La política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro cierra el año con un balance positivo, aunque con varias deudas pendientes para el 2024. La apuesta del presidente es muy ambiciosa y abarca entre conversaciones de paz con grupos con estatus político hasta otro tipo de negociaciones con miras a un sometimiento a la justicia de bandas criminales y otras estructuras armadas.
Además, sigue con la incompleta tarea de implementar el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC. Aquí algunos momentos clave.
1. Los decretos de los ceses al fuego
El 2023 tuvo un arranque atropellado tras el decreto del presidente del cese al fuego por seis meses con cinco grupos armados -ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada- en la víspera del Año Nuevo de 2022.
El primer frenazo lo dio el ELN, que dijo que eso no se había discutido en la mesa. Con ese primer anuncio, la idea de tener a todos los grandes grupos armados en cese, se fue diluyendo. Luego otros más se fueron quedando en el camino por falta de protocolos, mecanismos de verificación o por serios incumplimientos que mostraron que no hubo efectos en la disminución de la inseguridad y la violencia en los territorios. Los únicos que cumplieron fueron la disidencia conocida como Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), pero con ninguna eso se tradujo en un espacio de diálogo concreto.
2. El cese al fuego con el ELN
Tras varios meses de discusión en la mesa de diálogos y casi 30 años de negociaciones infructuosas con varios gobiernos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo un histórico acuerdo para iniciar un cese al fuego que empezó en agosto por 180 días.
Durante estos cuatro meses no se han conocido públicamente ninguno de los informes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y solo han llegado a la mesa de diálogos. Varias organizaciones sociales y centros de pensamientos afirman que han existido casos de posibles incumplimientos sin que hasta ahora se pueda hablar oficialmente de ellos. Sin embargo, hubo uno hecho que sí cambió la dinámica de la mesa y puso en duda la voluntad del ELN y el cumplimiento del alto al fuego: el secuestro del padre Luis Díaz por parte de uno de los frentes de esa guerrilla.
Según anunciaron el pasado 17 de diciembre, el cese al fuego tendrá una prórroga, aunque no se conoce de cuánto tiempo. Con el cese al fuego también empezó un fase clave e inédita en un proceso de paz: la participación de la sociedad civil, a través del Comité Nacional de Participación, de donde saldrán propuestas de la gente para la mesa de diálogos.
En contexto: Este es el paso a paso de la participación de la sociedad en diálogos con ELN
3. La instalación de la mesa y el cese al fuego con el Estado Mayor Central
La negociación con el Estado Mayor Central, una de las mayores disidencias de las antiguas FARC ha sido particular.
El cese al fuego con ese grupo, decretado en enero por el presidente Petro solo alcanzó a llegar hasta mayo cuando fue suspendido por el propio mandatario tras el asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo, que previamente habían sido reclutados por el grupo armado. Tomó un par de meses retomar los diálogos y el 8 de octubre se planeó la instalación de la mesa de negociaciones en Tibú.
Pero ese primer intentó falló justamente porque no se ponían de acuerdo con el cese al fuego. El punto de discusión se centró en el decreto del cese, que debía emitir el Gobierno. Distanciándose del acuerdo firmado en la vereda Playa Rica, en Suárez (Cauca), el Gobierno propuso en la última semana un cese al fuego regional y escalonado, comenzando por la zona de Catatumbo, donde está prevista la instalación formal de la mesa. La disidencia, por su parte, insistió en que para instalar la mesa es necesario cumplir con lo acordado: un cese al fuego bilateral, pero de carácter nacional con vigencia de 10 meses.
El evento, que mostró todas las costuras de una negociación, debió aplazarse para la semana siguiente cuando también estuvo a punto de no concretarse nada. Finalmente ese día se anunció un cese al fuego por tres meses que arrancó el 17 de octubre. Ese grupo, al mando de Iván Mordisco, agrupa a unos 3.500 hombres, la mayoría de los cuales no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.
4. Chocó, Valle de Aburrá y Buenaventura, los tres diálogos con bandas
Todo arrancó con Buenaventura, el que fue denominado como el primer “laboratorio de la paz urbano”. Shottas y Espartanos han tenido desde 2020 una de las guerras urbanas más sangrientas del mundo. Incluso negociando la paz, hubo momentos en los que los índices de violencia no reducían. Sin embargo, el intento ha dado sus frutos. Buenaventura ha bajado sus cifras de homicidios y extorsiones y el pasado 3 de noviembre se dio una extensión de la tregua entre ambas bandas hasta el 4 de febrero.
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En el caso de Chocó y el Valle de Aburrá ha habido avances, especialmente en los índices de criminalidad. Ambas mesas se instalaron este año, pero no se ha concretado aún ninguna agenda. Esto, entre otras razones, por la incertidumbre por el futuro de la ley de sometimiento -que no pasó en el Congreso-, que establece las bases jurídicas para que esas estructuras abandonen las actividades criminales, reparen a las víctimas y a cambio reciban beneficios como rebaja de penas o la posibilidad de conservar un porcentaje de su patrimonio. A eso se suma el fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley 2272 o Ley de Paz Total que limitó el poder del presidente y dijo que el sometimiento de bandas debe ser definido por el Congreso.
