la urgencia de disminuir estos crimenes.
Eso sí, Petro aprovechó para hablar de la responsabilidad del Gobierno anterior en esta situación: “Hacer trizas la Paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de (Iván) Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.
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Estos son los hallazgos principales del reporte de Indepaz y las recomendaciones del centro de estudios para frenar la violencia en el país.
En promedio, cada mes fueron asesinados 15 líderes sociales
La cifra de 188 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2023 -en promedio 15 al mes- es la cuarta más alta registrada por Indepaz desde la firma del Acuerdo con las FARC.
En 2016 fueron 109 casos; en 2017, 163; en 2018 -año de inicio del Gobierno Duque- la violencia contra esta población se intensificó y hubo 249 homicidios; en 2019 fueron 219; y en 2020 se llegó al número más alto en los últimos siete años: 252 asesinatos. Con la pandemia la cifra bajó a 165 casos en 2021, pero volvió a subir hasta 187 en 2022 y cerró con un hecho más este año.
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De los 188 homicidios de líderes en 2023, 38 se cometieron en Cauca, el departamento más afectado. Le siguen Antioquia (22), Nariño (17) y Valle (16). Solo en estos cuatro departamentos se concentra el 55% del total de víctimas del país.
Según Indepaz, Tumaco (Nariño) sigue siendo el municipio con mayor número de asesinatos en contra esta población desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Este año hubo 7 víctimas allí.
Los sectores sociales del liderazgo más afectados son el comunal (50 homicidios), indígena (37), político (29) y campesino (14).
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“En los territorios los líderes, lideresas vienen adelantando distintos procesos por la defensa de la implementación del acuerdo de paz como la sustitución de cultivos de uso ilícito o la restitución de tierras, también son abanderados de procesos políticos de cambio sobre poderes locales, son defensores del ambiente, algunos en oposición a megaproyectos, defienden su territorio ante las dictaduras locales impuestas por actores armados ilegales en sus territorios, entre muchas otras labores de defensa y protección”, explica el informe de Indepaz.
Al menos 44 homicidios de firmantes de paz en 2023
El 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la crisis de seguridad que afrontan los excombatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han venido siendo reiteradamente víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.
Aunque desde 2019 los homicidios contra esta población vienen disminuyendo, sigue siendo extremadamente preocupante su situación, pues este 2023 fueron asesinados 44 ex-FARC (en promedio tres homicidios al mes).
Entre los hallazgos de Indepaz se resalta que este año el departamento del Meta aumentó en cinco asesinatos respecto a 2022 y Huila tuvo un aumento de tres casos. “A pesar de que Cauca pasó de tener 10 asesinatos en 2022 a siete en 2023, sigue siendo el departamento más afectado por este tipo de acciones en el país”, indica el documento.
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Misma cantidad de masacres, pero hubo disminución en víctimas
Tanto en 2022 como en 2023 se cometieron 94 masacres. Sin embargo, este año esos hechos sumaron 40 víctimas menos, pasando de 343 a 303.
En este hecho, las cifra se mantiene casi estable en los últimos cuatro años: 91 en 2020, 95 en 2021, 94 en 2022 y 94 en 2023, lo que muestra la incapacidad del Estado para detener estos delitos.
Los departamentos con más masacres fueron Antioquia (12 casos), Valle (13) y Cauca (9).
“Una de las particularidades de las masacres es que en su mayoría están concentradas en ciudades principales y sus áreas metropolitanas, muchas de ellas como consecuencia de disputas entre actores armados locales por economías como el microtráfico, la extorsión y el control sobre rutas de paso de drogas a centros de distribución más amplios”, explica el reporte anual.
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Aunque no en todas los casos se ha podido obtener la identidad de las víctimas, Indepaz indica que de las 303 víctimas al menos 20 eran menores de edad.
Reducción en el desplazamiento forzado y víctimas de minas
Según el informe, entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2023 se han registrado 167.540 eventos de desplazamiento forzado en Colombia, de los cuales 115.779 se han presentado en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander. En total, los hechos dejaron 167.500 víctimas, un 43% menos que en 2022, cuando fueron 298.783 afectados.
También hubo una reducción en la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, que pasó de 178 casos el año pasado a 86 hasta finales de noviembre de 2023.
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Sin embargo, este es uno de los hechos con mayor subregistro en el país. De hecho, el Observatorio de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) documentó al menos 175 casos solo en este departamento.
¿Cómo darle un giro a la crisis de violencia?
La primera conclusión del informe de Indepaz es que “se hace necesaria la toma de medidas integrales para enfrentar la compleja situación de líderes, lideresas sociales y defensores de DD. HH., entre ello el cumplimiento de los ceses al fuego por parte de los grupos armados con los cuales se ha firmado, esto debe estar acompañado de planes de transformación social por parte del Estado que logren tener un impacto positivo y sostenible en los territorios”.
Para el instituto, en algunas regiones del país los ceses al fuego pactados con los grupos armados, así como las treguas acordadas entre bandas y combos delincuenciales de ciertas ciudades “han sido favorables, permitiendo disminuir los eventos violentos en contra de la población”.
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De otro lado, se recomienda que la política de seguridad de Petro avance “en su enfoque territorial respondiendo a las lógicas locales donde la tercerización ha cobrado fuerza como uno de los patrones en los asesinatos a líderes y defensores de DD. HH. y de firmantes del acuerdo de paz”.
El documento agrega: “Pensar la intervención del Estado desde la geografía de la distancia limita las posibilidades de actuación oportuna teniendo en cuenta que las agresiones se concentran en municipios catalogados como zona rural o zona rural dispersa”.