5. El secuestro del padre de Luis Díaz
El peor revés en los 13 meses de negociaciones entre el Gobierno y el ELN fue el secuestro de Manuel Díaz, padre del futbolista de la sección Luis Díaz. Lo fue por la figura que representa el astro del fútbol, pero también porque se realizó en medio del cese al fuego.
La sociedad le hizo un duro reclamo a ese grupo armado por el plagio que duró 13 días y que llevó a una especie de congelamiento de la mesa. El hecho llevó a replantear algunos aspectos de negociación de la mesa, lo que provocó una tensión entre ambas delegaciones.
Al final, el ciclo de negociaciones se cumplió en México y llevó al anuncio de la suspensión del secuestro con fines extorsivos por parte de ese grupo armado.
6. Ley de Paz Total sí, pero no así: La revisión de la Corte
Hace un año la Corte Constitucional recibió una serie de demandas que pretendían tumbar la Ley 2272 de 2022, el marco legal que el Gobierno Nacional presentó en octubre del año pasado para poner en marcha una de sus principales apuestas: la paz total.
Tras varios meses de discusión, el pasado 3 de diciembre ese alto tribunal le dio el visto bueno a la mayoría de los puntos de la norma y dejó en firme las facultades del Ejecutivo para continuar con las negociaciones o acercamientos con los grupos armados ilegales y bandas criminales. Sin embargo, limitó varias de las funciones y alcances que el Gobierno tenía, y dejó en claro que temas espinosos, como la suspensión de órdenes de captura, el nombramiento de voceros de paz y los términos de sometimiento a la justicia, deben ser definidos por el Congreso o los órganos judiciales.
El punto que más cambió ese el de la desarticulación de las estructuras criminales urbanas. La Corte Constitucional autorizó al Gobierno en avanzar en las mesas de conversación, pero dijo que las condiciones de su sometimiento ya no estarán a discreción del presidente, sino de una ley que debe pasar y expedir el Congreso de la República.
7. ELN y Estado Mayor Central anuncian suspensión del secuestro con fines extorsivos
Petro le dijo adiós al duro 2023 con dos anuncios tan inéditos como importantes: tanto el ELN como el EMC se comprometieron a suspender el secuestro con fines extorsivos.
Con apenas una diferencia de cinco días -el 12 de diciembre lo anunció la disidencia y el 17 el ELN-, el país recibió un regalo de Navidad adelantado que, sin embargo, le significa un duro compromiso tanto al mandatario como a ambos procesos. Los ojos de la sociedad y de la comunidad internacional estarán atentos a que ambos grupos armados cumplan su palabra y respeten los compromisos que se adquirieron en ambas mesas de diálogo.
La noticia es especialmente histórica en el proceso con el ELN, pues es la primera vez en 30 años de procesos de paz con distintos gobiernos que esa guerrilla hace ese compromiso. Además, muestra que, en este quinto ciclo, el pulso de esta negociación lo ganó el Gobierno que le había hecho esa exigencia al ELN tras la crisis que desató el plagio de Díaz. Recientes afirmaciones de Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, dejan entrever algunas fisuras por ese acuerdo al interior de ese grupo armado. Según García el fin de ese tipo de secuestros está condicionado por la entrega de recursos para la financiación del ELN.
En el caso de la disidencia de las FARC es el mayor avance de este ciclo de conversaciones que empezó con el pie izquierdo tras una torpe instalación de la mesa e inicio de un cese al fuego en octubre pasado en Tibú.
8. La implementación el Acuerdo de Paz
El Gobierno de Petro ha dicho que tiene la voluntad de implementar el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC (y también de acelerar esa ejecución), pero los rezagos han continuado.
Hace una semana, el mandatario dijo -por segunda vez- que el Acuerdo de La Habana se iba a incumplir porque no se han resuelto tres grandes problemas. “El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad. En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de la tierra no la sueltan, los tenedores de la tierra tienen poder político y las normas que se han construido alrededor del tema impide una democratización de la posesión de la tierra”, dijo.
Es la segunda vez que el mandatario afirma que el Acuerdo de Paz no podrá implementarse. La primera fue en abril pasado durante el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. En ese momento, Petro dijo que seguía teniendo la voluntad de cumplir el Acuerdo de Paz, pero que el presupuesto actual no alcanzaría para la implementación del pacto logrado con la extinta guerrilla de las FARC ni tampoco para indemnizar a las víctimas del conflicto armado.
“Yo me pregunto, ¿se firmó ese Acuerdo con la intención de aplicarlo o con la intención de desarmar a las FARC y después, a la colombiana, refundir todas las cosas? “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, indicó en su momento.
A eso se suma el informe preliminar que dio hace unas semanas la experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz.
Dichas observaciones, que serán presentadas con mayores detalles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo del próximo año, incluyen desde lo ocurrido en el caso de entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza en la Jurisdicción Especial para la Paz hasta la perpetuación de la violencia en los territorios y el fortalecimiento de los distintos grupos armados tras la firma de 2016.
Entre los obstáculos encontrados están la inestabilidad jurídica de los firmantes, a necesidad de una alta entidad que coordine la implementación del Acuerdo de Paz -Petro cambiar a la alta Consejería para la Estabilización por la Unidad para la Implementación- y el recrudecimiento de la violencia.
